CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados volvió a dar curso al análisis del proyecto de ley que establece un sistema de autorización y el régimen de administración de las ferias libres y los derechos de los comerciantes que ejercen sus actividades profesionales en ellas (boletín 3428).

La propuesta ingresó a trámite legislativo como mensaje en diciembre de 2003 y, tras altos y bajos, dejó de ser discutido en octubre de 2007 por la Comisión de Gobierno de la época. El 6 de noviembre de 2018, sin embargo, los Comités Parlamentarios acordaron rescatar la iniciativa y destinarla esta vez a evaluación a la Comisión de Economía, que inició ya el periodo de audiencias respectivas.

En este contexto expuso Héctor Tejada, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (Asof), quien explicó a los diputados que la falta de acuerdo sobre la materia motivó en su momento el estancamiento del trámite.

Asimismo, destacó la importancia de avanzar en la materia. "Que podamos tener seguridad en el permiso que nos permite trabajar en la vía pública o en otros lugares, que podamos administrar la feria, que tengamos acceso a la capacitación para poder producir el cambio real de la feria y dar un mejor servicio (…). Entonces, para que esto fuera realidad y surjamos necesitamos una política pública que integre a su interior todos estos elementos y eso es el proyecto de ley que construimos tiempo atrás con los diputados de la época y que hoy ha vuelto a ponerse en el tapete de la conversación", resaltó.

En la oportunidad también expusieron representantes de los Ministerios de Vivienda y de Transportes. En el primer caso, se entregaron referencias generales y propuestas de perfeccionamiento puntuales; en tanto que los segundos plantearon consideraciones mayores, entre otras, para condicionar la autorización de instalación o de cambio de una feria libre a un informe técnico de la seremía de transportes respectiva; considerar espacios para vehículos de emergencia; y definir condiciones para la instalación, operación y retiro de los locales y materiales.

La Comisión que preside el diputado Alexis Sepúlveda (PRSD) valoró los antecedentes aportados y permitió ir generando posiciones respecto de la materia, tal como expuso el diputado Pedro Velásquez (IND).

"Yo soy partidario en lo particular de que los feriantes, en las calles que utilicen, sean concesionadas; que ellos tengan la responsabilidad de administrarla; que tengan los servicios higiénicos; que tengan sus propios comités de disciplina y, en resumidas cuentas, también, el tema que falla permanentemente por parte de los municipios, el tema de la seguridad, cuando ellos podrían perfectamente contratar guardias de seguridad para mejorar el servicio. De tal manera que es un proyecto que se está discutiendo, que va por un muy buen camino y esperamos que este proyecto finalmente salga en el presente año", comentó Pedro Velásquez.

Para el diputado Diego Schalper, el punto parte de un pregunta básica, como es si Chile requiere de una ley de ferias libres.

"Eso tiene que ver si vamos a mantenernos como es hoy día, que cada municipio de una u otra forma regula el tema como quiere o vamos a hacer una ley general que toque temas que son generales. Por ejemplo, que cosas se pueden vender en una feria; cuál es el estatuto del feriante; cómo se comportan las ferias como colectivos; cuál es la estabilidad o precariedad de los permisos que reciben; cuáles son las normas que les vamos a exigir en temas tributario, previsiones, en accidentes del trabajo y, por lo tanto, cómo vamos a hacer una ley marco. Yo soy partidario de que tengamos una ley marco que después los municipios eventualmente puedan tener ciertas flexibilidades", planteó.

En otro marco de cosas, la Comisión inició también la discusión de un proyecto (boletín 12099) que perfecciona la Ley de Protección al consumidor y que es impulsado por la diputada Sofía Cid, quien expuso ante el grupo parlamentario sobre los principales lineamientos de la iniciativa que vendría a llenar un vacío en cuanto a las obligaciones de las instituciones cuando sean vulneradas sus bases de datos.

"Este proyecto es muy pequeño solo dice que todas las instituciones, públicas o privadas, que manejan base de datos y que tengan un ciberataque o robo de información tienen que informarlo al usuario y al Sernac", precisó la legisladora.

Acotó luego que la información podrá hacerse llegar tanto por la vía de internet, pero también a través de papel u oficinas de atención al cliente. "Buscar la fórmula de que llegue la información y que sepamos realmente que nuestros datos han sido, están en manos de otras personas o en otro lugar y también esto va a ir de la mano, obviamente, de que cada institución se preocupe más e invierta también en seguridad de esta base de datos", agregó.

Para la continuidad del análisis de esta iniciativa la Comisión esperará el informe del Ministerio de Economía, respecto de otro proyecto ya en trámite que aborda la temática de los datos personales y pro de identificar la mejor vía para tramitar la moción, si darle curso por separado o evaluar su integración a la ya existente.