CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

“Aquí no hay derechos más importantes unos que otros. Deben estar en equilibrio”, señaló el general de zona Metropolitana Este, Enrique Bassaletti, en la comisión que analiza la acusación constitucional en contra del intendente Felipe Guevara, por la vulneración de la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad, en el contexto de la crisis social vivida por el país.

Tras señalar un detalle de las características y detenciones de los más de dos mil eventos, con 577 manifestaciones en la región metropolitana, 379 saqueos, 160 ataques incendiarios y 221 a cuarteles, en los últimos tres meses, entre otras cifras, la autoridad policial fue consultada sobre la estrategia de copamiento que se incluye en el libelo acusatorio.

Ante esto, el general señaló que la estrategia de copar, con cientos de carabineros la plaza Baquedano, es una “técnica que se ocupa en todas las partes del mundo”y que está dentro de lo que se hace "cotidianamente”, poniendo de ejemplo el actuar de las policías en los estadios, cuando hay posibles altercados entre barras bravas.

“Pareciera que no se logra visualizar que nosotros, jamás nunca, somos independientes”, señaló la autoridad policial, poniendo énfasis en que el primer mandato siempre es la ley y que el objetivo del copamiento es restablecer el orden y restituir el conjunto de derechos de las personas de la zona y también de los carabineros.

Agregó que, si se decidiera “que Carabineros no va a ver más el orden público, creo que haríamos una fiesta”. Asegurando que “no ha habido jamás la intención de reprimir”, solo que en ese momento “teníamos una mejor oportunidad para ocupar más medios que en otras ocasiones, porque habían menos hechos simultáneos”.

Reacciones

Para el diputado José Miguel Castro (RN), la exposición de la institución policial dejó sumamente claro y lógico que deben ser los organismos técnicos, como Carabineros de Chile, los encargados de establecer cuál medida se toma en términos técnicos de acuerdo a las situaciones que se están dando.

A su juicio, esto es, sin duda, un “espaldarazo” para entender mejor cómo se desarrollaron las cosas los días 20 y 27 de diciembre pasado.

Sin embargo, para la presidenta de la instancia, diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), la intervención de las autoridades policiales fue preocupante, “porque no hay una distinción entre las manifestaciones pacíficas con las de violencia que nadie va a avalar”.

A su juicio, parece ser que Carabineros no tiene claridad del concepto de derechos fundamentales. “La reunión es un derecho fundamental de las personas y ellos lo asumen como un derecho de tercera, cuarta o quinta categoría y lo homologan más bien con los problemas que tenemos de tránsito”, explicó, agregando que no se va "en lo absoluto satisfecha desde el punto de vista conceptual”.

Por su parte, el diputado Diego Ibañez (CS) dijo que le causa preocupación cómo una autoridad policial, que no debe interpretar políticamente ciertos contenidos legales, lo haga de forma tan abierta e irresponsable. "Eso dice relación con una falta de educación cívica respecto de cuál es la ley y cuál es la Constitución que ellos deben defender”, explicó el parlamentario.

"Cuando desde la soberbia se plantea una defensa corporativa de una institución que ha provocado violación a los derechos humanos, que ha estado constatado en cinco informes internacionales y no tienen una mínima autocrítica de de la estrategia que está llevando adelante, me parece preocupante”, agregó una vez terminada la presentación de Carabineros.

A su juicio, quedó claro “que aquí, efectivamente, hay una responsabilidad de la autoridad política", por cuanto la institución, pese a tener en la legislación una obligación de preservar el orden público, "quien dispone de las fuerzas de orden público es la autoridad política”.

Alcalde de Santiago

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, participó en la comisión como parte del listado de las personas que la defensa del Intendente Guevara solicitó.

En su exposición señaló que, hasta la fecha, los gastos por la destrucción de mobiliario público es de más de 4 mil 500 millones pesos.

“La calidad de vida de los vecinos es angustiante porque no hemos sido capaces como Estado de garantizar su derecho a una vida tranquila (…) El nivel de violencia no tiene parangón”, señaló, asegurando que cuando más tranquilo estuvo el comercio fue cuando se decretó el copamiento. “Yo prefiero mil veces un copamiento preventivo que uno reactivo”, afirmó.

A su juicio, jamás se ha intentado restringir el derecho a reunión, porque cada día hay manifestaciones. “Yo no voy a decir que Carabineros ha actuado siempre perfecto”, señaló, sobre todo refiriéndose al uso de lacrimógenas, pero remarcó que "los daños son muchísimo mayor a cualquier falta de protocolo en el actuar de Carabineros”.