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Ministra de Justicia reconoció que la subvención destinada a la atención de menores es insuficiente

Publicado el 17 de septiembre del 2013

Ante la Comisión de Familia de la Cámara, Patricia Pérez evaluó que los recursos no permiten garantizar una adecuada atención de los niños y niñas que son derivados a los centros residenciales por los Tribunales de Familia (sólo alcanza a cubrir en promedio un 58% de sus necesidades). Informó que se proyecta aumentar progresivamente el presupuesto para este fin, esperándose llegar a 2018 con una subvención de $201.150.

Un reconocimiento de las deficiencias presentadas actualmente en el sistema de protección al menor otorgado por el Estado, particularmente en torno al presupuesto derivado a los centros residenciales, que sólo alcanzaría para cubrir cerca de un 60% de las necesidades de los niños y niñas ahí atendidos, efectuó la Ministra de Justicia, Patricia Pérez.

Ante la Comisión de Familia, convertida en investigadora sobre el Servicio Nacional de Menores (Sename), la Ministra confidenció que “la subvención actualmente otorgada a los centros residenciales resulta insuficiente para garantizar una adecuada atención de los niños y niñas que son derivados a estos por los Tribunales de Familia”.

Planteó que esta situación, que afecta a la Red de Colaboradores del Servicio, se traduce en una limitada satisfacción de necesidades básicas; en restricciones en la formulación de planes de la atención individual de niños, niñas y adolescentes; y en una debilidad, o incluso ausencia, de intervención psicosocial, lo que obstaculiza la posibilidad de restituir en un tiempo breve el derecho de los menores a vivir en familia.

Señaló que estudios particulares indican que la subvención, en promedio, logra cubrir sólo el 58% del costo por niño/a (dependiendo del tipo de residencia, la cifra puede variar entre un 49% y un 91%). Precisó que las evaluaciones entregadas por entidades internacionales, entre ellas las Naciones Unidas, también confirman que “las residencias no alcanzan a financiar los costos operativos para funcionar” y recomiendan aumentar la subvención base desde 8,5 USS (Unidad de Subvención del Sename) a 15,5 USS.

Sostuvo que los recursos que se están entregando en el presente año van en la línea de una mejora en la calidad de la atención y que la idea es aumentar los aportes año a año hasta llegar a 15 USS en 2018. Así, se pasaría de una subvención base de $134.160 por menor (lo que se entrega actualmente), a $201.150.

La presidenta de la Comisión, diputada María Angélica Cristi (UDI), valoró la información entregada por la Ministra y sostuvo que ello permitió entrar de lleno al tema presupuestario del Servicio Nacional de Menores. “Gran parte de los problemas que se plantearon dicen relación con los recursos que tienen los centros residenciales para darle atención a los niños, mayor protección, cuidado y respaldo sicológico, así como mejores sueldos para el personal. Le pedimos que se explayara y dijo que habrá un aumento de 14 mil millones de pesos (actualmente el aporte total es de 28 mil millones de pesos y se espera llegar al 2018 a 42 mil 943 millones de pesos) y que en un plazo de seis años se debiera estar doblando la subvención”, precisó.

La legisladora, si bien reconoció el esfuerzo fiscal, recordó que ya desde 2005 los aportes vienen creciendo sin que ello signifique una remediación del problema de déficit presupuestario, ya que, en la práctica, no dan cuenta del incremento del costo de la vida.

Programa Ascar

De las informaciones entregadas por la Ministra, la diputada Cristi destacó también la puesta en marcha del nuevo programa Ascar por parte del Sename. “Eso es muy importante. Irá un juez y un experto a los hogares para conocer la situación de infraestructura, pero también la situación en la que se encuentran los niños y, obviamente, a eso tienen que apuntar los esfuerzos, a que los niños tengan una calidad de vida digna y las mejores opciones para rehabilitarse”, enfatizó.

La Ministra Pérez explicó ante la Comisión que el programa de aseguramiento de calidad de las residencias y de mejoramiento continuo (Ascar) tiene como objetivo colaborar en la solución de los principales nudos críticos del sistema residencial. Indicó que se espera que, a través del trabajo de un equipo multidisciplinario, se fomente la protección y respeto de los derechos de los niños y que, en caso de que estos estén siendo vulnerados, se tomen todas las medidas correspondientes.

Más en detalle, comunicó que Ascar tendrá las siguientes funciones: recopilar y analizar la información existente respecto al sistema residencial (visitas de jueces, informes de supervisión del Sename, entre otros); diseñar y aplicar instrumentos para evaluar los estándares de calidad requeridos por el Servicio, así como para analizar y dar seguimiento constante de los casos; revisión y actualización de las medidas de protección; levantar la demanda actual de residencias en función de las necesidades de los menores, la territorialidad y los niveles de complejidad; análisis del perfil actual de la demanda de la residencia para levantar una oferta programática; análisis y construcción de indicadores que permita orientar la implementación de acciones para la mejora de los nudos críticos detectados; implementar acciones inmediatas en caso de detectar graves vulneraciones de derechos; articular acciones para dar respuestas a los factores que dificultan el egreso de los niños y niñas del sistema residencial; y coordinar instancias para resolver nudos críticos a nivel territorial y regional.

Para estas labores, Ascar pondrá en práctica la Ficha Individual Unificada a través de un sistema informático cuya alimentación y actualización será permanente; el fortalecimiento de los equipos de trabajo en las residencias; la generación de bases para un modelo de supervisión y monitoreo; un sistema de consulta continuo a los niños, niñas y adolescentes; y la coordinación territorial, regional y nacional, particularmente entre las redes públicas y privadas.

Finalmente, la diputada María Angélica Cristi informó que la intervención de la Ministra de Justicia dio término al proceso de audiencias públicas, pero resaltó que la Comisión tiene aún mucho trabajo por desarrollar, como por ejemplo, visitas en terreno a algunos centros residenciales y la elaboración de las conclusiones del informe final. En este plano, señaló que pedirán a la Sala una extensión del plazo con el objeto de concluir con las diligencias pendientes y buscar el consenso para concretar un informe único.

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