Con el objetivo de recibir a representantes de la ciudadanía que se han visto afectados por las irregularidades en los nombramientos y denuncias sobre la conducta de los jueces y empleados judiciales en la región de O'Higgins, la instancia sesionó en la sede de la ANEF, en la Gobernación Provincial de Cachapoal.
La primera en exponer en la sesión en terreno de la comisión que investiga los nombramientos y denuncias sobre conductas de jueces y empleados judiciales en Rancagua fue la secretaria regional de Justicia, Bárbara Perry.
En la instancia, la seremi se refirió a los antecedentes que tuvo frente a la situación que afecta a los jueces de la región. De acuerdo a su relato, en la prensa regional había informaciones que no daban “muy buenas noticias sobre la corte, sino, por el contrario, muy malas noticias”.
Frente a esto, dijo que en una reunión de trabajo, en noviembre de 2018, con los fiscales Emiliano Arias y Sergio Moya, les consultó “cuándo se terminarían todas estas malas noticias de la corte”, tras lo que le respondieron que esto continuaría, pues existía un registro de audio captado en el contexto de una investigación por tráfico ilícito de drogas y en el cual se hacía referencia a hechos de corrupción que vincularían a algunos ministros de la corte local.
Además, se le señaló que este archivo, que se encontraba custodiado en el tribunal que había conocido esa causa, a petición de una de las partes, el tribunal habría ordenado su destrucción. Ante dicho escenario, señaló que decidió informar a sus superiores en el Ministerio de Justicia.
“Consideré que estos antecedentes, de primera fuente, eran muy graves, por lo que transmití esa información al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la persona del jefe de División Judicial, Héctor Mery”.
Tras eso, la cartera le habría instruido redactar un oficio dirigido a la ministra visitadora de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Rosa María Maggi, el que fue entregado a finales de noviembre de 2018.
Frente a estos antecedentes, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), presidenta de la instancia, valoró “la precisión y el contexto en el cual la seremi recibió esta información, que fue muy clave que se pudiera resguardar para la continuidad del proceso de la investigación”.
En la instancia, también se recibieron antecedentes de personas que se han visto afectadas por lo que señalan es una falta de imparcialidad en la entrega de justicia y la intervención en el nombramiento de funcionarios públicos, apuntando a los jueces, como también a la participación que tendría el senador Juan Pablo Letelier (PS).
La presidenta de la comisión señaló que una de las propuestas más importantes de esta instancia será “colocar un muro que no tenga ninguna capacidad de comunicación en lo que tiene que ver con el Poder Judicial o los nombramientos al interior, como también de los notarios en relación al mundo político”.
Agregó también que se hace necesario “cambiar el proceso de nominación de los jueces, como también con la fórmula como se toman las decisiones en el Ministerio para poder ratificar esos nombres”.
La diputada agregó que insistirán en que el senador pueda participar en una de las sesiones de la comisión, para que aclare las situaciones en las que se le ha vinculado.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS