Ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, explicó las razones de la misiva que manifiesta una serie de inquietudes respecto del sistema regional de protección del organismo. La autoridad ya había concurrido en similares términos ante la Comisión de Relaciones Exteriores.
Replicando lo hecho ante la comisión de Relaciones Exteriores, pero poniendo esta vez el énfasis en los fundamentos jurídicos, el Gobierno explicó ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, las razones de la carta en la que manifiesta sus inquietudes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el funcionamiento del sistema regional de protección del organismo.
Fue el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien detalló las motivaciones que llevaron a los representantes permanentes de Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, a enviar esta misiva, que releva “el razonable margen de autonomía que deben tener los Estados para resolver acerca de las formas más adecuadas de asegurar sus derechos y garantías”.
En la ocasión, el secretario de Estado destacó la importancia del principio de subsidariedad como base de la distribución de competencias del sistema interamericano.
“Dicho principio exige que, tanto los Estados como los órganos del sistema, asuman sus propias responsabilidades en la promoción y protección de derechos en la región, sin invadir las esferas de competencia de cada uno”, precisa el documento.
Sin embargo, la presidenta de la Comisión, diputada Emilia Nuyado (PS), criticó el argumento esgrimido por el secretario de Estado sobre la prevalencia de los tribunales internos, considerando que la Corte Internacional “fija un estándar que debe ser respetado".
"Por lo tanto, los países no deben someter a crítica los diversos informes o cuestionamientos que se han hecho de acuerdo a las actuaciones que han tenido los Estados en materia de derechos humanos”, planteó.
Por su parte, el diputado Andrés Molina (EVO) dijo que el propósito de la carta es mejorar el funcionamiento del organismo que hoy recibe una sobrecarga innecesaria de causas, que debieran ser revisadas solo por la jurisprudencia interna.
Cabe recordar que, según informó la Cancillería mediante un comunicado (al justificar el envío de la misiva), “sin desconocer los logros obtenidos por el sistema a lo largo de sus años de existencia, y reafirmando su compromiso con el texto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la declaración respetuosamente propone tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana la adopción de ciertas acciones que permitirán mejorar el funcionamiento de aquel de cara a los desafíos del siglo XXI”.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS