CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Por unanimidad, la Comisión de Salud aprobó esta mañana el proyecto de ley que establece una nueva Ley de Salud Mental para Chile y que contempla introducir derechos aún no garantizados en el país para esta parte de la población, (boletines refundidos 10563 y 10755).

La iniciativa apunta a la prohibición de llevar adelante procedimientos invasivos e irreversibles como los casos de esterilización sin consentimiento, además de exigir la actuación de la Corte de Apelaciones para autorizar las internaciones involuntarias y supervisar estas internaciones. Asimismo, establece estándares de atención que son los mínimos que debieran tener cualquier chileno o chilena al momento de acceder a los servicios de salud en estas materias.

Al respecto, el presidente de la Comisión, diputado Víctor Torres (DC), afirmó que es importante que la iniciativa siga avanzando, puesto que se ha escuchado a una gran cantidad de especialistas del Colegio Médico y de Psicólogos, además de instituciones que han planteado su mirada respecto de contar con un proyecto de esta naturaleza. “Esperamos que con esto se contribuya con una mejor estructura de derechos para los pacientes que se ven vulnerados en su atención sanitaria”, aseveró.

En tanto, el diputado Sergio Espejo (DC), autor de la iniciativa, confirmó que este es un paso muy importante en la protección de los derechos humanos de las personas que tienen algún problema de salud mental. “Nuestro país hoy día no reconoce derechos básicos para impedir esterilizaciones, procedimientos quirúrgicos invasivos e irreversibles, que no cuentan con el consentimiento que es indispensable, tampoco tenemos un catálogo de derechos de las personas que viven con problemas de salud mental y que son crecientemente un número muy grande en nuestro país. Ha llegado la hora de resolver esto, no solo de sacar adelante una política integral, sino que además de reconocer por ley estos derechos poniéndonos a la altura de las obligaciones internacionales que hemos contraído”, señaló.

Relevancia de la salud mental

La instancia escuchó, además, los planteamientos de la profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile, Paula Repetto, quien, entre otras cosas, explicó la relevancia que tiene la salud mental en Chile, debido a la alta tasa de enfermedades y trastornos mentales.

“Este es un tema que está rezagado en materia de salud (…) hay pacientes con patologías crónicas que tienen una incidencia importante en salud mental, por lo que tenemos que abordarlo de manera integral”, afirmó.

Asimismo, resaltó que existe discriminación en cuanto al tratamiento que se les da a los pacientes, puesto que, aseguró, la legislación vigente hace que, de alguna manera, tengamos una mirada temerosa. “Si tú declaras que un paciente tiene una patología psiquiátrica, lo más probable es no quiera ser atendido, entonces si no hacemos algo en términos legislativos no vamos a lograr que nuestros pacientes sean reconocidos”, declaró.

En ese contexto, Paula Repetto entregó una propuesta que contempla aspectos fundamentales a considerar en el proyecto, como lo son el uso de tratamientos ambulatorios insertos en la comunidad, como una alternativa lo menos restrictiva, además de la confidencialidad en toda la información y registros médicos que tengan relación con el paciente, los que, puntualizó, deben ser correctamente resguardados.

Consentimiento valido e informado

Por otro lado, agregó, el consentimiento valido e informado, como una piedra angular del tratamiento de trastornos mentales e incorporados en la legislación de salud mental, además del ingreso y tratamiento voluntario e involuntario. “La ley debe promover que, en circunstancias en que se requiere una hospitalización psiquiátrica, esta sea voluntaria”, acotó.

Por último, señaló que la propuesta busca promover mecanismos de evaluación periódica en todas las instancias que afectan la libertad o integridad de las personas que sufren un trastorno, así como incorporar la definición de competencia, lo que, indicó, “no necesariamente es una condición asociada a problemas de salud mental, que debe distinguirse en la capacidad civil”.

Tras la exposición, la diputada Karol Cariola (PC) compartió la idea de crear un marco legal que permita desarrollar políticas para poder abordar la salud mental y, asimismo, pidió saber cómo enfrentar los tratamientos desde una perspectiva ambulatoria y de integración social y no desde la perspectiva del encierro.

En tanto, la diputada Karla Rubilar (IND) manifestó preocupación por la situación que viven muchos niños y adolescentes debido a la sobremedicamentación. “Nosotros tenemos índices de medicamentación muy altos a muy baja edad y eso no se condice por mucho que tengamos indicadores muy altos de enfermedad mental”.

La Comisión adoptó finalmente los plazos para la propuesta de indicaciones y se comprometió a despachar a Sala la iniciativa durante a fines del mes de enero.