El informe, que será discutido este martes 1 de octubre por el pleno de la Sala, llama a los/as parlamentarios/as a aprobar la “cuestión previa” y rechazar la admisibilidad del libelo.
Por cuatro votos en contra y uno a favor, la Comisión encargada de analizar la procedencia de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, recomendó a la Sala rechazar el libelo acusatorio.
La instancia, que fue presidida por el diputado Celso Morales (UDI), llamó a la Sala de la Cámara a aprobar la cuestión previa y a rechazar la admisibilidad del informe que consta de cinco capítulos.
Los diputados Pedro Pablo Alvarez-Salamanca (UDI), Catalina Del Real (RN), Hugo Rey (RN) y Celso Morales (UDI), acordaron rechazar la admisibilidad de la acusación, mientras que la diputada Maite Orsini (RD) optó por aprobarla.
Entre los fundamentos que recomendaron rechazar el informe, se encuentra la falta argumentos procedentes, en el sentido de que no cumple con los requisitos mínimos establecidos en la Constitución.
En tanto, los argumentos que estuvieron por aprobar el documento resaltaron la conducta sistemática de la ministra Marcela Cubillos, en favor del abandono de la educación pública.
La Sala de la Cámara de Diputados deberá pronunciarse, este martes 1 de octubre, a partir de las 10:30 horas, sobre la denominada “cuestión previa” y determinar si la acusación cumple o no con los requisitos fijados en la Constitución.
El libelo acusatorio se encuentra dividido en cinco capítulos, que consignan brevemente lo siguiente:
Primer capítulo: se afirma que la ministra ha “faltado a la verdad” y ha cometido “faltas a la probidad”, queriendo transmitir su visión del Sistema de Admisión Escolar a los apoderados.
Segundo capítulo: se refiere al envío masivo de correos a padres y apoderados para “promocionar” la iniciativa mencionada anteriormente.
Tercer capítulo: señala que la secretaria de Estado habría dejado “sin aplicación la ley” al “dilatar el nombramiento de autoridades”, entre otros aspectos.
Cuarto capítulo: se habla de que la ministra "no actuó conforme a los deberes legales y no realizó tardíamente las acciones necesarias para corregir la inejecución presupuestaria en que incurrió la Dirección de Educación Pública”, en los servicios locales de educación que eran dirigidos por personeros nominados bajo la administración de la expresidenta Bachelet.
Quinto capítulo: tiene relación con la “vulnerabilidad del principio de igualdad” en torno a las problemáticas por el no pago de menciones a las educadoras diferenciales.
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