En el marco de las audiencias por el proyecto que establece una reserva de suelo urbano destinado a viviendas sociales, los alcaldes de Valparaíso Jorge Sharp; de Recoleta, Daniel Jadue ; y de Independencia, Gonzalo Durán, plantearon que se deben dar mayores atribuciones a los gobiernos locales en materia de gestión de viviendas, ello tomando en cuenta la diversidad de cada territorio.
Diversas comunas han generado propuestas de integración de viviendas sociales en el último tiempo, como Recoleta, donde se implementó la inmobiliaria popular con el objetivo de construir un edificio para arriendo de familias vulnerables, y lo planteado en Las Condes, donde se planifica construir viviendas sociales en la rotonda Atenas, tema que ha generado debate y discusión en la sociedad.
En la Comisión de Vivienda, alcaldes dieron su opinión sobre la moción presentada en 2006, que propone que en urbanizaciones, se establezca una reserva de entre un 20 y 30 % de suelo urbano destinadas a viviendas de bajo valor (boletín 4365). Si bien consideran que la iniciativa presenta una buena intención, señalaron que es insuficiente.
El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, considera al texto como un incentivo perverso de seguir extendiéndose el crecimiento horizontal de las ciudades. “Un artículo que sólo vendría a alterar la incorporación de nuevo suelo urbano a la ciudad, lo que a mí me parece un incentivo perverso, teniendo un peri centro completo de muy baja altura que podríamos densificar para verdaderamente lograr integración. Y no lo que se propone, que además vendría a ser un incentivo para seguir extendiendo y expandiendo en horizontal la ciudad con todos los problemas que esto genera, de contaminación, de tiempos de viaje y de salud, entre otros”, consideró.
El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, que además preside la Comisión de Vivienda de la Asociación Chilena de Municipalidades, también se refirió a comunas con excesivo valor del suelo, donde proyectos privados debieran considerar terrenos para vivienda social.
“Dada esta situación, es que surge esta iniciativa que lo que busca es que, si en condiciones normales no es posible la construcción de vivienda social por el valor del suelo, al desarrollarse un nuevo proyecto privado, se considere un porcentaje de terrero o del total de la densificación para el desarrollo de viviendas sociales", sostuvo.
El edil estimó “que esto va a permitir revertir la situación actual de déficit gravísimo de vivienda social por allegamiento, por demanda de nueva población, por el fenómeno migratorio, que va a generar nuevas políticas”.
Para el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se debe entregar por ley a los municipios la facultad de crear corporaciones de vivienda, ya que los gobiernos locales son los que realmente conocen el respectivo déficit, que por ejemplo, en el puerto alcanza a 10 mil familias sin techo.
“Nuestra propuesta es que la ley faculte a las municipalidades a crear Corvis o Corporaciones de Vivienda con amplias facultadas, que vayan desde la posibilidad de crear empresas en materia de construcción; o la posibilidad, por las dos terceras partes del acuerdo del Concejo Municipal, de expropiar terrenos, poder tener recursos para desarrollar todo tipo de iniciativas y, además, flexibilizar la posibilidad de realizar alianzas públicas o alianzas público-privadas para resolver el déficit de vivienda que tenemos en todo Chile que, en particular en el caso de Valparaíso, es bastante dramático”, recalcó.
El presidente de la Comisión de Vivienda, diputado Carlos Abel Jarpa (PR), valoró la propuesta planteada por el alcalde de Valparaíso, de dar más atribuciones a los municipios. También estuvo de acuerdo en dar más celeridad a los cambios de los planes reguladores.
En tanto, el legislador Gonzalo Winter (IND) recalcó que la gran industria inmobiliaria tiene que hacerse parte de la construcción de una ciudad democrática e integrada, donde no existan guetos y aumento de campamentos por otro lado. Agregó que otra solución está en terrenos que son de propiedad del Estado , pero que no corresponde a Bienes Nacionales.
"Es decir, de los hospitales, del Ejército, etc., tienen que pasar a Bienes Nacionales para disponer de ellos democráticamente. Si un hospital quiere hacer una ampliación y democráticamente consideramos que lo que necesitamos es un hospital más grande, lo hacemos. Pero hacer negocio inmobiliario no está en el giro ni de un hospital, que nos tiene que entregar salud; ni del Ejército, que nos tiene que entregar seguridad; ni de una universidad, que nos tiene que entregar educación”, enfatizó.
Por su parte, el parlamentario Osvaldo Urrutia (UDI) consideró que no se trata de un buen proyecto, porque generará más segregación. “Ahora, lo que queremos incorporar es agregar más territorio, de cargo y como un gravamen adicional, como un impuesto, a que los privados vuelvan a ceder un terreno para que esta vez se destine a vivienda social", acotó.
Precisó luego que el problema es que "el proyecto no se hace cargo de quién va a construir esa vivienda social, cuándo lo va hacer. Lo que va a significar, como ya ha ocurrido, que van a quedar muchos terrenos botados atomizados por toda la ciudad. Y eso me parece que no va a lograr el objetivo, pero va a generar otro tipo de problema. Y, por último, si se lograra hacer esas viviendas, es quién va a pagar por ellas”.
En el marco del análisis de esta iniciativa la Comisión también ha recibido, en semanas anteriores, a diversas organizaciones de vivienda y de pobladores.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS