Noticias

Aprueban tipificar no pago de pensión de alimentos como violencia intrafamiliar

Publicado el 18 de octubre del 2019

La Comisión de Familia aprobó este punto considerado como central, en el marco de la discusión de un conjunto de iniciativas destinadas a hacer efectivo el pago de esta obligación.

A un paso de su despacho desde la Comisión de Familia quedó el proyecto que modifica la ley sobre violencia intrafamiliar, sancionando como maltrato habitual el incumplimiento reiterado del pago de alimentos (boletín 12394), ello luego de que la instancia aprobara el corazón del proyecto, vale decir, tipificar la morosidad reiterada en el cumplimiento de esta obligación, como violencia intrafamiliar.

Así lo explicó el presidente del grupo legislativo, diputado Luis Rocafull (PS), quien, junto con recordar que esta iniciativa es fruto de ocho mociones parlamentarias, valoró el consenso alcanzado al interior de la instancia, para proteger el bienestar de los menores de edad o beneficiarios de la pensión.

“Calificamos como violencia intrafamiliar el que no se paguen las pensiones, eso está en sintonía con la protección de los derechos humanos porque es, en la práctica, negar a un niño su alimento y su subsistencia”, precisó.

En la ocasión, los parlamentarios aprobaron además un artículo que crea un registro nacional de deudores de alimentos, quienes de esta forma serán incorporados al registro de violencia intrafamiliar, punto que, a juicio de la diputada Natalia Castillo (RD), es muy importante porque “se caracteriza al no pago de alimentos como una forma de violencia que no solo se ejerce contra la persona que es la madre o el padre de los hijos, sino que también sobre los niños”.

En tanto, el diputado Eduardo Durán (RN) destacó la importancia de avanzar en este proyecto, porque “se da más garantías para que esta obligación se pueda cumplir con rigurosidad y que no existan evasivas ni artilugios, para que una persona incumpla este deber tan importante”.

Cabe agregar que en la oportunidad también se aprobó, entre otros puntos, un artículo que establece la prohibición de optar a cargos públicos a los deudores morosos del pago de pensión.