La Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de la Defensa de Libre Competencia y la Comisión para el Mercado Financiero apelaron a inhabilidades con sus propios ámbitos de gestión y falta de tiempo. Los fiscalizadores del SII, en tanto, refutaron de plano la nueva instancia y pidieron que la facultad de fiscalización quede consignada solo para el Servicio, por la especificidad de la materia.
Semanas atrás, el Ejecutivo presentó su primer paquete de indicaciones al proyecto de modernización tributaria (boletín 12043), incluyendo la creación de una Comisión Antielusión destinada a conocer y resolver sobre la configuración de elusión, luego que el Servicio de Impuestos Internos (SII) detecte un caso y previo a la formulación de sanciones.
La propuesta del Gobierno considera integrar la nueva entidad con cinco miembros, entre los cuales se incluyen los titulares de la Fiscalía Nacional Económica, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Comisión para el Mercado Financiero, Ricardo Riesco, Enrique Vergara y Joaquín Cortez, respectivamente, quienes concurrieron este lunes a la Comisión de Hacienda para expresar su parecer sobre el nuevo organismo.
Las tres autoridades dijeron apoyar un mayor combate a la elusión y, en general, estimaron positivo crear una entidad colegiada e independiente, aunque optaron por no pronunciarse mayormente sobre la efectividad real de su institucionalización, estimando que ello es atribución de los parlamentarios.
Donde fueron muy claros y categóricos fue en pedir no ser considerados para el cargo que se les plantea, como integrantes de la citada Comisión Antielusión, apelando a inhabilidades respecto de sus actuales funciones y a falta de tiempo. En dos casos, incluso, se planteó también falta de especialidad en la materia, ya que no se tendría conocimiento sobre derecho tributario.
SII
El grupo parlamentario también recibió al presidente de la Asociación de Fiscalizadores del SII, Juan Apablaza, quien dijo que la visión contraria a la propuesta fue consensuada con la Asociación de Funcionarios del SII.
En primer lugar, recalcó que la Comisión Antielusión vulneraría el principio legal que determina que los impuestos y los gravámenes se determinan por ley, ya que un grupo de personas, independiente del Servicio, podría definir si es correcto que un contribuyente deba tributar y cuánto. Además, se refutó que los eventuales comisionados utilicen facultades que por ley están consagradas solo a los fiscalizadores del Servicio.
Asimismo, se sostuvo que, hoy en día, existe un procedimiento normado, conocido, que entrega certeza jurídica a las partes y que posee normas de debido proceso, con una instancia de apelación a las decisiones del SII, como son los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA).
En dicho plano, llamó a los parlamentarios a mantener las facultades en el Servicio, pudiendo requerir, de ser necesario, informes no vinculantes a las instituciones mencionadas, que completen el cuadro de evaluación.
En otra visión, el subdirector jurídico del SII, Miguel Zamora, presentó una visión positiva del proyecto y de las propuestas complementarias presentadas por el Gobierno, en particular de la Comisión Antielusión -que fue objeto del presente análisis-, recordando que también estaría integrada por el director del SII, con derecho a vos y voto.
Miguel Zamora informó, además, que hoy, en la práctica, ya opera en el Servicio un Comité como el que se propone funcione complementariamente junto a la Comisión Antielusión, punto que llamó la atención de algunos legisladores.
Reacciones parlamentarias
Para el presidente de la Comisión, diputado Daniel Núñez, las opiniones solo muestran cierto nivel de improvisación del Gobierno en esta materia.
"Ellos hacen una indicación, crean un organismo colegiado y no consultan a los actores públicos involucrados, lo que me parece una evidente improvisación y yo creo que esto demuestra una confusión y una confusión porque, a juicio mío, el Ejecutivo está permanentemente tratando de relativizar, de horadar una cláusula antielusión que es muy eficaz para combatir este mal que nos atinge, que es que los más ricos no paguen los impuestos que le corresponden", planteó.
Para el diputado Leopoldo Pérez, sin embargo, sería importante contar con una entidad que presente distintas visiones en la persecución de la elusión tributaria.
"Las normas generales antielusión establecen cuáles son consideradas actividades antielusivas, pero pueden haber muchas más que nosotros no conocemos, pero ciertas otras instancias que tenemos en el país y que nos hemos dado como sociedad y como Estado perfectamente podrían colaborar a perfilar que hay otro tipo de conformación de negocios, de precios, de transferencias, etc., que eventualmente podrían estar eludiendo el pago de los impuestos que todos los chilenos necesitamos", remarcó.
El diputado Giorgio Jackson estimó que puede surgir perfectamente una solución intermedia que estudie el Ejecutivo y presente en la próxima votación y que no insista en una norma que no va a generar consenso.
"Que esté en el Servicio, en el órgano administrativo, tal vez con sugerencias u oficios no vinculantes de parte de las distintas organizaciones y servicios públicos que nos vinieron a presentar hoy y que, luego, de todas manera, el que es afectado, eventualmente pueda recurrir a los TTA sino le parece lo que ejecutó el órgano administrativo. A mi me parece una mejor solución que entregarlo a un órgano que no es competente en estas materias, como bien lo expresaron hoy día nuestros invitados", evaluó.
La Comisión tiene fijado para el próximo miércoles 29 el inicio de la votación de este paquete de indicaciones y del artículo primero del proyecto de modernización tributaria, ocasión en que se espera se defina la forma en que se avanzará en la materia.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS