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Inician discusión de proyecto que crea credito estatal para la educación superior

Publicado el 08 de marzo del 2018

La iniciativa, que se encuentra en trámite en la Comisión de Educación, propone la creación un sistema de crédito otorgado y administrado por el Estado, eliminando el Crédito con Aval del Estado (CAE) como forma de financiamiento para la educación superior y dejando sin participación en el proceso a la banca.

El Ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, junto a la Ministra de Educación, Adriana Delpiano, fueron los encargados de presentar ante la Comisión de Educación el proyecto de ley que crea el Crédito Estatal para la Educación superior (boletín 11616), en primer trámite constitucional.

Según consigna el texto legal, la alternativa que presenta este proyecto es un crédito de provisión estatal, con condiciones de pago acordes con el nivel de ingreso de los deudores. Además, incorpora mecanismos que desincentiven el aumento excesivo de aranceles y financia la totalidad de su costo, evitando que los estudiantes deban recurrir a la banca privada para financiar la brecha entre el arancel cubierto por el crédito estatal y el arancel efectivo.

Del mismo modo, el proyecto establece nuevas obligaciones y mayores exigencias de calidad para las instituciones de educación superior que adscriban al sistema, que estará disponible para universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales que cuenten con acreditación avanzada o de excelencia. La nueva normativa también contempla la creación de una institucionalidad pública capaz de administrar de manera adecuada y eficiente dicho crédito.

El presidente de la Comisión de Educación, diputado Rodrigo González (PPD), valoró el proyecto, recalcando que, a pesar de que tiene muchos puntos que mejorar, es muy importante que ya esté presentado, porque deja en mejor postura a los estudiantes que solo pueden financiar sus estudios con el Crédito con Aval del Estado.

“Es importante que tengamos proyecto (…) el proyecto está ingresado y es mucho mejor que el actual crédito y que el anterior proyecto que presentó el Presidente Sebastián Piñera respecto del CAE, porque le da condiciones mucho más favorables a los estudiantes, especialmente a aquellos de bajos ingresos. Para los dos primeros quintiles la deuda a los 10 años se va a extinguir. Además, se abre una discusión aceleradamente para dar respuesta a un porcentaje muy elevado de jóvenes que no tienen posibilidad ninguna de financiamiento de sus carreras asegurando su derecho estudiar si no cuentan con gratuidad”, señaló el diputado.

El contenido del proyecto considera los siguientes puntos, entre otros varios:

a) Condiciones del Crédito: Financiará los estudios de pregrado en instituciones de educación que cumplan los requisitos de la ley. Cubrirá la totalidad del arancel y no tendrá tasa de interés mientras el estudiante se encuentre matriculado en una institución de educación superior. Se hará exigible 18 meses contados desde el egreso, o desde que se produce deserción académica por dos años consecutivos por parte del estudiante.

b) Pago de crédito: Una vez que la deuda sea exigible, el crédito se calculará y cobrará considerando en base a las rentas efectivas y contempla un periodo de pago de 10 años. También se considera un tramo exento de pago en vista de la capacidad económica del deudor. En caso del trabajador dependiente, el empleador tendrá la obligación de retener y enterar el monto adeudado.

c) Adhesión y otorgamiento del crédito: Estará disponible para universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica que cuenten con acreditación institucional avanzada o de excelencia. Además, se requiere ser chileno, extranjero con permanencia definitiva, o extranjero con residencia que haya cursado la enseñanza media completa en Chile y no poseer algún grado de licenciatura o título profesional previo, permitiéndose únicamente la continuidad entre técnicos de nivel superior a profesionales.

d) Servicio Ingresa: Finalmente, el proyecto de ley crea el Servicio Ingresa, un servicio público funcionalmente descentralizado, de carácter técnico, que estará sometido a la supervigilancia de la Presidenta o el Presidente de la República, a través del Ministerio de Educación.