La instancia, que vino a ratificar lo planteado previamente por la Comisión de Educación, tomó el acuerdo unánime tras escuchar las opiniones del Colegio de Profesores y a de la Asociación Chilena de Municipalidades. La propuesta resuelve materias muy sentidas por el magisterio y que son parte del petitorio de su actual movilización.
Por unanimidad, la Comisión de Hacienda ratificó el planteamiento de su par de Educación y determinó que el proyecto que modifica el Estatuto de los Profesionales de la Educación en diversas materias de orden laboral (boletín 11780) no contempla normas que irroguen gasto fiscal, aspecto que será informado a la Sala por medio de un certificado que, además, sugerirá un cambio de orden formal.
El trámite obedeció a que los Comités Parlamentarios acordaron solicitar este análisis tras surgir dudas sobre el asunto, luego que la Comisión de Educación aprobara en enero pasado, en forma unánime, la propuesta originada en una moción.
Para dar cumplimiento al citado mandato, la instancia que encabeza el diputado Daniel Núñez (PC) se convocó de manera especial este lunes 10 de junio, teniendo como únicos exponentes al Colegio de Profesores y a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), dado que no concurrieron a la cita ni la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, ni el titular de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Rodrigo Cerca, así como tampoco quienes los reemplazaran.
En su presentación, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, resaltó que la propuesta es muy sentida por el magisterio, al avanzar en soluciones a problemas que se arrastran desde hace mucho tiempo y que son parte de las demandas que hoy los tienen justamente movilizados. Además, fue enfático en señalar que ninguna de las modificaciones implica gasto fiscal adicional -punto que les habría sido ratificado con anterioridad el Ministerio de Educación y la Dipres-.
Indicó que las materias dicen relación con terminar con los dobles contratos y validar las horas de extensión de jornada; asegurar el pago de las vacaciones en enero y febrero, resolviendo una controversia entre la Contraloría y la Dirección del Trabajo; y despejar una incongruencia que perjudica a los docentes que están por acogerse a retiro, que por eximirse de evaluación, se les obliga a renunciar y con ello quedan sin goce de los bonos post laboral y de retiro.
Por último, se regula, por medio de plazos perentorios, la asignación de cursos de perfeccionamiento en enero y febrero. Con la modificación legal, explicó Aguilar, se podrá conocer sobre el punto con la antelación debida, con el agregado que los cursos deberán ser visados por el CPEIP (Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas).
Jaime Velmar, secretario ejecutivo de la ACHM, dijo que ya hay camino avanzado respecto del pago de las vacaciones y sobre el otorgamiento de los bonos post laboral y de retiro. En este contexto, estimó que la dictación de las normas que abordan dicho aspectos en el proyecto no implicarían una modificación sustantiva.
Sin embargo, hizo alcances sobre las otras dos propuestas. Respecto de los cursos de perfeccionamiento docente, criticó que estos sean solamente acreditados por el CPEIP y que no se tomen en cuenta a las entidades que realizan asistencia técnica educativa (Ate); en tanto que sobre la titularidad de las horas, fue claro en señalar que los complica y que su implementación implicaría costo para los municipios.
Consenso parlamentario
Tras las exposiciones, los legisladores realizaron un amplio debate sobre los pasos a seguir, lográndose sobreponer el criterio transversal de apoyar el planteamiento de la Comisión de Educación, refrendado en la sesión por los diputados Manuel Monsalve (PS), Rodrigo González (PPD) y Luis Pardo (RN), en orden a que el proyecto no contempla materias que irroguen gasto fiscal y que, por tanto, no debía votarse en la instancia ninguno de sus artículos.
Además, se acordó, también por unanimidad, que el certificado que se lea ante el Hemiciclo sugiera un cambio de índole formal, dado que existe la referencia a la supresión de una norma, debiendo apuntar a otra.
El diputado Daniel Núñez valoró el consenso alcanzado, en orden a determinar que la propuesta no presenta impacto en las arcas fiscales, y destacó que los avances normativos representan "demandas muy justas de los profesores", cuya aprobación puede ayudar a resolver el paro del magisterio, que ya lleva siete días de desarrollo.
Además, junto con relevar la importancia que el proyecto sea prontamente visto por la Sala de la Cámara, lamentó la ausencia del Ejecutivo en el debate y que con su opinión diera una solución más rápida al asunto.
Manuel Monsalve recalcó que el proyecto aborda temas que son muy sentidos por los profesores, que se trabajaron en conjunto con ellos, al tiempo que destacó la decisión del grupo parlamentario. "Yo valoro que la Comisión de Hacienda haya reafirmado lo que pensó la Comisión de Educación, que no incide en la administración financiera del Estado y, por tanto, tiene que pasar de forma rápida a la Sala de la Cámara de Diputados", sentenció.
Patricio Melero consideró que la iniciativa representa un paso positivo para corregir una serie de situaciones que se vienen arrastrando en materia laboral y que afecta al profesorado y que la Comisión de Educación resolvió con buen sentido y de manera muy transversal. Asimismo, resaltó el acuerdo alcanzado hoy en Hacienda.
"Yo, después de escuchar al Colegio de Profesores y de escuchar a la Asociación de Municipalidades, creo que, más que irrogar o incidir en la administración financiera del Estado, lo que hay acá es una redistribución de recursos y que puede que le signifique a los municipios un costo, que tendrán que absorberlo, pero eso no incide en la administración financiera del Estado", precisó.
Finalmente, Mario Aguilar dijo quedar satisfecho con el resultado y expresó su anhelo que el proyecto sea visto pronto por la Sala, donde espera tenga posibilidades ciertas de que se vote favorablemente.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS