El proyecto de ley fue aprobado por el Congreso en enero de este año y contempla medidas para palear los efectos de la crisis económica para este año. Este tema será tratado en uno de los capítulos del programa "Leyes Aprobadas", que transmitirá CDTV durante el mes de febrero.
Todos estos programas pueden ser visto a través de la frecuencia de cable del Canal de la Cámara de Diputados, o en la página web de la emisora.
Esta iniciativa (Ley Nº 20.328) que fue analizada por las Comisiones de Trabajo y Hacienda, modifica la ley N° 19.728 para ampliar la cobertura del Seguro Obligatorio de Cesantía, incorporando a trabajadores contratados a plazo, para una obra, trabajo o servicio. Además, establece la obligación del empleador de aportar al Fondo de Cesantía Solidario.
La ley aprobada permitirá de esta manera, reforzar el plan de estímulo fiscal destinado a reducir los efectos de la crisis económica internacional en nuestro país. Hoy contamos con una nueva ley que extiende los beneficios del seguro de cesantía a los trabajadores contratados a plazo fijo, por obra, trabajo o servicio determinado.
Los nuevos requisitos para acceder al fondo de cesantía solidario son: 12 cotizaciones en los últimos 24 meses, de las que sólo las últimas tres deben ser continuas y con el mismo empleador. Lo mismo rige para los trabajadores con contrato indefinido y a plazo fijo.
Cuando los índices de desempleo nacional excedan el promedio de los últimos cuatro años, se pagará a los trabajadores con contrato indefinido, un sexto y séptimo mes de beneficio, que corresponderá al 25% del sueldo. Aquellos trabajadores contratados a plazo fijo tendrán derecho a un tercer giro en dichas circunstancias, del 30%.
La nueva norma establece además un sistema de información laboral y crea la bolsa nacional de empleo, cuya administración será adjudicada mediante licitación pública, y su retribución será financiada por el fondo de cesantía solidario.
Ley que protege a temporeros
Otra de la leyes aprobadas durante el 2008, fue la Nº 20.308 que precisa que todo plaguicida deberá distribuirse en envases sellados, en recipientes aprobados para el producto que se trate y con etiquetas en que se indique, en español y en forma indeleble, la composición del producto y las instrucciones para su uso correcto y seguro.
Lo anterior debido a que la inadecuada manipulación de productos fitosanitarios o plaguicidas se ha transformado en un problema de salud pública, ya que produce efectos crónicos tanto en la salud de quienes los operan, como para los transeúntes que, pasivamente, reciben éstos agentes tóxicos.
La ley también propone que si al aplicar plaguicidas se causan daños a terceros, ya sea en forma accidental o como consecuencia inevitable de la aplicación, los afectados podrán demandar judicialmente la indemnización de daños correspondiente, dentro del plazo de un año desde que se detecten los perjuicios.
También se impone al empleador de trabajadores agrícolas, permanentes y transitorios, que realicen labores que supongan contacto con pesticidas, plaguicidas o productos fitosanitarios tóxicos, la obligación de proporcionarles información suficiente sobre el correcto uso de estos productos y de los riesgos derivados de su manipulación.
Medidas para enfrentar la crisis económica
Otro de las leyes importantes aprobadas durante el mes de enero del 2009 fue el proyecto presentado por la presidenta Michele Bachelet, que contemplaba un paquete de medidas por 4 mil millones de dólares para enfrentar la actual crisis económica (Ley Nº 20.326) y que contemplaba un conjunto de normas transitorias de incentivo tributario.
Entre estos beneficios se contempla un bono de $40 mil por carga familiar para los beneficiarios del subsidio único familiar, los receptores de la asignación familiar y para las familias del sistema Chile Solidario, cuyo ingreso mensual a diciembre sea igual o inferior a los $441.274.
El texto legal también contempla que para las personas que trabajan a honorarios, recibirán en septiembre de 2009 la devolución del impuesto a la renta correspondiente al año tributario del 2010. Este anticipo tendrá un valor máximo de $250 mil.
Asimismo, se elimina el impuesto de timbres y estampillas en todas las operaciones de crédito durante este año y reduce la tasa a la mitad para el primer semestre de 2010.
Con relación a las PYMES, estas también se verán favorecidas, puesto que se les reducirá de forma transitoria en un 15% el pago provisional mensual. Esta rebaja será de un 7% para las empresas de mayor tamaño.
Finalmente, la nueva ley entrega un aporte extraordinario de 41 millones de dólares al Fondo Común Municipal, destinados a apoyar su tarea de servicio e inversión en las comunidades locales.
Declaración de nulidad de elección de alcaldes y concejales
Otra de las iniciativas aprobadas por el Congreso fue la que introdujo diversas modificaciones en las leyes Orgánicas Constitucionales sobre Gobierno y Administración Regional; de Municipalidades; sobre Votaciones Populares y Escrutinios y sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.
Así el Gobierno buscó establecer un procedimiento permanente para regular los efectos de la declaración de nulidad de una elección de alcalde y concejales, con respecto a la subrogación de estas autoridades y la facultad para elegir a los miembros del consejo regional.
La iniciativa norma la situación producida por la declaración de nulidad de una elección de concejales que hace imposible la constitución de los colegios electorales provinciales (integrado por los concejales), para los efectos de la elección de los consejeros regionales.
Tratándose de la declaración de nulidad de la elección de concejales, las funciones de éstos serán desempeñadas por los cuatro funcionarios que en jerarquía sigan al alcalde, con exclusión del juez de policía local, hasta la instalación del nuevo concejo.
Si la elección anulada corresponde a la de alcalde y concejales, las atribuciones serán desempeñadas, en conjunto, por los 4 funcionarios en ejercicio que sigan al alcalde en orden de jerarquía, con exclusión del secretario municipal y del juez de policía local, hasta la instalación de las nuevas autoridades.