CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Pasadas las 16:10 horas la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) junto a los diputados Jaime Naranjo (PS) y Diego Ibáñez (CS), formalizaron ante el Senado la acusación constitucional contra el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, por su eventual responsabilidad en relación a la vulneración de la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad, lo anterior en el contexto de la crisis social vivida por el país.

La sesión, a la que asistió el intendente acompañado de sus abogados defensores Cristián Muga y Rodrigo Ávila, comenzó con la relación efectuada por el Secretario General del Senado, Raúl Guzmán, y prosiguió con las exposiciones de los diputados quienes, por separado, entregaron los argumentos que sustentaron el libelo acusatorio en la Cámara de Diputados, el pasado 23 de enero, cuando fue aprobada su admisibilidad.

La exposición se dividió en tres aspectos: una relación cronológica de los hechos; una conceptualización de los efectos del copamiento preventivo y las consecuencias de violaciones a los derechos humanos; y la conceptualización de reuniones y lo que significa una acusación constitucional.

La diputada Alejandra Sepúlveda -que presidió la comisión de acusación constitucional en la Cámara- inició su discurso señalando que es imposible entender la acusación sin abstraerse de la crisis más compleja desde el retorno a la democracia, y de lo que ocurrió entre 20 y 27 de diciembre en la plaza Italia o de la Dignidad.

Comenzó cuestionando las declaraciones del intendente del 17 de diciembre de "tolerancia cero" a las manifestaciones sin autorización. Agregó que cuando el papel de autorización ya no sirve porque no se sabe quien convoca, se plantea el copamiento preventivo de parte de Carabineros.

Asimismo, consideró que el derecho a reunión es un derecho fundamental que si se puede limitar y regular por ley, pero no inhibir. Agregó que para el copamiento preventivo de Carabineros no existen protocolos.

Posteriormente, relató una serie de antecedentes que fueron recogidos por la comisión revisora y que, dan cuenta de gravísimos atropellos a los derechos humanos como el caso de Oscar Perez, atropellado brutalmente por carros policiales y la muerte de Mauricio Fredes. Señaló es necesario “poner rostro al sufrimiento” que se produjo en las protestas.

La legisladora agregó que, cuesta entender que el intendente se desentienda de todo, y señale a Carabineros como responsable, y recordó las declaraciones de los generales de Carabineros Mario Rozas y Enrique Bassaletti, que indicaron en la instancia, que existía vinculación con las autoridades administrativas para la determinación del despliegue operativo.

Finalmente, la parlamentaria dijo que hay una pregunta que nadie contesta “¿quién es el responsable político de lo ocurrido? La Cámara de Diputados determinó que es Felipe Guevara, como intendente de la Región Metropolitana”, concluyó.

El diputado Jaime Naranjo, consideró que el país vive un momento duro, doloroso y amargo, y señaló que “el Estado de Chile ha sido puesto en tela de juicio por los organismos internacionales de DD.HH. respecto a las graves violaciones ocurridas en estos días”.

En ese contexto, el legislador se refirió a la importancia del derecho a reunión y la libertad de expresión, que son esenciales en un sistema democrático. Y mencionó las normas presentes en convenciones y tratados internacionales. Entre ellas, citó la Convención Interamericana de DD.HH. que señaló que “las autoridades deben facultar el ejercicio del derecho a manifestarse y a la protesta (…) y no considerarlo como amenaza al orden público y a la seguridad interna”.

Naranjo enfatizó que “el orden público no se contradice con la protección y con el respeto a la integridad física y síquica de las personas”.

Asimismo, llamó a las y los senadores a actuar con lealtad exclusiva a su consciencia y agregó que se debe fiscalizar para evitar abusos. Añadió que “el acusado ha cometido excesos que merecen ser castigados”, y seguró “tener la convicción más profunda de que la acusación debe ser aprobada". "Hay que estar presentes, es un deber ético y moral que no deben pasar por alto”, recalcó el legislador.

Por último, el diputado Diego Ibáñez se refirió al marco jurídico y señaló las responsabilidades que les corresponden tanto al Intendente como a Carabineros según las leyes que fijan sus funciones.

Respecto a la acusación constitucional, señaló que es una herramienta republicana que permite abrir un debate para subir estándares a futuro, para actualizar las conceptualizaciones que respondan a un mundo globalizado.

El parlamentario agregó que respecto al derecho a reunión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que la estrategia de copamiento preventivo -que consiste en copar la plaza Baquedano con carabineros- no es idónea.

Consideró que hoy en el contexto de globalización de las comunicaciones y de nuevas identidades existen manifestaciones espontáneas. De acuerdo a su planteamiento, "las democracias liberales están en crisis por decisiones como estas para abordar problemas políticos, económicos, sociales y culturales (…) tirando más carabineros a las calles”, enfatizó.

Sobre el Decreto Supremo N°1086, que regula la libertad de reunión, señaló que debe haber una nueva forma, que implique criterios diferentes para resolver la protesta social.

Por último, el parlamentario llamó a los senadores de oposición a hacerse presentes, y no colocar en duda las convicciones democráticas.

Tras las intervenciones, fue el turno de la defensa del acusado, representada por los abogados Cristián Muga y Rodrigo Ávila. Posteriormente, volvieron a intervenir los diputados acusadores, para realizar su réplica.

Cabe destacar que, durante la jornada del martes 4 de febrero, las y los senadores tendrán la oportunidad de fundamentar sus posturas a favor y en contra de la acusación, por hasta siete minutos, para finalmente proceder a votar el capítulo único del libelo acusatorio.

De aprobarse, el intendente Felipe Guevara sería destituido de su cargo y no podría ejercer cargos públicos por cinco años.