En el marco de su trabajo, centrado en los casos de menores desaparecidos a partir del año 2010, la instancia recibió a representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil para discutir sobre la particular situación de los menores que viven en la calle.
Una nueva jornada de trabajo, con miras a elaborar su informe final, desarrolló la comisión que analiza los actos de Gobierno en lo relativo a la generación y aplicación de protocolos, políticas o acciones de búsqueda de menores de edad, extraviados o desaparecidos en el país, a partir del año 2010.
En esta oportunidad, el grupo parlamentario recibió a representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes dieron cuenta del trabajo que desarrollan con menores en situación de calle, particularmente, aquellos que han abandonado sus hogares o que han dejado las residencias del Servicio Nacional de Menores (Sename).
En dicho marco, se destacó la necesidad de establecer una política que vaya más allá de las diligencias policiales para dar con su paradero, con el objeto de proporcionar los cuidados y el apoyo que estos requieren para que puedan no solo reinsertarse en el sistema, sino que, sobre todo, volver con sus familias.
Así lo planteó José Andrés Murillo, director de la Fundación Para la Confianza, quien afirmó que el sistema está al debe porque “hoy no está claro lo que hay que hacer en prevención, alarmas tempranas, seguimiento, identificación de los patrones que terminan en la huida de un niño y luego seguimiento, para que ello no se repita, para que ese niño encontrado no sea visto como un objeto, sino como un sujeto que tiene una historia, necesidades y derechos”.
En tal sentido, la diputada Marisela Santibáñez (PC) precisó que debe definirse para qué se busca a un niño, porque el objetivo es lograr su bienestar y no “darle una nueva oportunidad de extraviarse, de ser vulnerados en sus derechos, abusados sexualmente o golpeados. "Para qué vamos a buscarlos y encontrarlos si no les vamos a dar esas mínimas garantías”, cuestionó.
Por su parte, el diputado Pablo Kast (EVOP) coincidió en la necesidad de realizar seguimientos que sean efectivos con estos menores, porque el problema radica no solo en la desaparición, sino que también en el acompañamiento.
“Debemos hacernos cargo de los niños no solo cuando ocurre el problema, sino que en todo su desarrollo. Necesitamos que estos se puedan reinsertar en la comunidad, que es un tema muy pendiente, en el marco de un proceso de vulneración de derechos. Debemos preocuparnos de todo el espectro, no solo del problema puntual, sino que de cómo intervenir y que seguimiento hacer”, precisó.
Cabe agregar que, ante la instancia, expuso también Nathalie Oyarce, directora de la Fundación Infancia, quien detalló la labor que desarrolla la organización con los menores que viven en las denominadas “caletas” en la región Metropolitana, cuyo acompañamiento resulta complejo, debido a su permanente migración.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS