La Comisión de Derechos Humanos continúa el análisis de la moción que busca evitar la discriminación de personas con discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial. La iniciativa aborda el tema de la capacidad jurídica y un sistema de apoyos para el ejercicio de su autonomía.
Con la participación del subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villareal; de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren; y de la directora del Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis), María Ximena Rivas, la Comisión de Derechos Humanos continuó analizando el proyecto que busca eliminar la discriminación en contra de personas con discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial y consagrar su derecho a la autonomía.
El punto abordado en mayor profundidad en el debate de esta iniciativa (boletín 12.441), iniciada como moción y que modifica cerca de diez cuerpos legales, fue la modificación a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual que, actualmente en el Código Civil, son identificadas como "dementes", por lo cual son interdictos sin capacidad de ejercitar actos jurídicos y administrar sus bienes, labor que le corresponde a un curador.
El principal impulsor de la moción, diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli), expresó que el propósito es evitar discriminaciones contra personas con discapacidad intelectual o que estén perdiendo sus capacidades debido al Alzhaimer o demencias seniles.
“Evitar las discriminaciones, toda vez que hoy día una persona que tiene discapacidad intelectual es rápidamente señalada como alguien que tiene incapacidad jurídica completa, es decir, no puede contraer obligaciones por sí misma, sino a través de un tutor o curador, y no puede ejercer ciertos derechos, como casarse, votar y otros que están establecidos en nuestra legislación”, consideró.
El parlamentario resaltó que, adicionalmente, el Código Civil todavía hace referencia a los locos o dementes y se les equipara con las personas que son disipadores. "Por ende, lo que busca el proyecto es tratar de ponernos al día respecto de la Convención de Naciones Unidad del año 2006”, precisó.
Por su parte, la diputada comunista Carmen Hertz, -también mocionante-, dijo que de acuerdo a convenciones internacionales, Chile tiene que actualizarse considerando los derechos e intereses de las personas con discapacidad.
“Tenemos la obligación de adoptar medidas legales que nos pongan en otra óptica respecto de los discapaces y es la óptica que sus preferencias y sus decisiones sí son posibles. Y, además, establecer que la discapacidad tiene diversas formas o grados y, de acuerdo a eso, en los casos excepcionalísimos de incapacidades absolutas, se establece la figura de los facilitadores para evitar los abusos contra las personas con discapacidad”, recalcó.
Senadis
María Ximena Rivas explicó que la figura de la interdicción limita a la persona con discapacidad intelectual para todo tipo de decisiones.
“El problema de la interdicción es que hoy lo anula completamente para cualquier otro tipo de decisiones. O sea, a lo mejor la persona con discapacidad intelectual puede tomar muchas decisiones, puede decidir si quiere vivir solo, si quiere viajar, si quiere estudiar una carrera, etc. Pero, a lo mejor, no es capaz de administrar una herencia porque no tiene la capacidad y los conocimientos adecuados", planteó.
En dicho plano, prosiguió, lo que hoy pasa es que, para administrar esa herencia, hay que declararlo interdicto y con eso se le quita todo el derecho a elegir si quiere votar en las elecciones o si quiere estudiar, por ejemplo.
“La figura que buscan los tratados internacionales es la capacidad jurídica con apoyo. Es que a esa persona se le pone, por ejemplo, un facilitador para administrar herencias, nada más”, indicó la directora del Senadis.
En otros datos aportados por el organismo se recalcó que, en América Latina, solo Costa Rica posee hace un año una ley sobre la capacidad jurídica de personas con discapacidad intelectual y experiencia en cuanto a su aplicación. A este país, se sumó recientemente Perú con una ley recién promulgada sobre la materia.
Asimismo, se indicó que, en un próximo encuentro de la OEA, se analizará la experiencia de cómo avanza la legislación para cumplir los objetivos de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas de 2006 y que fue ratificada por Chile en 2008.
La Comisión de Derechos Humanos fijó el mes de mayo para período de audiencias y votar, posteriormente, el proyecto en general.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS