CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

La Comisión de Acusación Constitucional en contra de la Ministra de Salud, Carmen Castillo, culminó este martes las sesiones destinadas a recabar opiniones, con la participación de expertos en derecho constitucional y de organizaciones vinculadas a pacientes, con lo cual la instancia pasará a la fase final de debatir y acordar las conclusiones del informe que remitirá a la Sala, la próxima semana.

Respecto de las audiencias, el profesor Fernando Atria planteó que la acusación constitucional es un juicio político y no un puro control de legalidad, pero que ello no implica que sea suficiente que la Cámara, primero, y, luego el Senado, declaren que el Ministro en cuestión ya no cuenta con la confianza del Congreso. "Admitir una acusación constitucional en estos términos es entender que los Ministros conservan sus cargos mientras el Congreso no les retire su confianza, lo que no es aceptable", concluyó.

Asimismo, sostuvo que, a su juicio, “los acusadores están usando la acusación constitucional de un modo impropio” y que esta es “notoriamente insuficiente en la especificación de los hechos realizados por la acusada", que constituirían los capítulos del libelo. Atria agregó que la acusación contiene juicios sobre la capacidad política del Gobierno, pero cuya responsabilidad no puede ser perseguida a través de un recurso como este.

En cuanto al capítulo referido al incumplimiento de plazos para el envío de un oficio a la Cámara, el profesor Atria afirmó que “es evidente que el plazo para la Ministra no depende del día en que se dio cuenta en la Sala, sino del momento en que envía el oficio o que este se recibe”, ya que el plazo en que se da cuenta “escapa totalmente al control de la Ministra”.

La profesora Angela Vivanco, por su parte, planteó a los parlamentarios que cuando “coinciden las competencias de varias autoridades y se evidencian vulneraciones de derechos de las personas”, como ocurriría en este caso, según su opinión, “el peso de la prueba se traslada a quien alega haber actuado diligentemente".

En este sentido, en opinión de la profesora Vivanco, los problemas que enfrenta la salud son conocidos y la Ministra debería demostrar aquellas actuaciones para superar estas condiciones. Añade que la diligencia no debe confundirse con la presunción de inocencia y que es especialmente importante hacer un distingo en “hasta qué punto la situación que se cuestiona es una situación que tiene que ver con las competencias propias del Ministro de Estado".

Pero recalcó que no puede ocurrir que, “en una situación de afectación de derechos, donde existe obviamente una subejecución presupuestaria y una serie de problemas graves en materia de salud, uno considere que por diluirse las responsabilidades, no hay nadie que deba hacerse cargo de ellas”.

Angela Vivanco sostuvo que el derecho a la protección a la salud es un derecho social que implica acciones concretas y, aunque existe un deber solidario de la comunidad, existe un deber preferente del Estado para asegurar que esas acciones efectivamente operen.

Finalmente, el profesor Jaime Bassa, planteó que existe “una evidente desproporción entre los hechos que la motivan (la acusación) y el instrumento constitucional escogido”.

En el detalle, señala que las referencias al no cumplimiento de promesas de campaña, como la construcción de hospitales, “es un hecho que debe juzgar la ciudadanía en la próxima elección presidencial, pero, en ningún caso, se puede equiparar a la infracción a la Constitución o las leyes”.

Bassa afirmó que las causales constitucionales deben ser interpretadas de manera restrictiva, por lo que “no cumplir el programa de gobierno puede ser objeto de un reproche político, pero no constitucional".

El académico también cuestionó la referencia al retraso de envio de respuesta a un oficio a la Cámara, postulando que deducir una acusación constitucional por esto “parece desproporcionado, porque no estamos frente a una política sistemática de obstrucción del Ejecutivo a la labor fiscalizadora de la Cámara, sino simplemente un error del cómputo del plazo considerado por los acusadores”.

Finalmente, sobre la vinculación que se realiza al fin del bono auge instaurado por el expresidente Sebastián Piñera, Bassa dice que “es incomprensible”, porque “las políticas públicas son competencia de los gobiernos en ejercicio no de los anteriores”.

Organizaciones de Pacientes

La Comisión también tuvo la oportunidad de recibir la opinión de un grupo de representantes de organizaciones de pacientes que expresaron sus reparos y críticas a la aplicación de la Ley Ricarte Soto.

A la sesión concurrieron Fabio González, de la Agrupación de Pacientes; Blanca Diaz, de la Agrupación Salud Digna; Antonia Toledo, de la Agrupación de Cáncer Un Nuevo Amanecer; Verónica Cruchet, de la Agrupación de Esclerosis Múltiple; Christian Estay, de la Agrupación Vamos Florencia; Betsabé Vivancos, presidenta de la Asociación de Obesos Mórbidos Área Norte Metropolitana; y Pamela Flores, quien padece púrpura trombositopenica.

Las agrupaciones coincidieron en que no tuvieron posibilidad de participar en la definición de las patologías que serían cubiertas y criticaron las tardanzas en la dictación de reglamentos y medidas, lo que evaluaron puede significar la muerte de pacientes que esperan una solución.

Al respecto, Antonia Toledo dijo que, aunque no hacen responsable a la Ministra solo porque puso esta ley en manos de asesores y que su cambio no va a dar solución a los problemas de salud, sí cuestionan la forma, entre cuatro paredes, en que se ha llevado adelante esta normativa y como se definió qué patologías serían incorporadas y cuáles no.

Acusó que no existió ni existe ninguna manera de inscribirse como organizaciones ante el Ministerio de Salud; que no han sido recibidos por las autoridades; y que esperan que se transparente esa información.

Pese a que en su mayoría coincidieron en que la salida de la Ministra no es su objetivo y no creen que genere las soluciones que esperan, sí manifestaron que el cambio es necesario.

Fenpruss

Ante la Comisión también intervino la presidenta de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), Gabriela Farías, quien remarcó que esta acusación “es un pretexto para volver a posicionar las concesiones hospitalarias” y aumentar las distintas fórmulas de privatización de la salud.

Farías puntualizó que los problemas del sector salud no son de la Ministra, sino que representan un problema de Estado. “Es este el que está al debe con la salud pública”, remarcó, acotando además, que no les corresponde a ellos “poner o sacar ministros” y que la personera ha tenido un trato respetuoso con los gremios.

La dirigente llamó la atención con la necesidad de priorizar la salud pública, focalizar los recursos en mejorar los establecimientos y la atención pública y no en el pago de servicios a privados que lucran con la salud de las personas.

De hecho, recalcó que si los establecimientos de salud se utilizaran al 100% de su capacidad, no se requeriría la construcción de más hospitales.

Opiniones parlamentarias

Tras estas exposiciones, la diputada Marcela Hernando (PRSD) manifestó su temor frente a las expectativas que tienen las organizaciones sobre el cometido de esta Comisión, que ha sido convocada para pronunciarse sobre la acusación exclusiva a la Ministra.

Por su parte, el diputado Javier Macaya (UDI) reconoció que esta presentación se hizo sin contar con los votos necesarios para su aprobación, pero que era importante visibilizar los problemas de la salud. En ese sentido, criticó que la Ministra Castillo no reconozca que existe una crisis en el sector.

Durante la jornada de hoy la Comisión analizará todos los capítulos de la acusación, así como la defensa presentada por la Ministra de Salud y procederá a votar si acoge o no esta solicitud.