Teniendo en cuenta el considerable número de proyectos que apunta a resolver la situación de este tipo de medidores, la Comisión de Minería y Energía recogió la opinión de varios expertos sobre lo que sería mejor para el país en esta materia.
Doce fueron aproximadamente los proyectos de ley que se presentaron con el fin de regular la situación de los llamados medidores inteligentes. Un grupo de estos serán refundidos para avanzar sobre la temática en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara.
Las diversas propuesta legales se presentaron en el contexto de los cuestionamientos surgidos luego que la Comisión Nacional de Energía (CNE) determinara cambiar los actuales medidores de luz a un prototipo de aparato "inteligente", que registrarían el consumo de energía con mayor precisión.
Desde el punto de vista de Humberto Verdejo, director del Departamento de Ingeniera eléctrica de la Universidad de Santiago, la actual norma no debe ser suspendida.
“La propuesta es que la norma técnica que dio origen a la medición inteligente no debe ser suspendida. De hecho, hay que dar cumplimiento de aquí al año 2025 con el recambio de medidores a fin de poder asegurar mejorar la calidad de suministro del cliente”, planteó.
De esta manera proponen que el cobro de los medidores se suspenda hasta que la masificación de la tecnología sea completa y, en el intertanto, realizar una modificación regulatoria a fin de bajar la rentabilidad de las empresas, pero también darle más realidad al contexto actual de un mecanismo en que se tarifica la distribución.
Cristian Vargas, gerente de Geinsec Ingeneria e instalador autorizado por la SEC, precisó que es importante remediar los errores cometidos.
“Uno es el tema de la ley que fija la propiedad de los empalmes y de los medidores y que tiene que volver a foja cero porque se está eliminando un mercado que es altamente competitivo, que es el de los empalmes, y se deja a cargo de las empresas distribuidoras. Eso es eliminar un importante nexo de empleos”, enfatizó.
El especialista explicó que con respecto a la norma técnica que se refiere a los medidores inteligentes fue tranquilizador escuchar al superintendente señalar que hay anexos técnicos que están en tramitación. Lamentablemente, dijo que, por el apuro con que el cual se sacó la ley, al final “se puso la carreta delante de los bueyes y ya hay medidores instalados sin que se hayan revisado con el nuevo anexo técnico que se está preparando”.
Lo relevante ahora, subrayó, es remediar todos los errores cometidos y, ojalá, con la presencia de los instaladores autorizados, poder sacar una buena ley.
Parlamentarios y Conadecus
En este escenario, el diputado Esteban Velásquez (FRVS) es partidario de derogar la ley.
“La verdad es que cualquier fórmula que no sea derogar es mantener el mismo proceso. No obstante, este debate nos ha permitido revisar lo que ha implicado la privatización de este sistema eléctrico. Tenemos que revisar en profundidad cuáles son las condiciones en que el Estado de Chile le está entregando a empresas privadas el suministro de energía eléctrica y nos vamos a dar cuenta que las ganancias han sido increíbles”, puntualizó.
Por su parte, el diputado Pablo Vidal (RD) plantea postergar el cambio de los medidores eléctricos o bien rebajar las tarifas.
“Por un lado, hay gente que propone derogar la ley 21.076. Yo creo que eso ayuda a demostrarle a la gente que este Congreso es capaz de retrotraer algunas decisiones, si es que se han considerado un error, pero no soluciona el problema del cobro. El cobro fue definido en una tarifa que determina la Comisión Nacional de Energía”, explicó.
Según su opinión, la única solución posible para los efectos que esto generó en la ciudadanía es rebajar la tarifa eléctrica; es generar un nuevo cálculo que permita una tarifa eléctrica más baja para que las personas puedan ver compensados los efectos de la decisión que se tomó en su momento.
En tanto, la exposición de la Conadecus calificó como un retroceso que la Ley 21.076 haya convertido un segmento competitivo del mercado como los medidores y empalmes en un monopolio de las distribuidoras.
A su juicio, el cambio forzado equivale a una expropiación a los usuarios, reñida con las disposiciones fundamentales de la constitución. En este sentido, indicaron que no se oponen a la instalación de medidores inteligentes, pero sostuvieron que la decisión debiera corresponder a los usuarios y no ser impuesta por ley.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS