Ante los diputados de la Comisión de Hacienda, el titular de Defensa informó también sobre 15 medidas que se están impulsando administrativamente y que buscan restar discrecionalidad en el tema de los gastos institucionales, así como el mal uso de los recursos públicos.
Con la participación del ministro de Defensa, Alberto Espina, y de los subsecretarios para las FFAA y de Hacienda, Juan Francisco Galli y Francisco Moreno, respectivamente, la Comisión de Hacienda de la Cámara continuó analizando el proyecto que regula la asignación de gastos reservados en el sector público (boletín 12332).
El secretario de Estado explicó que los gastos reservados son aquellos egresos que permiten a ciertos ministerios y entidades dar cumplimiento de sus tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa y el orden público del país, así como las funciones inherentes a la jefatura de Estado y que, por su naturaleza, requieran de reserva o secreto.
Junto con describir las entidades que seguirán contando con esta garantía, relató los puntos centrales de la propuesta legal, que pasa por establecer la obligación para los organismos de identificar las unidades operativas que requerirán de esta facultad; y rendición de cuentas, una semestral a nivel ministerial y otra anual al contralor general de la República. Esta última será realizada por los jefes de las citadas unidades en forma secreta y genérica, considerando una desagregación por rubros y una declaración jurada de uso legal de los recursos.
Además, se derogarán las normas hoy vigentes que definen la asignación de montos mínimos para la determinación presupuestaria de los gastos reservados, permitiendo su determinación por la vía de una propuesta del Ejecutivo (Ley de Presupuestos) que deberá aprobar o rechazar el Congreso.
En la oportunidad, el ministro Espina también informó sobre 15 medidas que se están implementando en el ámbito de la Defensa, que incluyen la presente propuesta.
Entre las medidas se contempla el nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa, un control civil en la rendición de cuentas de los gastos reservados, la creación de un registro único de proveedores y la definición de reglamentos sobre pasajes y fletes.
El Subsecretario Galli explicó que esto se engloba dentro de la agenda de probidad y transparencia que impulsa la cartera de Defensa y que se anunció en noviembre de 2018.
"Incorpora las lecciones aprendidas de muchas de las irregularidades o de las faltas a la probidad que se han detectado en el último tiempo y concreta lo que hicimos al iniciar la gestión del actual Gobierno, cuando suscribimos con la Contraloría General de la República un convenio que daba cuenta de todas las auditorías que se habían hecho en el sector Defensa y las modificaciones que era necesario hacer", precisó.
Reacciones parlamentarias
Los legisladores del oficialismo apoyaron los cambios promovidos, tanto legislativa como administrativamente, y estimaron que van en la línea correcta.
Para el diputado Guillermo Ramírez (UDI), una de las medidas más importantes es la derogación de la Ley Reservada del Cobre.
"No tiene ningún sentido que las FFAA se financien de una manera distinta al resto del Estado y que, finalmente, haya una cierta opacidad o haya también una cierta inquietud para saber cuáles serán los ingresos que tendrán las FFAA. Mejor que se haga en el Parlamento, de manera transparente", planteó.
Estimó que otra medida relevante es que, "por fin, va a haber un control civil de los gastos", no solamente de los gastos reservados de las FFAA, sino de todas las entidades que gozan de esta facultad.
En la oposición, en tanto, hubo opiniones disímiles, algunas a favor de avanzar, pero realizando los necesarios perfeccionamientos a la ley, mientras otras decididamente en contra de la propuesta.
En el primer grupo se encuentra el diputado Pepe Auth (IND), quien dijo que le gustaría que el proyecto acotara los gastos reservados a los temas de seguridad interior y exterior del Estado, de manera que nadie pudiera justificar como reservados un gasto para la organización de un evento, una cena, un regalo, desarrollo de infraestructura. "Todos esos son gastos que deben ser declarados con detalle", sentenció.
Otro punto que estimó relevante en esta tema es quién ejerce el control. "A mí me parece que debiera operar, como ocurre en Estados Unidos, en Francia y en otros países, una comisión especial del Parlamento que funciona bajo secreto, que supervisa y ante la cual los organismos deben dar cuenta del uso de esos gastos reservados", planteó.
En el otro grupo está el presidente de la Comisión, diputado Pablo Lorenzini, quien criticó que el proyecto de ley viene con un artículo que dice que el jefe administrativo de cada institución que presenta gastos reservados va a informar de manera oral y resumidamente al contralor de la República, en secreto
"Es un chiste. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué le tienen miedo? Lo hemos visto ahora con los casos en los últimos meses, entonces, ¿por qué no se puede saber, aunque sea en secreto? Al mismo contralor, por escrito, con documentación de respaldo y que él pueda venir al Congreso cuando tenga dudas. O para eso está el Congreso, que aprobamos los recursos, en sesión secreta si quieren", enfatizó.
El legislador informó que la Comisión continuará analizando la propuesta en las siguientes sesiones, contemplándose invitar a los ministros de las carteras que gozan del beneficio de los gastos reservados que aún no han expuesto, así como al contralor general de la República.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS