En el marco del debate del proyecto de ley que busca la pertinencia de ampliar el uso de esta herramienta a personas entre 16 a 18 años, la fundación hizo un análisis que, entre otros puntos, concluyó que los controles preventivos son menos efectivos para pesquisar órdenes de detención pendientes.
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara recibió la presentación de la Fundación Paz Ciudadana, que revisó la evidencia (datos, cifras) generada (y disponible) durante el primer año de implementación del control preventivo de identidad (CPI), para valorar sus resultados y la pertinencia de ampliar su uso a personas entre 16 y 18 años.
La exposición se realizó en el marco del estudio del proyecto de ley que modifica la ley N° 20.931, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos, en materia de control preventivo de identidad (boletín 11314).
En relación a las conclusiones sobre la efectividad de la herramienta, manifestaron que no hay aumento en el número total de controles después de la Ley Nº 20.931, agregando que se produjo la absorción de controles investigativos por parte de los preventivos.
Agregaron que los policías privilegian los controles preventivos por sobre los investigativos y añadieron que los controles preventivos son menos efectivos para pesquisar órdenes de detención pendientes.
Finalmente, concluyeron que no se visualiza un efecto de la ley 20.931 en la disminución de órdenes de detención pendientes.
El Director Ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, comentó que “los números arrojan que lamentablemente no existe una mejora en el sistema. No hay un mayor número de controles y la efectividad del sistema es relativamente baja”, afirmó.
Agregó que “una de las razones que justificaba la implementación de esta norma era que podría ser útil para poder pesquisar órdenes de detención pendientes. Sin embargo, cuando hacemos el análisis de los casos nos damos cuenta que la norma nueva tiene la mitad de efectividad que la norma antigua”, precisó.
En este punto, dijo que la recomendación es “contar con mayor información que pudiera relevar la importancia de aplicar una norma de este tipo, porque la información que nosotros tenemos hoy día no demuestra que la implementación de una norma nueva que baje la edad pueda significar un avance en materia de persecución de la delincuencia”, finalizó.
En cuanto a la revisión de evidencia generada y el cumplimiento de objetivos, puntualizaron que el artículo 12, inciso final de la Ley 20.391, establece la obligación de policías y del Ministerio del Interior de dar a conocer antecedentes que permitan conocer la aplicación práctica del control preventivo. Sin embargo, expusieron que el sistema no permite conocer la aplicación práctica del CPI, puesto que no muestra un registro desagregado (género, edad, nacionalidad, comuna de residencia, etc.).
Reacciones
Por su parte, el presidente del grupo legislativo, diputado Leonardo Soto (PS), dijo que “la presentación realizada por la fundación es de enorme importancia para la comisión. Este instituto es sin duda especializado en materia de análisis de delitos y las propuestas que ellos han establecido en materia de seguridad a nivel país y a nivel gobierno, siempre son muy interesantes y muy fundamentadas”, argumentó.
En esa línea, precisó que “ellos han establecido que la evidencia disponible, a casi un año de creación de esta herramienta de control de identidad preventivo, indica que tendría poco o nulo impacto en materia de seguridad ciudadana y en relación a órdenes de detención, poniendo un gran signo de interrogación sobre la justificación que tuvo precisamente legislar en esta materia, creando esta herramienta de control policial”.
El parlamentario añadió que “incluso deja entrever que la policía ahora tendría menos eficiencia y eficacia para poder controlar el fenómeno delictual, toda vez que buscaría controlar la identidad de personas que no tienen ningún compromiso delictivo y no con las que se pensaba que lo iban hacer”, opinó.
Asimismo, afirmó que “ellos han sosteniendo claramente que, en el marco de este proyecto de ley, consideran que no existe ninguna información relevante que haga conveniente que se legisle extendiendo esta herramienta de control de identidad a los menores de edad. Si la herramienta tiene dudosa eficacia o nula eficacia, no tiene ningún sentido poder aplicarla a menores de edad”, concluyó.
En materia de propuestas, la Fundación Paz Ciudadana planteó priorizar la implementación de estrategias policiales focalizadas; avanzar en la creación del Servicio Nacional de Reinserción Adolescente, para generar oferta de calidad de intervención de jóvenes infractores y también generar mecanismos para mejorar la eficacia policial en prevenir y controlar el delito
Por último, plantearon promover la implementación de sistemas que permitan evaluar el desempeño policial en pos de mayores niveles de transparencia institucional.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS