La Comisión de Constitución aprobó una iniciativa refundida que modifica el Código Penal con el propósito de establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal en el caso de delitos cometidos contra dirigentes de juntas de vecinos.
La Comisión de Constitución refundió dos iniciativas cuyo objetivo es establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal para quienes cometan delitos en contra dirigentes de juntas de vecinos. Se trata de mociones presentadas por los diputados Marcelo Díaz (PS), en 2018, y Diego Ibáñez (CS), en 2019, respectivamente (boletines 11948 y 12.926).
En sus fundamentos, los autores indican que las y los dirigentes sociales desempeñan una labor que es fundamental para el desarrollo de la democracia, sobretodo en el contexto social chileno en donde el tejido social requiere ser fortalecido para el robustecimiento de la participación y el Estado de Derecho.
En sus antecedentes, indican que los y las dirigentes tienen funciones políticas y sociales que los pueden llevar a ser parte de una comunidad de riesgo dentro de la sociedad pues, muchas veces, su labor es representar a una organización comunitaria que tiene intereses opuestos a los de los grupos económicos dominantes o a los de la clase política gobernante, lo que puede llegar a provocar una constante tensión.
Para el diputado Tomas Hirsch (PH), se trata de un proyecto que viene a fortalecer esta función, considerando los peligros a los que se pueden enfrentar.
“Hoy día, sabemos de muchas situaciones en que los dirigentes vecinales sufren agresiones en razón del cargo que ostentan. Hay gente que, por venganza o porque no le aprobaron determinado proyecto o no tienen acceso a ciertos espacios, en fin, han terminado atentando contra los dirigentes de juntas de vecinos, por lo que creemos que es importante incorporar un agravante en la ley cuando se produce este tipo de hechos”, acotó.
Acceso a la información pública
En otra materia, la Comisión continuó con la votación en particular del proyecto que modifica la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública (boletín 12.100). En la ocasión, se concluyó la votación del texto propuesto por el Gobierno, según precisó el diputado René Saffirio (IND).
“Establece un conjunto de mecanismos que hacen más eficaz el proceso de los ciudadanos para acceder a información de la que disponen los órganos del estado y mejora los mecanismos de fiscalización. Incluso mejora las facultades propias de la contraloría respecto de órganos que no son estatales, pero que manejan y administran recursos que tienen origen fiscal”, informó.
En ese sentido, el diputado Jorge Alessandri (UDI) destacó la forma en que se perfecciona la manera en que la ciudadanía podrá acceder a la información, así como también órganos fiscalizadores.
“La forma en que órganos fiscalizadores, como la Contraloría, podrán acceder a las cuentas corrientes de los ministerios, de las subsecretarías de los municipios. Incluimos también en la fiscalización a las corporaciones municipales de derecho privado, fundaciones municipales, para que no quede ningún peso público sin el escrutinio de los ciudadanos primero y también de la Contraloría, para que la ciudadanía pueda fácilmente, en una página web amigable, consultar por cada peso de su municipio”, .
En la instancia se aprobó por unanimidad una indicación del diputado Tomas Hirsh que obliga a las autoridades públicas a informar o dejar constancia de las reuniones o audiencias que sostienen entre autoridades.
En tal plano, quedaron fuera las reuniones entre colegisladores, por ejemplo ministro-diputados o diputados-senadores, ya que hay un permanente trabajo en conjunto.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS