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Francisco Labbé desvirtuó testimonios acusadores y afirmó que el Gobierno apoyó el cambio de censo

Publicado el 14 de octubre del 2013

El ex director del INE planteó que una decisión que involucraba una cantidad importante de recursos adicionales no podía ser tomada sólo por un jefe de Servicio. Además, negó cualquier triangulación de dineros e insistió que Maximiliano Raide colaboró ad honorem, acotando que su papel fue facilitar la comunicación con diversas instancias del Ejecutivo, gracias a vínculos personales con la actual administración.

Mentiras y calumnias motivadas en su mayor parte por intereses personales y por la confrontación de objetivos institucionales; opiniones basadas en errores; y apreciaciones “poco profesionales” son a juicio del ex director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé, los testimonios que hasta ahora se han entregado y que lo señalan como responsable de diversas prácticas cuestionables al interior del organismo, en particular en torno a la realización y comunicación de resultados del Censo 2012.

Francisco Labbé agradeció a los diputados de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el INE, permitirle entregar una visión distinta a todos los otros testimonios que, hasta la fecha, lo acusan y que han quedado registrados en la instancia desde que se iniciara la indagatoria, en junio pasado.

“No tengo conciencia de haber hecho algo que no sea correcto”, enfatizó el ex director a la Comisión que dirige el diputado Juan Carlos Latorre (DC), agregando luego que si en algún minuto tiene que reconocer algún error, lo va a hacer. “Créamelo, soy hombre de palabra”, sentenció.

Fue enfático en desvirtuar a una de sus principales acusadoras, su ex asesora Mariana Alcérreca. Sostuvo que la profesional miente al señalar varios de sus dichos, entre ellos, la forma en que se incorporó a la institución y las diversas advertencias que supuestamente habría entregado para que no se entregaran a la población cifras globales no desagregadas, es decir, sin distinguir la población efectivamente censada de la imputada. “No entiendo, cómo a una persona que miente públicamente se le siga creyendo”, comentó.

También quiso desvirtuar el motivo por el cual once funcionarios directivos firmaron una carta en reacción a su gestión. Afirmó que el grupo fue una pequeña minoría dentro de la institución, no representativa, que actuaba en respuesta al plan de modernización que él como director buscaba implementar y que incluía la creación de un Departamento de Investigación que, eventualmente, les “quitaría poder”.

En una misma línea, señaló que el despido de Marcela Cabezas, ex Subdirectora Técnica, se debió a su permanente confrontación con las propuestas que se le encomendaron y que minaban el plan de modernización, ya que se insistía en la mantención de los procedimientos.

Recalcó que, a diferencia de lo que se ha afirmado, buscó establecer un sistema horizontal de trabajo. Así, negó la verticalidad de la decisiones y las acusaciones que señalan que las materias eran abordadas a cuatro paredes con su grupo cercano de asesores.

Labbé no fue claro en explicar sus anteriores declaraciones en orden a que se había gestado en su contrata un complot político. En esta oportunidad, dijo desconocer la motivación que podría estar detrás y se limitó a señalar que dicho testimonio pudo obedecer a una reacción acalorada frente a opiniones injuriosas en su persona.

Gobierno

El ex director fue claro en señalar que la decisión del cambio de censo, de uno de hecho a otro de derecho, fue consensuado con las instancias superiores del Gobierno, es decir, con el Ministerio de Economía, en ese minuto a cargo de Pablo Longueira, y con el Presidente Sebastián Piñera.

Recalcó que una decisión como esa, que implicaba un mayor gasto presupuestario, no podía ser tomada sólo por un jefe de Servicio. Informó que el tema fue discutido bilateralmente con el Ministerio y tratado también el 14 de septiembre de 2011 ante la Comisión Censal, donde se terminó de aprobar la propuesta.

Respecto de las acusaciones de triangulación de dineros para pagar una asesoría a Maximiliano Raide (entre los cuales se menciona a su hermano, Juan Pablo Raide), Labbé dijo que era producto de personas de “mentes afiebradas”. Explicó que una de las metas de su gestión fue abrir el INE a la ciudadanía y mejorar el estado de las comunicaciones externas, para lo cual llevó un equipo de personas, justamente las que los acusadores señalan como parte de esta triangulación.

Dijo que la asesoría de Maximiliano Raide fue ad honorem y que nunca tuvo contrato con el INE, dado que él estimaba que ello lo podría perjudicar en sus negocios particulares. Agregó que su participación no tuvo relación con productos específicos de la institución (justificando la ausencia de un documento que garantizara su confidencialidad) y relató que su principal acción era la de propiciar una mejor comunicación con otras instancias del Ejecutivo.

“¿Por qué le pedí que me ayudara? Porque el señor Maximiliano Raide tenía muchos amigos en el Gobierno y, en consecuencia, tenía una entrada al Gobierno que yo no tenía”, especificó, añadiendo que su función, así como la del resto del equipo aludido, fue altamente valorable y calificó como injusto el descrédito que se ha hecho de ellos.

Francisco Labbé también defendió el trabajo realizado en el censo 2012, así como la cuestionada metodología de imputación de población por la vía del crecimiento estimativo de las viviendas. Además, sostuvo que es habitual que los datos del censo no se entreguen de forma desagregada y descartó cualquier manejo de información o de clonación de antecedentes.

En este ámbito, descalificó la evaluación realizada por la Comisión Nacional de Expertos, llamada a analizar el Censo 2012, estimando que los profesionales que a ella concurrieron no tenían la experiencia necesaria en la materia, lo que los llevó a efectuar diversos errores en sus observaciones, como por ejemplo, calificar una tasa de omisión censal superior al 9% (critica la base de comparación de lo efectivamente censado con la estimación del crecimiento de la población). A su juicio, dicho margen no debería ser mucho mayor al 6%, lo que calificó como normal y acorde a lo acontecido en otros países.