El ministro de Defensa y el subsecretario para las Fuerzas Armadas explicaron los alcances del decreto presidencial que autoriza la colaboración de las ramas castrenses con autoridades civiles y policiales, para el combate del narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
La Comisión de Defensa conoció los detalles del decreto firmado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, que tiene por fin la colaboración de las FF.AA. con las policías, para el combate del narcotráfico.
El ministro de Defensa, Alberto Espina, explicó que dicha cooperación se aplicará en territorios fronterizos de la zona norte, donde las denuncias por narcotráfico han aumentado en 572%. Además, el 64% de las drogas incautadas proviene de dicho territorio, lo que representa un volumen que alcanza a 165, 5 toneladas.
Asimismo, informó que existen 89 bandas de crimen organizado, con cerca de mil personas dedicadas al tráfico de drogas.
Para materializar la colaboración, el ministro de Defensa tendrá la facultad de extender decretos supremos que ordenen la organización y distribución de unidades de las FF.AA., que tengan por objeto el despliegue de unidades aéreas, terrestres y/o marítimas para prestar apoyo logístico, de transporte y tecnológico.
Espina valoró los alcances hechos por la Contraloría, que restringe la actuación militar a ciertos aspectos como logística y transporte, sin que pueda conllevar su intervención en procedimientos operativos que impliquen ejercer funciones que competen privativamente a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Dichas medidas además, deben ser evaluadas obligatoriamente por el Ministerio del Interior.
El diputado Jaime Tohá (PS) indicó que existe consenso en la necesidad de combatir el narcotráfico, pero considera que el Ejército quizás no debería asumir estas labores.
“Hay un sentimiento unánime que el terma del narcotráfico y todas sus consecuencias es uno de los principales problemas que enfrenta Chile y el mundo. En términos generales, la propuesta del Gobierno a mi me parece bien, con las correcciones que hizo la Contraloría General de la República al decreto respectivo”, estimó.
El congresista apuntó que “también hay un tema de oportunidad y parece ser, que este no es el mejor momento para que el Ejército -que desgraciadamente ha tenido que vivir episodios muy lamentables-, asuma otra responsabilidad en un área que no le es propia, en términos permanentes”.
En tanto, el Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, respondió consultas parlamentarias, referidas entre otros puntos, a la capacitación del personal militar.
“Esto tiene que ver, más bien, con la polivalencia de los medios. Los medios y la preparación de nuestras FF.AA. están para que justamente puedan prestar este apoyo. Las labores de logística, transporte y esta tecnología es parte de su labor propia y, por lo mismo, están capacitados para ello”, sostuvo.
Agregó que “es importante que se tenga conciencia de que la presencia en frontera cuando se hace frente a otras cosas, tiene que tener una adecuada definición del entrenamiento y la preparación que tienen que tener para cumplir esa función”.
Por su parte, el diputado Osvaldo Urrutia (UDI) manifestó que le preocupan las normas de enfrentamiento que tendrá el personal castrense.
“Que tengan claridad sobre las normas o reglas de enfrentamiento, que son instrucciones que reciben y que deben ser capacitadas, que frente a cada hipótesis o a cada caso que se les presente, ¿cómo van a actuar?, ¿en qué momento va a usar su poder de fuego?, ¿si están o no facultados para detener?, ¿cuándo deben responder el fuego?, ¿con qué proporción deben responderlo?”, indicó.
“En fin, todas esas normas tienen que tenerlas claras los integrantes de las FF.AA., porque sino después se van a ver involucrados en hechos en que no los queremos, paseando por los tribunales, por a lo mejor, el exceso de uso de la fuerza”, recalcó.
Operación Topógrafo
La instancia también abordó las labores de espionaje realizadas en el marco de la Operación Topógrafo, donde se conoció que la Dirección de Inteligencia del Ejército DINE, realizó escuchas telefónicas a militares denunciantes de actos de corrupción y al periodista e investigador Mauricio Weibel, durante 2016 y 2017.
El ministro reiteró lo que le comunicó el Comandante en Jefe del Ejército, en orden a que las acciones de inteligencia se han hecho dentro del marco legal.
Dicha explicación, sin embargo, no dejó conforme a los parlamentarios de oposición. Entre ellos, al presidente de la instancia, diputado Jorge Brito (RD), que tiene dudas sobre la legalidad del procedimiento.
“No veo la relación de un periodista de investigación que destapó un fraude en el Ejército, que al momento alcanza 10 millones de dólares demostrados en tribunales de fraude al Fisco; y habrían otros 10 millones de dólares más, de uniformados que están siendo procesados”, consideró.
“Yo no sé cuál es la relación de un periodista de investigación que está para eso, y que creo, le hace un favor a la democracia, y no una afectación a la seguridad nacional”, agregó.
En tanto, el ministro Espina, que no profundizó respecto del tema, puntualizó brevemente que la denominada “Operación Topógrafo” ya se abordó en la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara, que es la encargada de fiscalizar las actividades de inteligencia.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS