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Publicado 26/09/2019 10:00:00

A Sala iniciativa sobre tutela laboral para funcionarios públicos

Con algunas indicaciones, la Comisión de Trabajo aprobó el proyecto que responde a tres mociones refundidas relativas al ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral, que ahora se amplía a trabajadores del sector público.

Con algunas indicaciones, la Comisión de Trabajo aprobó el proyecto que responde a tres mociones refundidas relativas al ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral, que ahora se amplía a trabajadores del sector público.

La tutela laboral es un procedimiento mediante el cual el trabajador reclama la violación de sus derechos fundamentales en su relación con el empleador, materia que fue abordada en un proyecto que refundió tres mociones (boletines 9476, 12322 y 12327), que permite ampliar su ámbito de aplicación y que fue aprobado esta semana por la Comisión de Trabajo de la Cámara .

La iniciativa, en segundo trámite legislativo, precisa que este procedimiento, contenido en el Código del Trabajo, ahora contemplará a todo tipo de trabajadores, incluidos los funcionarios de la administración pública, Congreso Nacional, Poder Judicial y de empresas públicas.

Para el diputado Gabriel Silber (DC), la propuesta significa un avance significativo, ya que entrega igualdad de condiciones a los trabajadores y resta una asimetría respecto de los funcionarios públicos que hoy no tienen esta posibilidad.

"Fue la doctrina, la jurisprudencia, la propia Corte Suprema, que en un fallo histórico, justamente, hizo posible esta vía directa por parte de los funcionarios públicos. Y este proyecto recoge, justamente, esa herramienta legal que pone a los funcionarios públicos en la posibilidad que, frente a situaciones graves de violación de sus derechos fundamentales, de discriminación, puedan recurrir directamente a los tribunales sin esperar, por ejemplo, un proceso administrativo o sumarial, muchas veces lento, muchas veces cargado de subjetividad, para pedir el amparo de los tribunales”, consideró.

El oficialismo presentó una indicación que establecía un pronunciamiento previo de Contraloría, norma que fue rechazada finalmente por la Comisión, lo que fue criticado por el diputado Ramón Barros (UDI).

“Era estipular un procedimiento que pudiese estar encabezado por la Contraloría, en términos de que es la Contraloría la que vela por los servicios públicos. Muchas veces se piden predicamentos respecto de ciertas situaciones y que pudiese actuar Contraloría para evitar judicializar y, nosotros, estimamos que quizás la Contraloría podía ser un elemento mediador, más rápido en su resolución”, indicó.

El legislador resaltó que su sector apoyó diversas disposiciones y que se abstuvo en otras, pero que respecto algunas materias hay oposición y dudas de su admisibilidad, por lo cual anunció que hicieron reserva de constitucionalidad de dichos aspectos.

Otras indicaciones

Entre las indicaciones aprobadas, hubo una que incluyó en esta propuesta a los trabajadores que se desempeñen en el Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Servicio Electoral, Contraloría y Consejo de Seguridad Nacional.

Además, se especificó que, cuando el juez declare un despido como discriminatorio por infringir lo dispuesto en el Código del Trabajo y este, además, sea calificado como grave, el trabajador podrá optar entre la indemnización que corresponda o su reincorporación al cargo.

Tras su despacho, este proyecto de tutela laboral para los funcionarios públicos quedó en condiciones de ser visto por la Sala de la Cámara.