En la sesión, también se escuchó al Instituto de Salud Pública, que entregó las últimas cifras en torno a la prevalencia y estimación de incidencia del VIH-Sida en el país. Además, participaron el director de Acción Gay y el infectólogo Mario Calvo.
Por casi cuatro horas se extendió el trabajo de la comisión que investiga las responsabilidades del Ministerio de Salud en la crisis por tratamiento del VIH-Sida, entre 2010 y 2018.
Para esta sesión había sido citada por segunda vez la ministra de Educación, Marcela Cubillos, con el objetivo de informar sobre cómo esta cartera ha abordado la necesidad de implementar planes de formación sobre el tema. Sin embrago, nuevamente no concurrió, por lo que se acordó volver a citarla y, de no concurrir a la nueva cita, se entregarán los antecedentes a la Contraloría, por no cumplir con su obligación de participar.
Cifras del Ministerio de Salud e ISP
En la sesión, la jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud, Johanna Acevedo, junto a María Judith Mora, directora (S) del Instituto de Salud Pública (ISP), explicaron en detalle las últimas cifras que se manejan, destacando que Chile y Uruguay son los únicos países latinoamericanos que tienen diagnósticos centralizados de la patología en el 100% de los casos, lo cual favorece el manejo de esta información.
Sin embargo, para la presidenta de la instancia, diputada Claudia Mix (Poder), esta centralización podría estar generando una mayor lentitud en el diagnóstico y posterior tratamiento.
“Al menos, en aquellas zonas, demostradas con datos duros que tiene un gran número de casos nuevos de VIH, como lo es en la zona norte de nuestro país, Arica, Iquique, Antofagasta, sería fundamental que el Gobierno evaluara la posibilidad de descentralizar la notificación de estos exámenes”, explicó la diputada.
De acuerdo a lo expuesto, a través de los datos utilizados con la plataforma Spectrum, en Chile existiría una prevalencia (número total de personas viviendo con VIH) de 67 mil, con un rango de 58 mil a 76 mil. En cuando a la estimación de incidencia (número de nuevos contagios en un periodo dado), sería de 6 mil para 2017, con un rango de 4 mil 800 y 7 mil.
En cuanto a los datos que maneja el ISP, el número de quienes han sido confirmados por primera vez se ha duplicado, llegando a 37.5 personas por cada 100 mil habitantes. Dentro de esta cifra, una mujer por cada 5 hombres viviría con VIH. El rango etario se concentra entre los 20 y 30 años.
Acción Gay y U. Austral
Los últimos invitados fueron Mario Becerra, director de la Corporación Acción Gay; y Mario Calvo, infectólogo y director del Instituto de Medicina de la Universidad Austral. En sus presentaciones, ambos narraron parte de su experiencia trabajando y acompañando a personas con VIH-Sida, desde la década del 90.
Mario Becerra criticó las políticas públicas implementadas desde 2010 en adelante, poniendo principal énfasis en la falta de trabajo intersectorial y los bajos recursos para la prevención del contagio.
Frente a esto, hizo una crítica en especial al rol del Ministerio de Educación a los largo de los años, que no ha sido capaz de implementar una política educativa de prevención en la comunidad y que, además, ha generado un aumento en la estigmatización y discriminación de las personas que viven con el virus.
La postura fue respaldada por el diputado Andrés Celis (RN), quien señaló que lo que se busca es inculcar la prevención en la educación básica. “El quinto y cuarto básico debiera ser obligatorio en todos los establecimientos de educación públicos o privados”, planteó.
Por su parte, el infectólogo Mario Calvo señaló que quienes más sufren esta discriminación en Latinoamérica son las mujeres portadoras. Informó que, generalmente, este grupo tiene una tasa de alfabetización baja;, en la mayoría de los casos fue contagiada por su pareja, -que es quien la mantiene y puede ser maltratadora- y no acepta la enfermedad, por lo que no se medica; y su tasa de mortalidad es muy alta.
El académico criticó también la forma en la que se pueden realizar los exámenes de detección del virus. A su juicio, sería ideal que no existiera la necesidad de firmar un documento por escrito para la realización de la muestra, pues esto no hace más que limitar el diagnóstico y tratamiento e iría en contra de lo que planteó el Centro de Control de Enfermedades de EE.UU., en 2006.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS