CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Un importante incremento presupuestario habría experimentado el Servicio Nacional de Menores (Sename) en la última década y, muy particularmente, en los erarios correspondientes a los años 2015 y 2017, según informó ayer el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados encargada de analizar esta materia.

El Secretario de Estado detalló que el gasto destinado a transferencias a Organismos Colaboradores del Sename (OCAS) y a su gestión creció en términos reales a un ritmo promedio cercano al 8% en la década, prácticamente duplicándose el aporte desde el inicio del periodo a la fecha; en tanto que el gasto efectuado en los establecimientos de atención directa aumentó en cerca de un 10% anual.

Señaló que, en los últimos cuatro años, de manera estable, aproximadamente un 85% de las transferencias a OCAS están orientadas al área de protección de menores. Especificó que los montos en el área de justicia juvenil se han mantenido en torno a los $22 mil millones en dicho periodo, en tanto que la subvención en el área de protección de menores ha subido de $100 mil millones a $139 mil millones.

"Este es un panorama, si se quiere, de los gastos presupuestarios en el Sename con una mirada más bien histórica que demuestra que, al menos como sociedad, hemos ido poniendo más recursos en esta área que en el promedio. ¿Es suficiente o no? Es una discusión que es para largo", planteó Valdés.

Recordó que en octubre del año pasado, la Presidenta Michelle Bachelet anunció una reasignación presupuestaria de $2.500 millones que fueron derivados al Servicio y utilizados en centros de protección cerrados y semicerrados para mantenimiento, reparación y mejoramiento de infraestructura; compra de maquinaria, equipos y mobiliario; y pago de servicios médicos, principalmente.

Respecto del presupuesto para el año 2017, ya aprobado por el Congreso, indicó que tiene aumento de recursos para el Servicio del orden del 6,3%, ello en un contexto donde el gasto total creció 2,7%. Precisó que la administración directa se lleva la parte más importante, con un aumento de casi un 19%, mientras que las transferencias a las instituciones colaboradoras se mantiene prácticamente estable. "Esta es un decisión política, de donde estaban las necesidades más urgentes en el corto plazo", remarcó.

Rodrigo Valdés comunicó que los mayores recursos están destinados al mejoramiento de la plataforma institucional, donde juega un rol importante el sistema informativo; a mejorar problemas de gestión; a mejorar la vida laboral de los funcionarios; la contratación de más personal; y a potenciar programas, como por ejemplo los destinados a la salud de los menores.

El Ministro resaltó que, frente al contexto institucional vigente, solo con recursos no se va a mejorar la situación por cuanto se requerirán de cambios fundamentales. En este plano, relevó el papel de los proyectos de ley en trámite legislativo y aquellos que están en preparación, como el que permitirá la creación de dos nuevas instituciones que reemplazarán al Sename, uno destinado al ámbito de la protección y otro al de la justicia juvenil.

En cuanto a los llamados pasivos del Servicio, dijo que lo interpretan como aquellos mayores gastos en las subvenciones que se derivan de las acciones de los Tribunales de Familia y que no estaban contempladas en los presupuestos originales, tal como ocurre con la deuda hospitalaria. Reconoció que este gasto ha ido creciendo con los años y precisó que el aumento neto de aporte fiscal que se aprobó el año pasado alcanzó a los $2.368 millones.

Finalmente, aseguró que el Gobierno tiene provisionados fondos para cubrir la aplicación de los proyectos de ley en trámite o en vísperas de ingresar al Congreso (ley de garantías de la niñez, defensoría, nuevas instituciones, etc.), pero alertó que se debe tener mucho cuidado con los compromisos financieros que se realicen en estas materias, ya que la realidad fiscal es estrecha.

Observaciones

Tras la exposición del Ministro Rodrigo Valdés, los parlamentarios iniciaron un amplio debate donde hubo posiciones coincidentes pero también ampliamente dispares respecto a las acciones que se debieran impulsar en relación al Sename y sus instituciones dependientes.

El diputado Ignacio Urrutia (UDI) llamó al Gobierno a destinar recursos adicionales para subsanar los problemas conocidos últimamente, en tanto que el diputado Claudio Arriagada (DC) pidió eficiencia en el gasto, particularmente evitando que se dupliquen las prestaciones o exámenes que se realizan a los menores y que ahondan en la deuda pasiva.

Para el diputado René Saffirio (IND), los recursos son importantes, pero más aún la necesidad de renovar el sistema en su conjunto, por lo que solicitó al Ministro que, en su calidad de integrante del Comité Político del Gobierno, promueva un aceleramiento del trámite o ingreso de los proyectos vinculados a este tema. Esta visión fue compartida por la diputada Marcela Hernando (PRSD), aunque la legisladora también apeló a que se estudien fórmulas para incentivar cambios mayores que pasen por reducir la cantidad de menores que se atienden en estas instituciones.

La diputada Claudia Nogueira (UDI), criticó que se priorice a los centros de administración directa del Sename y no se destinen más recursos a los organismos privados, donde se atienden el 97% de los menores, al tiempo que observó que el sistema carece de un sistema adecuado de atención médica o de nivelación educacional. En este ámbito, pidió al Ejecutivo considerar el conjunto de propuestas que elaboró su partido y que buscan mejorar la gestión y la focalización de los recursos.

Por último, entre otras muchas opiniones de los parlamentarios, los diputados Nicolás Monckeberg (RN) y Maya Fernández (PS) plantearon que lo importante es que el dinero que se aporte mejore efectivamente la situación de los niños y que se avance hacia una política de infancia real.

Al término de la sesión, el presidente del grupo parlamentario, diputado Ramón Farías (PPD), solicitó el acuerdo para pedir a la Sala una prórroga del mandato, que vence el martes 17 de enero, para el 30 de marzo, lo que hoy fue ratificado por el Hemiciclo.