Mientras que el Ejecutivo aseguró que hay holguras fiscales suficientes para financiar "responsablemente" la reforma; el sector opositor le entregó un listado de diez propuestas, entre ellas un aumento inmediato de las pensiones del 20% de los actuales jubilados. En este contexto, la Comisión de Trabajo aun no fija fecha de votación en general y urgencia vence el próximo jueves.
A días de que venza la urgencia impuesta por el Ejecutivo respecto del proyecto de reforma previsional (boletín 12212), concretamente este jueves 9 de mayo, el Gobierno y legisladores/as de oposición confrontaron en el seno de la Comisión de Trabajo sus distintas posiciones en torno a la propuesta legal.
En la sesión de ayer en la tarde (el grupo parlamentario realizó dos sesiones), la citación estaba fijada para estudiar la iniciativa desde el punto de vista del financiamiento, para lo cual asistieron los ministros de Hacienda y de Trabajo, Felipe Larraín y Nicolás Monckeberg, respectivamente, y el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda.
Felipe Larraín, principal orador de la jornada, recordó que los focos de la reforma de pensiones son: mejores beneficios para 1,6 millones de pensionados del Pilar Solidario, desde el primer año de vigencia de la ley; nuevos beneficios para 460 mil pensionados de clase media; beneficios para más de 185 mil pensionadas mujeres de clase media, desde el segundo año de vigencia de la ley; y mayores pensiones de vejez futuras para más de 4,3 millones de cotizantes, que hoy tienen menos de 50 años de edad, desde que se pensionen.
Al analizar el impacto fiscal, sostuvo que el conjunto de medidas representará un gasto equivalente al 0,89% del PIB, una vez que la reforma entre totalmente en régimen. Dentro de este costo, especificó, uno de los más significativos sería el aporte al Pilar Solidario, que se proyecta parta representando el 0,03% del PIB en el año 2020; llegue a un máximo de 0,32% del PIB entre los años 2023 y 2049; y se estabilice en 0,31% hacia 2050.
El secretario de Estado afirmó a los/as parlamentarias que existen las “holguras fiscales suficientes para financiar responsablemente la reforma de pensiones” y remarcó que, bajo el predicamento de que una propuesta como esta se debe financiar con una reforma tributaria, nunca hubiesen aprobado el cambio previsional de 2008.
Propuestas de la oposición
Pero en esta misma sesión (lunes 6 de mayo), previo a las exposiciones de los ministros de Hacienda y de Trabajo, la oposición entregó a los secretarios de Estado un documento con diez propuestas que esperan sean acogidas como condición para aprobar la idea de legislar de la iniciativa, cita que aún no ha sido fijada a la fecha.
El texto considera, en primer lugar, un aumento inmediato de las pensiones de los actuales jubilados en, al menos, un 20%, ya que, según señala el documento, “la propuesta no abordaría adecuadamente el problema de las bajas pensiones”.
Por otro lado, se propone “incrementar la tasa de cotización incorporando elementos de solidaridad en el pilar contributivo”. En ese sentido, se describe que la solidaridad tiene que tener como norte entregar mayor seguridad a los ingresos en la vejez, de forma sustentable y con incentivos adecuados.
Asimismo, se plantea fortalecer el rol de Estado, teniendo en cuenta, según describe el texto, que uno de los principales problemas que detecta la oposición en la propuesta del Gobierno es que la creación de nuevas instituciones privadas que administren los contratos individuales “generará una mayor concentración en las AFP, las que serán operadores por defecto, excluyendo la posibilidad de un rol protagónico del Estado”.
En el mismo contexto, se busca ampliar la cobertura del pilar solidario al 80% de las familias, para avanzar en el mediano plazo hacia un piso de protección social universal, sin modificar la lógica de derechos.
El escrito también detalla que un elemento clave es que el Gobierno asegure un “financiamiento sustentable de los compromisos fiscales, donde a nuevos gastos permanentes se asocien nuevos ingresos permanentes”.
En relación al incremento total de la cotización al pilar contributivo, la oposición espera que el Ejecutivo contemple la creación de “una institución pública, que administre toda la cotización adicional, bajo una lógica de seguridad social”. En esa línea, se propone un organismo sin fines de lucro, que opere de forma simple y con mecanismos por defecto.
Con respecto a las modificaciones al sistema contributivo y el Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión, la oposición propone que “el Gobierno licite un sistema único de cobranza, donde no participen, ni directa ni indirectamente, las AFP, y que abarque a todos los actores de la seguridad social”.
Si bien el texto valora el subsidio y seguro de dependencia propuestos, advierte que “su cobertura (personas con dependencia severa y de 65 y más años de edad) y los montos son insuficientes y deben ser abordados en un contexto más amplio de seguridad social, que profundice el rol del Estado, avanzando gradualmente hacia un sistema integral de cuidados de personas con dependencia”.
Por último, el documento indica que la propuesta del Ejecutivo no se hace cargo de una reforma profunda al sistema de pensiones de las FF.AA. y de Orden y Seguridad que, entre otras cosas, introduzca una “mayor equidad” en relación al sistema civil. En ese ámbito, los opositores proponen “conformar una Comisión Especial amplia, técnica y participativa que derive en recomendaciones para un nuevo sistema de pensiones” para esas instituciones.
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