Avanza análisis de la acusación constitucional contra ministro de Educación
La comisión que analiza el libelo acusatorio continuó escuchando las exposiciones de diversos expertos e invitados. Durante esta semana, la instancia también recibió por escrito la contestación del secretario de Estado. La votación se realizará el martes 11 de julio y la Sala abordaría el tema el día 12 de julio.
Sigue su ritmo de análisis de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, la comisión especial encargada de tal cometido.
Ayer, la instancia recibió al exdirector de la Junaeb, Cristóbal Acevedo. El personero se refirió a dos licitaciones del organismo que hace referencia el texto acusatorio. Indicó que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas adjudicó $3.500 millones de pesos por 30 raciones de alimentos a una empresa.
Lo anterior, abrió el debate en el grupo parlamentario. Ello, en torno a si los antecedentes entregados por Acevedo pueden ser o no juzgados en el contexto de la acusación constitucional. Esto, debido a que la instancia sólo puede abocarse a su mandato.
Por otro lado, la comisión escuchó los planteamientos del asesor jurídico de la Corporación Comunidad y Justicia, Vicente Hargous. El personero detalló los argumentos del libelo acusatorio y aseguró que los hechos mencionados han causado una profunda y legítima preocupación en la sociedad civil, específicamente en los padres.
“En Chile se está intentando implementar un modelo ideológico e indeterminado de educación sexual, que dice ser neutro, pero que no considera las convicciones de cada familia”, sostuvo.
Agregó que esto constituye un “incumplimiento grave” del deber del Estado de otorgar especial protección al ejercicio del derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Asimismo, que el principal responsable de dicho incumplimiento es el ministro de Educación, ya que “a él le corresponde supervigilar esto”.
Otros expositores
En otra jornada de análisis de la acusación constitucional, la instancia escuchó a Jaime Veas, director nacional de Educación Pública. En su exposición, Veas se refirió a este sistema e insistió en que requiere una mirada de Estado. Adicionalmente, relató el trabajo que realiza en este ámbito como dirección nacional.
El grupo parlamentario también escuchó las exposiciones de Ingrid Bhon, presidenta y vocera de la agrupación “Con mis hijos no te metas”; de Pablo Méndez, profesor de derecho administrativo; y de Patricio Zapata, abogado y académico de la Pontificia Universidad Católica.
Este último, afirmó que la acusación es una herramienta de última ratio, por lo que el texto presentado en esta oportunidad “le hace un daño a la democracia”.
“Aquí no justifico nada que constituya una auténtica infracción de ley o de Constitución. No me basta con que aludan a principios constitucionales (…). Reservemos la acusación para casos en los que se justifique”, indicó.
Antes del término de la sesión, el abogado del ministro Ávila, Francisco Cox, leyó un comunicado entregado por la Junaeb, el cual ahonda sobre los dichos del exdirector Acevedo.
El texto asegura que los montos a los que se alude, por la licitación de los alimentos, corresponden a contratos firmados, previo a la llegada de este Gobierno. Asimismo, detalla que no es factible que se hayan entregado 3.500 millones de pesos por 30 raciones de alimentos, entre otros puntos.
Pasos siguientes en la acusación
La comisión ya recibió la contestación por escrito del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, por lo que continuará recibiendo audiencias solo hasta el próximo lunes 10 de julio. Ello, ad-portas de lo que será la votación de la procedencia del libelo acusatorio, el próximo martes 11 de julio.
Cabe recordar que la instancia realiza una recomendación a la Sala, respecto a si la acusación es o no admisible. Será finalmente el pleno de la Cámara el que decida qué opción tomará, hecho que se realizaría el próximo miércoles 12 de julio.
En dicha oportunidad, la Sala podrá tener dos etapas de análisis de la acusación constitucional. La primera fase es la denominada “cuestión previa”, que se revisa solamente si la Defensa apela a dicha herramienta. Ella apunta a impugnar la procedencia formal del libelo, esto es, si se ajusta a los requisitos exigidos por la Constitución para su presentación. De presentarse y aprobarse, la acusación se entenderá por no presentada.
De rechazarse la cuestión previa o de no ser apelada por la Defensa, se pasará al análisis de fondo. Tras ello, se procederá a la votación de la admisibilidad de la acusación. De rechazarse, el proceso concluye. Si se aprueba la admisibilidad, en cambio, se seleccionará un equipo de tres diputados/as para defenderla ante el Senado, que actuará como jurado.