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INDH participó en la comisión que analiza acusación contra intendente Guevara

Publicado el 07 de enero del 2020

En la primera sesión de audiencias de la instancia, participó el jefe regional del INDH de Valparaíso, Fernando Martínez, quien señaló que las normas vigentes de derecho a reunión no cumplen con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

“El derecho a reunión debe ser garantizado y respetado por el Estado”, señaló el jefe regional de Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Fernando Martínez, en la comisión que analiza la acusación constitucional en contra del intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara.

Ello, en relación a lo que planea el libelo acusatorio que señala que habría habido por parte del intendente Guevara una vulneración de la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad, lo anterior en el contexto de la crisis social vivida por el país.

En la instancia, el jefe regional del INDH alertó que “el marco jurídico que regula el derecho a reunión debe necesariamente actualizarse, pues es un marco jurídico que se encuentra obsoleto”, básicamente, porque “somete el ejercicio del derecho a reunión de facto a un sistema de autorización previa”, de acuerdo a los que se establece en el Decreto 1.086.

En este contexto, consultado sobre la responsabilidad del intendente frente a lo que se señala en la acusación constitucional, señaló que “lo que tiene que hacer la autoridad administrativa, no es solamente no violar los derechos humanos sino que debe garantizarlos. En ese sentido, la autoridad administrativa debe preocuparse de que la forma en que administran todos los recursos del Estado para que los derechos puedan ejercerse cumplan con los estándares internacionales”.

Frente a esto, señaló durante su presentación que al 30 de noviembre sólo en Santiago se habían observado 226 manifestaciones y si bien se señaló que no fueron dispersadas inmediatamente por fuerzas policiales, si hubo incumplimientos de los resguardos necesarios.

Las observaciones constataron que, en un 56% de estas, carabineros usó agentes químicos de modo masivo e indiscriminado, fuerza de manera excesiva y en un tercio se registra que el chorro del carro lanza aguas apuntó directamente al cuerpo de las personas que se manifestaban, resultando afectados quienes participan, pero también quienes no.

Aseguró también que efectivos policiales realizaron acciones contrariando sus propios protocolos: detenciones arbitrarias, dispersión sin motivo de los manifestantes, uso abusivo de sustancias lacrimógenas, disparos de lanza gases en dirección al cuerpo, falta de gradualidad y avisos previos en el uso de la fuerza y presencia de carabineros y militares sin identificación.

Reacciones

“Si es que tenemos una gran manifestación es obvio que habrá un mayor número de carabineros y eso es todo el sistema que se ha aplicado”, señaló el diputado José Miguel Castro (RN), quien considera, además, que de acuerdo a lo señalado por el representante del INDH, ninguna de las manifestaciones se ha impedido por parte de la intendencia de Santiago.

Una visión que no es compartida por el diputado Diego Ibañez (CS), quien señala que la normativa vigente hace que “la autoridad, quienes disponen de la fuerza pública, no resguarden el derecho fundamental a la libertad de reunión de forma proporcional y es lo que hemos visto a mi juicio en esta continuidad de violaciones a los derechos humanos a propósito de una estrategia de copamiento que está por verse”.

Frente a esto, la presidenta de la instancia, diputada Alejandra Sepúlveda (FRSV), señaló que van a estudiar lo que significa el copamiento. "Le hemos solicitado que nos envíe todos los antecedentes en relación a esta forma de actuar muy especial que al parecer no tiene protocolos al interior de carabineros (…) y que utiliza alrededor de mil efectivos en manifestaciones", precisó.

Para la próxima jornada de trabajo se encuentra invitado el abogado constitucionalista Christian Viera, junto al diputado DC Gabriel Ascencio, como coordinador de la acusación constitucional.

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