Normativa fue derivada a la Comisión de Hacienda y será discutida por la Sala de la Cámara la próxima semana.
La Comisión de Constitución de la Cámara aprobó hoy el proyecto de agenda corta antidelincuencia, que busca hacer efectiva la aplicación de las penas contempladas para los delitos de robo, hurto y receptación (boletín 9885).
El diputado Matías Walker (DC) explicó que este proyecto busca que se apliquen efectivamente las penas de privación de libertad a quienes cometen estos delitos que, comunmente, afectan más a los chilenos, como el robo, el hurto y la receptación.
Pero, asimismo, destacó que se aprobó aumentar las penas asignadas al delito de lesiones graves en contra de los funcionarios policiales y de gendarmería, sobre todo cuando estas lesiones tienen consecuencias como la castración o mutilación. El legislador recordó que la actual legislación ya asigna la pena más alta -presidio perpetuo calificado- en el caso del asesinato de los funcionarios policiales.
En cuanto al control preventivo de identidad, también incorporado a este proyecto, el diputado Walker explicó que fue aprobada una indicación que presentó junto al diputado Osvaldo Andrade (PS) para que el Ministerio del Interior, cada 6 meses, informe del estado de cumplimiento de este control y su grado de eficacia, considerando las 66 mil órdenes de detención pendientes que existen hoy en día.
"Porque queremos junto con otorgarles más atribuciones a Carabineros, nosotros confiamos en Carabineros, es la institución más respetada por la ciudadanía, queremos también exigirles resultados en la lucha contra la delincuencia", enfatizó el parlamentario.
Por su parte, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) destacó que tras siete meses de discusión de esta agenda corta antidelincuencia, "el gobierno se abrió a aceptar el control preventivo de identidad" y en segundo lugar, sostuvo, que se impida a las personas que cometen delitos graves como el robo que puedan acceder a beneficios penitenciarios o de sustitución de penas.
El diputado Coloma reafirmó que "el control preventivo sirve para pesquisar a aquellas personas que tienen órdenes pendientes, y sirve también para devolverle atribuciones a Carabineros", pero también para cerrar la puerta giratoria y que los delincuentes no puedan optar a beneficios.
Desde el Ejecutivo, la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, valoró la aprobación de este proyecto "que es un tremendo paso para algo que es muy sentido por la población", y reafirmó el compromiso gubernamental para seguir trabajando y hacer un análisis de lo que se debe mejorar aún más.
La personera señaló que la seguridad ciudadana debe ser una política de Estado y "debemos tener sentido de grupo porque los delincuentes no distinguen por partido según a quien van a asaltar".
Durante la discusión de esta iniciativa los diputados también aprobaron facultar al Ministerio de Justicia a ampliar los recintos carcelarios para la población penal, que necesariamente aumentará con la aprobación de este proyecto.
Al respecto, la ministra Blanco sostuvo que pese a que el país solo tiene un superávit de un 4% de población penal, existen algunos recintos que tienen mayores tasas de hacinamiento y con esta norma se podrá agilizar el proceso administrativo para autorizar las ampliaciones -que hoy pueden tardar hasta siete años- con fast track, sobre todo en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y Concepción.
Por último, el Subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, puntualizó que la presente iniciativa también asigna sanciones más severas a los reincidentes.
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