La instancia legislativa que abordó las contrataciones de personal de la administración del Estado entre noviembre de 2017 y marzo de 2018 no detectó irregularidades en el proceso, pero solicitó al Ejecutivo el envío de proyectos que permitan regular estas contrataciones.
Requerir al Ejecutivo la presentación de un proyecto de ley que permita regular las contrataciones del personal del Estado es una de las propuestas del informe de la Comisión Investigadora sobre Contrataciones en el Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, entre noviembre de 2017 y marzo de 2018.
La instancia, que en su oportunidad fue solicitada por parlamentarios de Chile Vamos, buscó indagar lo que se estimaba en la oportunidad, un aumento considerable en la dotación pública.
De acuerdo a la integrante de la Comisión, diputada Gael Yeomans (RD), no se detectaron irregularidades durante dicho periodo.
“La verdad es que durante este periodo no hubo irregularidades, sino que más bien se pasó a los funcionarios que estaban en situación de honorarios a contrata, que fue un compromiso que se había adquirido con ellos. Funcionarios que llevaban bastante tiempo trabajando en el Estado y que tenían un vínculo, una relación dependencia”, aclaró.
Son estos aspectos los que llevaron al grupo parlamentario a proponer ciertas regulaciones, agregó la parlamentaria, como es la presentación de un proyecto de ley que permita regular la materia, es decir, distinguir solamente entre aquellos funcionarios que cumplen una función pública hacia el Estado y aquellos que son de confianza de los gobiernos.
"No nos negamos a eso, pero, sin embargo, creemos que acá hay que realizar esa línea divisoria porque finalmente son los trabajadores los que pueden verse perjudicados cuando no existe esa forma de abordar la problemática y la relación con los trabajadores”, acotó.
De igual manera, el presidente de la Comisión, diputado Juan Antonio Coloma (UDI) subrayó que es importante regular que no se realicen contrataciones los meses anteriores o posteriores a una elección presidencial.
“También pudimos aclarar algunas situaciones como que parte de las 14 mil personas que habían ingresado al Estado a contrata lo habían hecho en cumplimiento de la normativa que buscaba, por parte de la Cámara de Diputados, regularizar la situación de personas a honorarios", especificó.
Planteó que, dentro de las cosas que se pueden destacar con mayor claridad está que, "a futuro, cuando haya este tipo de leyes que busquen que se contrate o que se traspase de honorario a contrata no se haga ni los meses inmediatamente anteriores ni los meses inmediatamente posteriores a una elección presidencial, a fin de evitar cualquier suspicacia en esta materia”.
Dentro de las propuestas del informe aprobado por los parlamentarios se establece limitar el horario de trabajo y regular el tiempo en el que el Estado puede efectuar contrataciones mediante el servicio honorario, pues a juicio de la instancia legislativa se ha mal utilizado este tipo de contrato.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS