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Sigue análisis en comisión por fin a prescripción de delitos sexuales contra menores

Publicado el 29 de abril del 2019

En el marco de la discusión en particular de la iniciativa, los/as legisladores/as de Constitución recibieron la opinión de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales Eclesiásticos, de la Defensoría de la Niñez y de académicos.

Diversas opiniones sobre la moción que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores (boletín 6956), recogió la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

La Defensora (S) de la Niñez, María Luisa Montenegro, respaldó la iniciativa que se encuentra en segundo trámite, ya que los niños, niñas y adolescentes denuncian los abusos muchos años después.

"La imprescriptibilidad de delitos sexuales es una forma también de protección a las víctimas, ya que las víctimas no siempre tienen la posibilidad denunciar en el mismo momento y, muchas veces, están imposibilitadas por las mismas personas que lo rodean o la misma circunstancia de ser niño", explicó.

Recordó que los niños son una población vulnerable ante la justicia, reconocido por entes internacionales como el Comité de los Derechos del Niño que recomienda que los delitos sexuales contra niños sean imprescriptibles y que la reparación de los niños no sea solo monetaria, como se puede dejar ver en el proyecto, sino que esa reparación tiene que ser integral, con una protección real de los derechos de los niños que fueron víctimas y la adecuada restitución de sus derechos.

Además, planteó incluir en el catálogo de delitos considerados en esta propuesta, la violación con homicidio, ya que la muerte de un niño puede ser descubierta muchos años después, y la comercialización de material pornográfico infantil.

Red de sobrevivientes de abusos sexuales eclesiásticos

Helmut Kramer, en representación de la red de sobrevivientes de abusos sexuales eclesiásticos, señaló que están de acuerdo con el proyecto, pero proponen que sea con efecto retroactivo.

Asimismo, consideró que la iniciativa reconoce y a respeta el proceso interno que enfrentan las víctimas y que demora años, como ocurrió en su caso personal.

"En mi caso fueron 35 años en poder hacerlo público y en poder denunciarlo. De a poco lo había comenzado a hablar con personas muy puntuales en el ámbito más íntimo, pero el poder pararse, reconocer que uno ha sido víctima, que uno ha sobrevivido a un abuso sexual, no es fácil", sentenció.

Dijo que hay que tomar en cuenta que, por cada persona que denuncia, hay diez detrás que nunca lo van a hacen, por la presión social, por no querer asumirse, por muchos miedos. Y en el caso del abuso sexual eclesiástico, la cifra negra cambia de uno a veinte", expresó.

Posteriormente, expuso el asesor legislativo Leonardo Stráde-Brancoli, quien se refirió a aspectos constitucionales para imponer la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores y su aplicación retroactiva. Luego, el académico Enrique Aldunate dijo no compartir la imprescriptibilidad en este tipo de delitos, ya que ella se aplica, por ejemplo, a los crímenes de lesa humanidad.

El diputado del Frente Amplio Gabriel Boric no compartió esta apreciación, enfatizando que es posible aplicar el fin de la prescripción a estos delitos contra menores, como los que fueron cometidos por integrantes de la iglesia.

"Estamos ante una situación que ha sido reiterada, permanente en el tiempo, concertada, encubierta y, por lo tanto, también reviste características de planificación", enfatizó.

Citó que, en Australia por ejemplo, se han establecido comisiones de verdad y justicia para tratar estos casos. "El tema es que no son agentes estatales que los cometen. La comparación no me parece afortunada y creo que perfectamente se puede dar un tratamiento especial a los delitos de abuso sexual contra menores de edad", consideró.

El proyecto -que considera los delitos de violación, abusos sexuales, estupro, prostitución de menores y pornografía infantil- deroga un artículo del Código Penal que señala que el plazo de prescripción de la acción penal empezará a correr para el menor de edad que haya sido víctima, al momento que cumpla 18 años.