El objetivo de este proyecto de ley es otorgar un aporte único destinado a reparar pecuniariamente el daño causado a las víctimas de prisión política y tortura y sus familiares, ante las violaciones a sus derechos humanos durante el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Sin embargo, el Ejecutivo comunicó vía oficio el retiro del proyecto de su tramitación legislativa.
En su última jornada de trabajo, la Comisión de DD.HH. de la Cámara aprobó el proyecto (boletín 11619) destinado a reparar pecuniariamente el daño causado a las víctimas de prisión política y tortura y sus familiares, ante las violaciones a sus derechos humanos, durante el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
La iniciativa, sin embargo, fue retirada del trámite legislativo, según comunicó hoy vía oficio el Ejecutivo. La medida, viene a confirmar lo planteado previamente por autoridades, en orden que el monto no está contemplado en el estudio de planificación presupuestaria del Gobierno.
"Se trata de un proyecto que entró al final de la administración anterior, sin los recursos previstos para enfrentar el gasto que depara y que, para avanzar, se debe realizar un estudio, una evaluación de la capacidad que tiene el país hoy día para hacerse cargo de esta responsabilidad”, especificó ayer en la tarde el Ministro de Justicia, Hernán Larraín.
Tras la aprobación del texto legal y consultada por este tema, la presidenta de la Comisión, Carmen Hertz (PC), desestimó que no existan los recursos para concretar la iniciativa que da este aporte a los presos políticos mayores de 70 años.
La diputada, que se inhabilito de votar en este proyecto, por el caso de su marido Manuel Riesco, en su calidad de expreso político, dijo que se necesita de voluntad política y reiteró su rechazo al argumento del Gobierno sobre falta de recursos.
Para el diputado Diego Schalper (RN), se trató de una votación precipitada e irresponsable, pues a su juicio surgieron dos dudas: primero con respecto a la inhabilidad de ciertos parlamentarios, ya que la ley del Congreso establece esta posibilidad frente al conflicto de interés. Segundo, la solicitud de un registro en el Poder Judicial, para evitar lo ocurrido con los falsos exonerados. Solicitud que fue declarada inadmisible.
Por su parte, Nelson Agustin Aramburu, Coordinador del Comando Unitario de Expresos Políticos y Familiares, dijo que hay una política monetarista en términos de reparación que no es un tema que estén pidiendo. "No se trata de una gracia del Gobierno de enviar este tipo de proyecto, sino que tiene que ver con las obligaciones internacionales por acuerdos, convenciones, tratados que obligan a los Estados a reparara a las víctimas sobrevivientes como a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados”, remarcó.
En este contexto lamentó que el proyecto haya sido presentado tarde, por la anterior administración, y la visión monetarista de la reparación que tienen algunas autoridades actuales. En este sentido, dijo que el Estado de Chile debe asume la deuda histórica que tiene con las víctimas sobrevivientes.
El proyecto, tal como fue despachado de la Comisión, otorga un aporte único que consiste en la entrega de una suma de dinero equivalente a un total de $3.000.000 (tres millones de pesos) a quienes sean titulares de conformidad a la ley, pagada en dos o tres cuotas anuales y sucesivas, con montos diferenciados según la edad de las personassegún tuvieren 70 años o más cumplidos; entre 65 y 69 años cumplidos; y 64 o menos años cumplidos.
Además, el 60% del valor de este aporte único también será entregado a las cónyuges sobrevivientes de las víctimas de prisión política y tortura calificadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.
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