En 2007 se estableció el acceso gratuito y universal al segundo nivel de transición. Sin embargo, no se había normado la forma en que esto se implementaría ni el gasto asociado. Este proyecto se hace cargo de regular esta disposición.
Desde 1999 que la Constitución señala la obligatoriedad del Estado de garantizar el acceso a la educación parvularia. En 2003, se reconoce como un nivel educativo y cuatro años más tarde se establece el acceso gratuito y universal al segundo nivel de transición, conocido como kínder.
Así se describe en el proyecto presentado por el gobierno (boletín 12118) la política del Estado que, por años, a intentado fortalecer este nivel de enseñanza. El mensaje presentado por el gobierno hace un mes -y que la Comisión de Educación aprobó y despachó- viene a regular la implementación de la obligatoriedad de que niños y niñas acudan al kínder.
Sin embargo, la idea de la propuesta no es escolarizar tempranamente a niños y niñas. Por lo mismo, se estableció en la norma, a través de una indicación, que “lo que se privilegie en la forma de enseñanza sea a través del juego y las diversas formas en que se aprende a esa edad”, explicó el diputado Jaime Bellolio (UDI), “y no a través de la forma rígida y estructurada que ya no aguanta mucho más en los colegios”, agregó.
La norma también establece la obligatoriedad del Estado de entregar a todos los niños y niñas la posibilidad de realizar el segundo nivel de transición de educación parvularia y garantiza, además, que no puede evaluarse con pruebas haber cursado el kínder.
“Aquí no se trata que los niños y niñas den una prueba escrita o den pruebas de estudio. Sino que dejamos claro que deben ser niveles de aprendizaje en esta etapa”, explicó la presidenta de esta comisión, diputada Cristina Girardi (PPD).
De acuerdo a lo señalado en el proyecto, se calcula que son cerca de 6 mil niños y niñas quienes ingresarían a este nivel de educación anualmente. Lo que significa un costo cercano a los 140 mil pesos mensuales por cada uno, por concepto de subvenciones y alimentación escolar.
La nueva norma también implica un mayor gasto para el Estado por la necesidad de aumentar el número de educadores, lo que tendría un costo cercano a los 444 millones de pesos. A esto se suman los gastos por aumento en infraestructuras que rondarían los 1.182 millones de pesos.
Para analizar estos datos sobre el costo de la nueva norma, es que el proyecto será analizado por la Comisión de Hacienda, antes de ser debatido en la Sala.
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