CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Hasta antes del estallido social del 18 de octubre, la Fiscalía Nacional registraba en promedio, anualmente, cerca de dos mil denuncias por violencia institucional. Sin embargo, desde esta fecha, hasta el 30 de noviembre, la cifra aumentó a 5.558 víctimas.

Así lo detalló la directora de la Unidad de Derechos Humanos y de Género de la Fiscalía Nacional, Ymay Ortiz, quien concurrió junto al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, a la comisión que investiga los actos de los Ministerios del Interior y de Defensa, de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, relacionados con la declaración de Estado de Emergencia a partir del 18 de octubre de 2019.

De acuerdo a lo señalado en la instancia, existen 38 formalizados por delitos relacionados con las movilizaciones de los últimos meses. El fiscal Abbott explicó que, por la naturaleza de los hechos, el desarrollo de las investigaciones tiene “complejidades importantes”.

Como ejemplo, señaló la situación de las personas que han sido lesionadas con balines. Por un lado, estos casos están por la experiencia comparada, siendo solo asimilables a lo que ocurrió en las convulsiones ocurridas en Turquía y Egipto. Por otro lado, explicó que es difícil obtener la trazabilidad de los balines para identificar responsabilidades individuales, pues no se puede reconocer el arma de donde salen.

En cuanto a las investigaciones por denuncias de torturas o apremios ilegítimos en cuarteles policiales, a juicio del Fiscal Nacional es un poco más fácil determinar responsabilidades individuales y están trabajando en ello.

Detalló también que, por parte de la Fiscalía, la intención es “enviar una señal que no es gratis andar con bombas molotov o saqueando”, por esto aseguró que están apelando a las sanciones más significativas que existen en la norma vigente. Explicó que si bien el porte de bombas molotov permite solicitar la prisión preventiva, no ocurre lo mismo con el robo en lugar no habitado, delito por el cual se estaban sancionando los saqueos.

Consultado sobre las investigaciones por violaciones a los derechos humanos a efectivos de Carabineros, el Fiscal Nacional explicó que las agresiones a las fuerzas de orden tienen penas más altas que las de los civiles y se está aplicando la norma vigente. Sin embargo, aclaró que no se puede hablar de violación a sus derechos humanos, pues no son realizadas por personas que tienen a su cargo armamento entregado por el Estado, como sí lo es en el caso contrario.

Cifras

La directora de la Unidad especializada en DD.HH y Género de la Fiscalía Nacional, Ymay Ortiz, entregó a la instancia una serie de cifras relativas a los procesos judiciales enmarcados en las movilizaciones de los últimos meses.

Aseguró que la mayoría de los hechos ocurren en la vía pública al momento de la detención, llegando a una cifra cercana a los tres mil 300 casos. Los desnudamientos registrados son 192, 58 abusos sexuales, 15 amenazas de violación y 9 casos en que ello se habría consumado. Frente a esto, destacó que la mayoría de las víctimas serían hombres.

La fiscal explicó también la situación de las cinco personas que murieron en el contexto de las movilizaciones por agentes del Estado. Tras la investigación, se determinó que una de ellas habría sido víctima de un arma de un civil, sin embargo, el uniformado sigue procesado.

También señaló que se investigan las muertes de las personas calcinadas en los supermercados y de los dos jóvenes fallecidos en los alrededores de plaza Italia.

Frente a esto, comentó cuáles son las dificultades investigativas, vinculadas principalmente a la falta de personal, tanto en las policías como en el Servicio Médico Legal (SML).

“No falta de disposición, sino que pocos profesionales calificados por el protocolo de Estambul”, necesario para peritar casos de torturas, explicó. Además, señaló que el SML no tiene peritos oftalmólogos, “lo que es determinante para establecer el grado de la pérdida de visión” y, por lo tanto, el grado de la lesión.