Contrapuestas posiciones expresaron juristas por la acusación en contra de la ministra del Interior
La comisión de acusación constitucional recibió al abogado penalista de la Universidad de Chile, Jaime Winter, quien desestimó gran parte de las observaciones contempladas en el libelo. Por otra parte, el profesor de Derecho Público de la PUC, Jorge Baraona, calificó como graves algunas de las menciones del texto y defendió la oportunidad de la presentación de esta medida.
La instancia que revisa la procedencia del libelo acusatorio en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches, continúa con la ronda de audiencias. En la presente sesión expuso, en primer lugar, el abogado Jaime Winter, del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile.
A su juicio, existe un problema en el enfoque de la acusación, ya que no es de carácter personal y apunta a la institución del Ministerio del Interior. Igualmente, se enfoca en hechos que vienen arrastrándose desde antes, es decir, de otros gobiernos. En tal plano, resaltó que la cartera no es susceptible de acusación.
En lo principal, se refirió al capítulo uno referido al retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado por delitos cometidos en el marco del estallido social. Indicó que la medida no ha tenido ningún efecto, porque nadie se encontraba en prisión preventiva. Así, no generaría, según su opinión, impunidad. Esta visión fue refutada por diputados acusadores, ya que se rebajaría la pena de ciertos delitos.
Explicó que la Ley de Seguridad Interior del Estado actúa de dos maneras:
- Agravando las penas de un delito. Pero el retiro de querellas no implica que el Ministerio Público no siga investigando el delito remanente. Es decir, no afecta la persecución penal.
- Cuando se persigue solo un delito por dicha ley. En tal caso se estima como una herramienta política para resolver conflictos y tiene iniciativa exclusiva de acción del Ministerio del Interior.
Otros capítulos
Jaime Winter también se refirió al capítulo dos, sobre la falta de denuncia en el atentado en contra de la ministra Siches, en Temuicuicui. Indicó que no es necesario que la ministra haga la denuncia cuando la investigación se inicia de oficio en la Fiscalía o cuando se presenta un parte policial del hecho.
Winter consideró que no hay inejecución de la ley porque, en estos casos, hay una facultad discrecional y no hay obligación de presentar una querella. Cuando la investigación se inicia, el tema ya está resuelto, expresó.
Respecto al capítulo sobre la ausencia de denuncia contra Héctor Llaitul por sus declaraciones de llamado a la resistencia armada, planteó que la Ley de Seguridad Interior del Estado es una herramienta que se puede o no usar. Esto, ya que también existe un espacio de discrecionalidad para ello. Agregó que ya se investiga a la Coordinadora Arauco Malleco por otros delitos ocurridos y, en este caso, no se actuó ante dichos.
Uso término “Wallmapu“
Posteriormente, fue el turno del profesor de Derecho Privado de la PUC, Jorge Baraona. Reivindico la facultad de diputadas y diputados de fiscalizar y presentar acusaciones constitucionales. Y declarar si hay o no al lugar. Mientras, el Senado cumple un rol de jurado contra una autoridad. Estimó que dicho mecanismo analiza si una conducta jurídica-constitucional es reprochable y si se han infringido normas constitucionales.
Agregó que la acusación no es un juicio solo jurídico, sino también político. Además, rechazó la idea de que sea de “ultima ratio”.
A diferencia del abogado Winter, que planteó que el uso del término “Wallmapu” es trivial, Baraona lo consideró como el más grave del libelo.
Dijo que tiene muchas connotaciones. “Es evidente el problema que existe en La Araucanía y es un riesgo de reivindicación territorial para Chile y Argentina”, sostuvo. Consideró que es un lenguaje que genera un desastre diplomático con Argentina, no trivial, sino de máxima gravedad desde el punto de vista constitucional.
Otro punto que cuestionó es no querellarse por las declaraciones de Héctor Llaitul. Evaluó que, con ello, la autoridad puso en riesgo la seguridad del país y del orden público, lo que también calificó de grave desde al ámbito constitucional.
Defensa de la ministra
En la sesión se informó que la contestación de la ministra Siches ya se entregó por escrito. La abogada Elisa Walker estuvo presente en la sesión y señaló que, a diferencia del abogado Baraona, considera la acusación como un tipo de control de “ultima ratio”. Sostuvo que en este caso no hubo actos de fiscalización anteriores, como la interpelación o la conformación de una comisión investigadora. También cuestionó que el libelo no adjuntara el detalle de los oficios requeridos.
Los diputados acusadores del Partido Republicano informaron que sí han realizado acciones de fiscalización, como el envío de 644 oficios al ministerio, de los cuales 628 están sin respuesta. A ello se sumarían acuerdos y sesiones especiales donde se ha citado a la ministra y en donde, estiman ella no ha respondido las inquietudes parlamentarias.
La abogada, de igual modo, rechazó que se generara un conflicto diplomático por el uso del término Wallmapu, ya que no existen cuestionamientos oficiales de autoridades argentinas por esa vía.