Según expuso el Ministro de Obras Públicas y el Delegado Presidencial para los recursos hídricos, se esperará a tener primero un informe completo sobre la situación nacional, así como un análisis detallado de las propuestas en trámite y su correlación con el programa fijado por la Presidenta Bachelet.
Para el segundo semestre de este año postergará el Ejecutivo la agenda legislativa del “agua”, con el objeto de tener primariamente un informe completo sobre el cuadro nacional y un estudio detallado de las propuestas en trámite y su correlación con el programa fijado por la Presidenta Michelle Bachelet, según informaron esta semana el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y el Delegado Presidencial (DP) para los recursos hídricos, Reinaldo Ruiz.
“En junio vamos a tener el informe del Delegado Presidencial para poder entrar después de ello en el diseño de políticas específicas y de la normativa”, ratificó el Ministro ante la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara, instancia que preside el diputado Luis Lemus (PS).
El Secretario de Estado destacó que el DP desarrollará una propuesta que tomará en consideración las acciones de las distintas entidades del aparato público ligadas al tema, esto es, más de 41 instituciones en nueve Ministerios. Adelantó que dicho trabajo deberá tener como foco, tanto para la construcción de obras de infraestructura como para la generación de políticas relativas al recurso hídrico, contribuir a que Chile sea un país desarrollado y a contrarrestar la desigualdad.
En materia legislativa dijo que una de las prioridades estará puesta en impulsar una reforma constitucional destinada a declarar el agua como un bien nacional de uso público. “Es curioso que todavía haya gente que esté en contra de ello, hoy sólo lo dice la legislación, pero al no estar en la Constitución hace que finalmente no pueda ser aplicable que el Estado tome medidas en las cuencas donde hay escasez”, planteó.
Otras dos iniciativas que se gestionarán es promover la participación de los usuarios en los procesos tarifarios y el fortalecimiento de la Dirección General de Aguas (DGA). Sobre este último punto indicó que los estudios apuntan a que la dotación de personal debería crecer en un 40% (99 funcionarios), sólo para cumplir con las actuales tareas que se le asignan. En todo caso, confidenció que los proyectos dependerán finalmente de la propuesta presentada por el DP y las decisiones que adopte la Presidenta.
Sobre los proyectos en trámite, señaló que se estudiará la presentación de algunos perfeccionamientos a una propuesta sobre agua potable rural y saneamiento, que se encuentra en segundo trámite en el Senado, así como el vigente en la Cámara de Diputados que aborda el tema de la gestión de los recursos hídricos, que estimó puede ser una antesala de la reforma constitucional.
En otras líneas, comunicó que la política nacional de recursos hídricos contemplará un trabajo cuenca por cuenca; el estudio de las alternativas para avanzar en una “carretera hídrica “ (trasladar el recurso desde donde hay superávit a donde hay déficit); y el desarrollo de una visión más amplia en materia de embalses, que puede incluir la opción de obras concesionadas y la ejecución de pequeños o mini embalses, que serían más baratos, más rápidos de construir y con menor impacto medioambiental.
Reinaldo Ruiz explicó que las tareas presentarán tres líneas temporales: las de mediano y largo plazo, que pasan por la ejecución de obras, la creación de políticas y la agenda legislativa, y las de corto plazo, que apuntan principalmente a acciones tendientes a remediar los efectos de la emergencia hídrica y las consecuencias del terremoto del norte del país.
El Delegado recalcó que Chile, al igual que el resto del mundo, enfrenta las consecuencias del cambio climático, que no sólo implica una mayor recurrencia de la sequía, sino también variaciones en los depósitos de nieve, dado que donde otrora caía nieve hoy cae agua.
Alertó que “Chile tiene una disponibilidad de agua impresionante”, 60 mil metros público, por persona al año (en el mundo el promedio es de 6 mil y las Naciones Unidas estiman que para que una comunidad se mantenga en nivel adecuado de supervivencia necesita 2 mil), pero recalcó que el problema es que esa agua está desigualmente distribuida en el país, concentrándose la mayor parte en el sur.
Criticó la forma en la cual las aguas han sido “apropiadas”, gracias a la reforma impulsada en el Código de Aguas en 1981, derivándose de un bien de uso público que se adquiere a costo cero a un instrumento transable en el mercado. “Tenemos que entregarle atribuciones al Estado para que pueda intervenir en aquellas zonas que son críticas. En el programa de la Presidenta se establece claramente que habrá una definición de derechos de agua con fines sociales, eso hoy tenemos muy pocas posibilidades de lograrlo”, recalcó, apelando a la urgencia de materializar la citada reforma constitucional para avanzar en esta materia.
Opiniones
El diputado Daniel Núñez (PC) estimó que hay clara conciencia del Ministro sobre de la gravedad del problema de la escasez hídrica en el país y valoró en este plano el aporte que puede entregar el DP, en el sentido que este es un tema que se irá a terreno rápidamente. “Él se comprometió a entregar en junio un informe a la Presidenta Bachelet y en agilizar los decretos de zona de catástrofe que permita tomar las medidas inmediatas para ir en ayuda de la gente más necesitada. Desde este punto de vista fue una reunión muy productiva, aun cuando fue la primera de un ciclo”, precisó.
Dijo tener serias dudas sobre impulsar un modelo de concesiones para los embalses en zonas afectadas por la sequía y sostuvo que será una materia que habrá que revisarla severamente.
Reconoció que el problema de escasez hídrica no es fácil de resolver y estimó que éste no se resolverá solo con la mencionada “carretera hídrica”, sino que también con el uso de agua de mar; el manejo racional y sustentable del recurso; y con una redistribución de los derechos de agua sobre la base de la propiedad pública. “Estamos muy interesados ya que se abrió un espacio para discutir y avanzar en el sentido que el agua vuelva a ser propiedad de todos los chilenos”, enfatizó.
El diputado Gaspar Rivas (RN) también calificó positivamente el encuentro y destacó la oportunidad de discutir un tema que es de alta preocupación de la ciudadanía, como es el de la escasez hídrica.
Expresó su interés de que el Ministerio de Obras Publicas cree bajo su alero una Subsecretaría de Recursos Hídricos, de modo de mejorar y ampliar las facultades de las principales instituciones involucradas en el tema, es decir, la DGA y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH).
Consideró positiva la opción de concesionar la construcción de embalses, cuando el Estado no tenga la capacidad de hacerlo con recursos públicos. “De esa manera se podrá satisfacer prontamente las necesidades de acopios de agua para la población”, comentó.