La instancia, encargada de investigar los actos del Ministerio de Justicia y del Gobierno en lo relativo al nombramiento de denuncias sobre la conducta de jueces y empleados judiciales de la región de O’Higgins, escuchó a docentes de la Universidad de Chile y a representantes de la Biblioteca del Congreso Nacional.
La Comisión investigadora sobre el denominado “caso jueces” de la Corte de Apelaciones de Rancagua analizó, junto a docentes de la Universidad de Chile y representantes de la Biblioteca del Congreso Nacional, el rol que debe tener el Ejecutivo tanto en el nombramiento como en la remoción de los jueces.
La presidenta de la instancia, diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), se refirió a la facultad que, dijo, tiene el Presidente de la República, para presentar a la Corte Suprema, las complicaciones que puedan tener algunos jueces.
“Esa facultad la tiene el Presidente y no la usó para este caso, según lo expuesto por los docentes, porque ya existía cuaderno de remoción, desde la propia Corte Suprema. Sin embargo, para nosotros también es una facultad que debemos revisar”, argumentó la legisladora.
Por su parte, el diputado Pablo Vidal (RD) se refirió al desarrollo de la indagatoria que lleva la instancia y a las relaciones que deben existir entre los distintos poderes del Estado.
“Esperamos en el avance de la comisión poder ir teniendo conclusiones claras, respecto de responsabilidades políticas, y también propuestas de cómo poder mejorar la relación entre el Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo y el ministerio Público”, indicó el parlamentario.
La instancia abordó también la inasistencia del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, a la comisión y acordó reiterar la invitación para una próxima sesión.
“Para nosotros es muy importante la interpretación que el Contralor pueda hacer frente a la función de velar que tiene el ministerio de Justicia”, insistió la presidenta de la instancia.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS