La propuesta, enviada a consideración de la Comisión de Hacienda, busca masificar el uso de la firma electrónica introducida en 2002 y perfeccionada luego en 2007.
Masificar el uso de la firma electrónica avanzada, introducida en 2002 con la Ley 19.799 y perfeccionada en 2007; reforzar su marco legal y fortalecer el sistema de confianza en torno a este mecanismo son los objetivos del proyecto que actualiza la regulación en esta materia (boletín 8466) que fuera aprobado ayer por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
La propuesta, despachada a la Comisión de Hacienda, ingresó originalmente en julio de 2012 y, tras un estancamiento durante la administración de Michelle Bachelet, el actual gobierno de Sebastián Piñera lo retomó incorporando perfeccionamientos acordes a los actuales tiempos y a la tecnología vigente.
Las indicaciones planteadas por el Ejecutivo y aprobadas por la Comisión pasan por facultar al Ministerio Secretaría General de la Presidencia a elaborar un reglamento que especifique casos en que se usará la firma electrónica avanzada en la administración del Estado. Asimismo, le entrega atribuciones a dicha cartera para extender certificados en este ámbito y se le asigna la tarea de elaborar decretos que regulen procedimientos de certificación de funcionarios y autoridades de la Administración del Estado.
Además, se promueve la creación de un repositorio de acceso público a certificados y la aceptación de “otras formas de comparecencia no presenciales”, para efectos de comparecer ante notario u oficial del registro civil.
Asimismo, se establece que el término de vigencia de un certificado será inoponible a terceros mientras no conste en el correspondiente registro de acceso público y se determina que un plazo de 90 días, contados desde la publicación de la ley, para la emisión del reglamento correspondiente.
El proyecto, en concreto, aborda siete áreas de acción:
1. Incorporación de nuevos principios y definiciones.
2. Ampliación del ámbito de acción de la Ley 19.799, que aborda esta materia.
3. Perfeccionar el uso de la firma electrónica avanzada en órganos públicos.
4. Incorporación de sellado de tiempo al certificado.
5. Otorgar certeza a la vigencia del certificado.
6. Refuerza rol fiscalizador y técnico de la Entidad Acreditadora.
7. Refuerza los derechos y deberes de usuarios e incorpora sanciones.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS