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Comisión de Vivienda aprobó renovación de plazo para regularizar ampliaciones de viviendas sociales

Publicado el 03 de septiembre del 2012

La instancia también discutió con representantes del Ejecutivo los lineamientos de una posible indicación sustitutiva para perfeccionar la moción que busca facilitar la administración de condominios sociales y su acceso a aportes públicos.

Sobre la base de una indicación sustitutiva del Gobierno, la Comisión de Vivienda que preside el diputado Pedro Velásquez (Ind) aprobó por unanimidad y despachó a la Sala el proyecto (boletín 7818), iniciado en moción por un grupo transversal de legisladores, que renueva por dos años el procedimiento de regularización de ampliaciones de vivienda social.

La normativa establece que los propietarios de viviendas sociales, emplazadas en áreas urbanas o rurales, podrán, por una sola vez, dentro del plazo de dos años contado desde la publicación de esta ley, regularizar las ampliaciones de hasta 25 m2 de superficie que hubieren efectuado en dichas viviendas, cumpliendo además con los requisitos que se señalan a continuación:
1) No estar emplazadas en zonas de riesgo o protección, en franjas declaradas de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público.
2) A la fecha de la regularización no deben existir reclamaciones escritas pendientes por incumplimiento de normas urbanísticas ingresadas con anterioridad a la fecha de publicación de la presente ley, ante la Dirección de Obras Municipales o el juzgado de policía local respectivo.
3) Las ampliaciones deben cumplir con las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad y de las instalaciones interiores.
4) El propietario deberá presentar ante la Dirección de Obras Municipales respectiva, una solicitud de permiso y recepción simultánea, acompañada de los siguientes documentos:
a) Declaración simple del propietario, señalando ser titular del dominio del inmueble y que la ampliación cumple con las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores.
b) Especificaciones técnicas resumidas y un croquis, que podrá ser a mano alzada sobre una hoja cuadriculada, que indique las medidas y superficie a regularizar.

Además, se indica que la Dirección de Obras Municipales, dentro de los noventa días siguientes a la presentación de la solicitud, deberá pronunciarse, con el solo mérito de los documentos a que se refiere este artículo y, si procediere, otorgará el correspondiente certificado de regularización.

La diputada Claudia Nogueira (UDI) y el diputado Carlos Montes (PS) resaltaron el apoyo transversal entregado a la iniciativa que extiende la aplicación de la Ley 20.251, más conocida como Ley del Mono (por exigirse sólo una representación gráfica que de cuenta de la ampliación), avanzado en términos de ayudar a la regularización de las viviendas sociales.

La diputada indicó que quedó pendiente para una nueva oportunidad la exposición del Ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, respecto de las causas en el retraso de las obras de reconstrucción en Tocopilla, post terremoto. Además, dijo que el Gobierno comprometió para la próxima sesión explicar los alcances de un nuevo proyecto (boletín 8493) que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción.

El diputado Montes informó que en la sesión pudieron avanzar en la discusión del proyecto (boletín 8232) que modifica la Ley 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, para facilitar la administración de copropiedades y la presentación de proyectos de mejoramiento o ampliación de condominios de viviendas sociales.

En su calidad de autor de la propuesta, junto a un grupo transversal de legisladores, valoró el apoyo dado por el Ejecutivo a la iniciativa, asumiendo casi todos los temas, pero reconoció que durante el debate fueron surgiendo otras materias de interés para incorporarlas, más allá de las propuesta que trajo el mismo Gobierno y que podrían constituirse en una futura indicación sustitutiva.

Insistió en que el apoyo del Ejecutivo permitirá facilitar la aplicación de la normativa, dado que, al final de cuentas, se trata también de un tema de recursos. “No es fácil mantener los condominios del pasado, algunos construidos en los años 40, que nunca han tenido organización”, planteó.

En todo caso, estimó que la discusión se prolongará, dado que es un tema difícil de abordar y respecto del cual ha sido necesario crear una consciencia estatal para la aplicación de políticas públicas en esta materia, recordando en ese sentido la formulación del decreto 255 durante la administración de Michelle Bachelet, que incorporó todo un capítulo exclusivamente para condominios y que generó un programa que se llamó aporte financiero para la administración de los condominios, que ayudaba al mejoramiento interno de las edificaciones y de los bienes comunes.