CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

En su primera sesión de audiencias, la comisión de acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera recibió a los acusadores, la diputada Carmen Hertz (PC) y el parlamentario Jaime Naranjo (PS), quienes detallaron las dos causales del libelo: la responsabilidad del jefe de Gobierno en las graves, reiteradas y sistemáticas violaciones a los DDHH cometidas por agentes del Estado en el último mes; y haber comprometido gravemente el honor de la nación, dada la preocupación expresada por la comunidad internacional.

El documento incluye el detalle de casos de violaciones de DD.HH. por parte de agentes del Estado, con las querellas que se han presentado por muertes, torturas y heridos, principalmente con traumas oculares y la pérdida de la visión. Lo que respaldaron con un registro audiovisual presentado en la comisión.

El diputado Naranjo dijo que la acusación se sustenta en la necesidad de responder por las violaciones a los DD.HH. que se han cometido en democracia, ya que ninguna autoridad está por sobre la ley y la Constitución.

“Yo creo que lo más importante de todo este proceso de la acusación constitucional es, justamente, que la gente que ha vivido los abusos, los excesos, los horrores; y el ciudadano común y corriente en Chile que no los ha vivido, pero los ha visto, se pregunta ¿Y quién es el responsable de esto? ¿Va a haber algún responsable que va a pagar por esto? ¿O va a ser sentado en el banquillo de los acusados, a lo menos, para que pueda responder? Y yo creo, justamente, que esta acusación constitucional responde a eso. Excesos. Porque una cosa es la responsabilidad jurídica", sostuvo.

En tanto, la diputada Hertz señaló que las violaciones de DD.HH. no son fruto de la casualidad y que ha existido violencia estatal grave y generalizada durante y después de los nueve días de Estado de Emergencia. Agregó que el Presidente avaló públicamente la actuación de las FF.AA. y Carabineros.

Jorge Correa Sutil

Posteriormente, expuso el profesor constitucionalista Jorge Correa Sutil, quien señaló que, pese a no existir sentencias judiciales, las evidencias presentadas en el libelo son indicios suficientes de que hubo uso excesivo de la fuerza en las calles y trato cruel, inhumano y degradante contra los manifestantes.

Consideró que algunas decisiones del Presidente como declarar Estado de Emergencia, declarar la guerra y citar al Cosena, son errores, pero que, sin embargo, ejerció sus deberes constitucionales.

Correa recomendó rechazar la acusación e invitó a la comisión a responder la pregunta de si las acciones del Presidente se tomaron con el deliberado propósito de que se violaran los derechos humanos, punto del que no existe evidencia alguna en el libelo.

La integrante de la comisión, diputada Sofía Cid (RN) valoró la recopilación de antecedentes para evaluar la procedencia del libelo acusatorio.

“Estamos revisando la acusación y escuchando a las personas con sus distintas ideas al respecto. Fue muy interesante la presentación de Jorge Correa Sutil, bastante objetiva, que eso también ayuda mucho. Pero también nos envió bastantes señales de lo que deberíamos hacer como Congreso, de ser un gran aporte a lo que está ocurriendo hoy día”, señaló.

Indicó que les sirvió esta segunda reunión para tener un poco más de orden a futuro.

Amnistía Internacional

Finalmente, Amnistía Internacional, por intermedio de su directora, Ana Piquer, y la investigadora en contextos de crisis, Pilar Sanmartín, se refirieron a las conclusiones y recomendaciones preliminares del informe que presentaron el jueves pasado.

En la investigación realizada entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre, la organización documentó y recopiló evidencias de violaciones a los DD.HH. cometidas por agentes del Estado, principalmente, militares y Carabineros, poniendo el foco en el atentado a la vida e integridad física y síquica de las personas.

Ana Piquer explicó que no son hechos esporádicos los múltiples actos de violencia en contra de manifestantes y los ataques a la población.

“Lo que en definitiva concluimos es que, actualmente, sí se han cometido graves y generalizadas violaciones de los DD.HH., que no se puede hablar meramente de casos aislados, que estamos hablando de un patrón de conducta que se está repitiendo en muchos lugares de Chile y que, por lo mismo, esto puede significar una responsabilidad no solo de las personas que están cometiendo esos actos; sino también, una responsabilidad de mando”, informó.

En ese sentido, dijo que las recomendaciones apuntan, por una parte, a tomar las medidas efectivas que se necesitan para detener lo que está pasando porque sigue sucediendo, en términos de los ataques que están viviendo las personas que se manifiestan pacíficamente y, por otro, las medidas necesarias para asegurar que todo lo que está pasando se investigue y se lleve a las personas responsables ante la justicia, incluyendo la línea de mando según corresponda”, enfatizó.

Además, el organismo propone una reforma seria y profesional a Carabineros y que las autoridades aseguren que las legítimas demandas de la población sean atendidas.