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Publicado 18/06/2019 10:30:00

Avanza investigación por “caso jueces” de Rancagua

Ante la instancia fiscalizadora expusieron el fiscal Nacional Metropolitano Sur, Héctor Barros, además de la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud.

Ante la instancia fiscalizadora expusieron el fiscal Nacional Metropolitano Sur, Héctor Barros, además de la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud.

La Comisión investigadora sobre el denominado “casos jueces” de la Corte de Apelaciones de Rancagua, recibió al fiscal Nacional Metropolitano Sur, Héctor Barros, además de la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud.

En la oportunidad, Barros se refirió, en términos generales, a las dos causas que tiene asignada la fiscalía en la materia, referidas a nombramientos ilegales y tráfico de influencia.

En ese tenor, indicó que las diligencias que se están realizando responden a una serie de toma de declaraciones, peritajes, referentes a evidencias que se han levantado, y revisión de la evidencia, para poder determinar si los involucrados serán formalizados, además, por algún delito.

La presidenta de la Comisión, diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), señaló que, si bien la investigación es secreta y no se pueden conocer más detalles, es importante que el proceso sea transparente y riguroso.

“Espero que esto sea rápido y acucioso y, por el bien de lo que está ocurriendo en la fiscalía regional, terminar lo antes posible con estos procesos”, acotó.

Asimismo, la parlamentaria agregó que se está trabajando en definir un protocolo para los casos en que un parlamentario quiera entrevistarse con un fiscal.

“Esta es una arista que nosotros también queremos investigar, por eso esperamos que, con ese protocolo, no exista esta relación entre lo político y la fiscalización que tenga que hacer de un delito, determinada fiscalía”, indicó.

Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN) manifestó que, si bien es valioso recibir la opinión del Ministerio Público, aún hay preocupación en lo relativo a los protocolos vinculantes dentro de este.

“Yo creo que nosotros tenemos que investigar hasta las últimas consecuencias y proponer las reformas legislativas, administrativas y políticas para mejorar la situación”, indicó.

La instancia tiene como plazo hasta el 13 de agosto para continuar la investigación, por lo que acordó efectuar sus dos últimas sesiones en Rancagua, con el propósito de seguir recabando denuncias, pero ahora en terreno.