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Sala aprobó informe que refuta acusaciones en contra de procesos del INE

Publicado el 22 de noviembre del 2019

La comisión investigadora afirma en su texto que la dirección del Instituto adoleció de suficiente prudencia para ponderar los hechos observados por la unidad de auditoría interna, investigarlos y analizarlos detenidamente, antes de realizar una denuncia pública que solo vino a dañar la imagen de la institución.

Por 133 votos a favor y una abstención, la Sala de la Cámara aprobó el informe de la comisión investigadora que analizó los actos del Gobierno y, particularmente del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), ejecutados entre los años 2014 y 2019, en relación con la eventual manipulación en el cálculo de la variación del IPC y sus posibles efectos.

Cabe recordar que esta investigación tuvo como base la denuncia realizada por el director del INE, Guillermo Patillo, en mayo de este año, que apuntaban a irregularidades en el cálculo del IPC, conforme a evaluaciones realizadas por el Departamento de Análisis Estadístico.

El texto, expuesto ante la Sala por el diputado Jaime Naranjo (PS), quien presidió la instancia, sostiene que las conductas impugnadas por la dirección del Instituto habrían sido parte de una etapa habitual del trabajo estadístico, avalada y regulada rigurosamente por normas internacionales de general aceptación.

"Como resultado de lo anterior, cabe estimar que las declaraciones y actuaciones de la dirección superior del Instituto, que acusaron irregularidades, incoaron investigaciones e interpusieron denuncias, aparecen como insuficientemente fundadas e incluso precipitadas", se remarca.

El documento indica que la evidencia recogida permite concluir que "la dirección del Instituto adoleció de suficiente prudencia para ponderar los hechos observados por la unidad de auditoría interna, investigarlos y analizarlos detenidamente y, solo entonces, en caso de mantenerse alguna sospecha de irregularidad o manipulación, haber recurrido a instancias investigativas externas, junto con informar a la opinión pública de la situación detectada".

Otras observaciones

La Comisión consideró necesario empoderar al INE, concediéndole mayor independencia del poder político y una gestión autónoma de sus recursos y de sus prioridades. "No debe estar sujeto a los intereses particulares de un sector político ni a los altibajos de la contingencia, pues debe concentrar sus esfuerzos en cumplir con precisión, oportunidad y veracidad, los objetivos que la ley le asigna y la sociedad le exige", se plantea.

El informe aprobado destaca que las consecuencias en el ámbito económico de haber efectuado el anuncio de desviaciones en el cálculo del IPC no pudieron ser determinadas con precisión por la Comisión. "De acuerdo con la opinión del Banco Central, el impacto acotado de las eventuales diferencias detectadas se evidenciaría en que esa entidad no alteró en ningún ámbito sus evaluaciones, ni tampoco se ha conocido de otras entidades que redefinieran sus decisiones", se agrega.

Se agrega luego que, otros invitados a la Comisión, consideraron que el impacto de mayor relevancia se relaciona con la merma en la credibilidad técnica del INE, debilidad que se adiciona a los cuestionamientos que sufrió hace algunos años con motivo del fallido censo poblacional.

La Comisión sostuvo que "no se acreditó alguna relación entre una eventual manipulación de los datos que determinan el cálculo del IPC y la utilización de información privilegiada por parte de algún actor del mercado".

Sin embargo, el texto dice que llamó la atención, por no ser habitual, el alto número de modificaciones o adecuaciones realizadas en el último momento del proceso de determinación del IPC, referido a agosto de 2018, con la apertura de 626 registros de precios.

Además, junto con destacar la necesidad de ahondar en el origen de la denuncia, se llama a la autoridad respectiva a adoptar las decisiones pertinentes que garanticen que hechos similares no se reiteren en el futuro.

Por último, el informe recomienda fortalecer la institucionalidad del INE y concederle mayor autonomía en su operación, para lo cual se estima imperativo acelerar la tramitación del proyecto de ley que reforma su institucionalidad (boletín 10.372), que se encuentra en trámite en el Senado; y definir que la gestión superior del INE recaiga en profesionales altamente calificados, seleccionados mediante el sistema de Alta Dirección Pública.