A la Comisión de Derechos Humanos asistieron el padre, la madre y la hermana de este joven que según el Ejercito de Chile se habría suicidado, afirmación que se contrapone con las pruebas del caso, las que demostrarían que el Cabo del Ejercito realmente habría sido asesinado por descubrir un desfalco.
El joven de 19 años murió el 6 de septiembre del 2002, después de haberse desempeñado por un año en el Departamento de Tesorería y Finanzas del Comando de Salud (Cosal) de ese cuerpo uniformado. Las dudas sobre las circunstancias de su deceso surgieron de forma inmediata en sus familiares, quienes al ser enterados de su fallecimiento, denuncian haber sido retenidos en su domicilio por la misma patrulla militar que llegó a informarles la situación.
Según explicaron los familiares, el Ejército les habría ocultado que sus restos se encontraban en el Servicio Médico Legal (SML) y se les habría señalado que el cabo Morales se habría suicidado con un tiro de corta distancia y que éste habría estado bajo la influencia del alcohol, ya que su sangre registraba 1,2 grados etílicos.
Pese a ello, cuando los uniformados se retiraron del inmueble, la familia procedió a abrir el ataúd y filmar las múltiples laceraciones que presentaba el cuerpo. Estos hechos se sumaron al antecedente de que a pocas semanas antes de su muerte, Orlando Morales Pinto le contó a su hermana que se encontraba investigando un supuesto desfalco de más de 120 millones de pesos ocurridos en su repartición, hecho que pensaba revelar públicamente.
Tras largos años de investigación en el Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, el caso habría sido cerrado el año pasado, lo que dejó totalmente disconforme a la familia, quienes aseguran que el caso esta siendo tapado por los altos mandos del Ejército, asegurando en la sesión tener antecedentes que prueban que quien mató a su hijo sería Javier Vásquez Ibáñez, Sargento Segundo que hoy se encontraría trabajando en San Bernardo.
Orlando Morales, padre de Morales Pinto, dijo que lo que buscan es que “los criminales de mi hijo sean encarcelados, porque la jueza que llevó el caso sabe quienes son, todos lo saben, pero la jueza en reiteradas ocasiones nos ha dicho que ella no se va a quemar con el caso de mi hijo. Todos sabemos que a mi hijo lo mataron”.
Aseguró que “Vásquez es el hombre que mató a mi hijo, ya tiene dos asesinatos a su haber y ahora está inculpado por el caso de mi hijo, pero pese a ello, sigue trabajando en el Ejército, por eso yo no sé que mentalidad tendrán los altos mandos del Ejército que aún lo mantienen en la institución”.
Frente al testimonio, el diputado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Fidel Espinoza (PS), sostuvo que “es impactante que en nuestro país no sólo hayan crímenes a los derechos humanos no resueltos por la justicia en aquellos años tan dolorosos que dividieron a todos los chilenos, sino que sigan ocurriendo ahora en democracia”.
“Es lamentable que el Ejército se haya involucrado en un hecho tan lamentable como el que escuchamos en donde tratan de hacer pasar la muerte de un joven conscripto como un suicidio”, agregó e informó que se acordó como comisión solicitar el apoyo jurídico de una organización experta en el asunto con la finalidad de levantar el sobreseimiento temporal que tiene la causa.
El diputado Joel Rosales (UDI), señaló que “después de escuchar que durante 10 años el padre de este joven ha dormido en el cementerio, clamando justicia, nos conmueve y nos compromete a poder requerir antecedentes a los servicios del Estado, en este caso el Ministerio de Defensa y al Ministerio de Justicia y a todos los entes del estado que puedan contribuir y colaborar a que esta causa se resuelva”.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS