CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Falta de servicio del Estado, así resumen los ahorrantes de Financoop lo ocurrido con la cooperativa, según expuso su representante, Arturo Castillo, en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

La instancia legal, que está encargada de recabar antecedentes respecto de la forma en que el Ministerio de Economía ha cumplido su labor de fiscalización de las cooperativas existentes en el país, recibió a Castillo, quien manifestó que la autoridad, sin contar con información acabada, tomó una vía de acción que se puede calificar de impulsiva y ausente de criterio.

El representante de los afectados agregó que la autoridad no tomó ninguno de los pasos previos que le entrega la ley para advertir irregularidades y evitar llegar a la supuesta insolvencia.

“Nos oponemos a la disolución, porque disolver una cooperativa cuyo principal activo es el dinero de los ahorrantes, significa que no hay nada más para liquidar y, por lo tanto, lo único que puede asegurar la recuperación de nuestros haberes es que la cooperativa siga funcionando y además puede seguir funcionando porque las falencias que pudiera tener son todas de una entidad subsanable”, sostuvo.

Añadió que “no estamos ante una situación en que la compañía en la que tenemos nuestros ahorros estuviera con falencias de pago, estuviera con morosidades (…) tiene un problema financiero como pueden tener muchas compañías (...) yo he dirigido compañías con problemas financieros y las he sacado adelante (…) y esta es una compañía que es viable y que además la autoridad no fiscalizó oportunamente y que se enteró de la situación gracias precisamente a la propia cooperativa”, aseguró.

De acuerdo a la exposición de Castillo, la autoridad no cumplió con sus deberes de manera tal de salvaguardar la fe pública, repitiendo lo que se ha visto en varios casos de la industria financiera: actuar sobre hechos consumados, planteó.

Su tardía actuación, explicó, no es comparable con la de entidades ilegales o ficticias, aquí había un deber de fiscalización y herramientas para hacerlo oportuna y adecuadamente, sobre una entidad legal y bajo su clara jurisdicción.


En este punto, argumentó que “las propias declaraciones de la autoridad señalan que desconocen cuál es el daño patrimonial real y desconociendo el daño patrimonial toman una medida de esta gravedad sin haber pasado jamás una multa, sin haber cursado jamás una instrucción, sin haber cursado jamás nada que diera cuenta ni hubieran advertido al público, como los obliga la ley, para salvaguardar la fe pública. Por eso, esperamos que en definitiva la autoridad, con la cual hemos conversado, hemos conversado con el señor ministro y me ha dicho a mí personalmente que estima que la liquidación no es una buena salida para la cooperativa”, sostuvo.

Tanto Castillo como el presidente de la Comisión Investigadora, diputado Jaime Bellolio (UDI), lamentaron la ausencia del Ministro de Economía a la instancia legislativa.

El parlamentario dijo que se espera la presencia de otros socios perjudicados, pero además se encuentran esperando lo que el Ministerio de Economía tenga que decir en este caso.

“En primer lugar, lamento que no haya venido el Ministerio de Economía y las distintas personas que tienen que ver con las cooperativas. La verdad es que nosotros movimos la sesión para que pudieran venir y con muy poca anticipación dijeron que no podían”.

Agregó que “una de las razones por las que postergamos es porque el propio ministerio nos pidió esa semana, porque estaban llegando supuestamente a un acuerdo con la cooperativa y nosotros queremos saber cuáles son esos acuerdos, en base a qué, porque precisamente lo que nosotros conocimos cuando vino a presentar la subsecretaria es que bajo la excusa de querer proteger a los ahorrantes la mejor manera era disolver la cooperativa y eso nos llama la atención y a los ahorrantes también les llama poderosamente la atención, que sin haber hecho ninguna sanción previa, lo primero fueron las medidas precautorias y luego pedir la disolución. Obviamente, para quienes están ahorrando, eso es muy grave porque pueden perder absolutamente todos sus fondos”, subrayó.

En su exposición, los ahorrantes señalaron que la autoridad no les ha mostrado ningún estudio económico que demuestre que la disolución asegura mayores retornos y mejores flujos que una reorganización que permita mantener el giro, bajo el control de una junta de vigilancia y, en el mediano plazo, subsanar los problemas que efectivamente haya, tal como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de La Polar.