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Anuncian indicaciones al proyecto que fortalece el rol de municipios en prevención del delito

El subsecretario del ramo, Eduardo Vergara, indicó que se recogen los planteamientos de parlamentarios, autoridades municipales, ONG y fundaciones, para replantear el mensaje presidencial.

La Comisión de Gobierno Interior acordó un nuevo plazo para presentar modificaciones al proyectos que busca fortalecer el rol de las municipalidades en materia de seguridad pública y prevención del delito.

La iniciativa se originó en dos propuestas. Una de ellas es un mensaje del Ejecutivo que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades (boletín 15940). La otra se trata de una moción que establece un estatuto diferenciado para constituir comités de seguridad vecinal y rural, junto con mecanismos de participación ciudadana (boletín 15984).

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, detalló que las indicaciones recogen los planteamientos hechos por legisladores; alcaldes y concejales; ONG; y fundaciones que participaron en la discusión.

En lo principal, se avanzará en un mayor fortalecimiento del rol de prevención de directores e inspectores de seguridad municipal. También se modificará la prohibición de contratación de personal de seguridad (patrulleros) a través de asociaciones de municipalidades.

A su vez, se profundizarán y clarificarán las funciones de inspectores de seguridad municipal. Y, por otra parte, se reforzará la autonomía de las municipalidades para el ejercicio de las funciones coadyuvantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Luego del detalle de cada uno de los aspectos y de resolver las inquietudes de las y los diputados, la comisión, a la luz de los nuevos anuncios, acordó un plazo de indicaciones que vence el 6 de octubre, para las y los legisladores; y el 13 del mismo mes, para el Ejecutivo. El objetivo es retomar la discusión y votación en particular, el martes 17 de octubre.

Diferenciación de funciones

En su presentación, el subsecretario dijo que se especificará la distinción de funciones de prevención y coadyuvantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Los inspectores de seguridad municipal podrán realizar las dos labores, además de las inspectivas y de fiscalización. Los patrulleros contratados por asociaciones de municipios, en tanto, sólo ejercerán labores preventivas (sin Carabineros).

Respecto a ellas, se considera auxilio a la víctima, tanto en flagrancia como luego de la comisión del delito. Además, podrán adoptar medidas de seguridad en emergencias (colaboración en incendios, siniestros o emergencias de tránsito, antes que llegue Carabineros). Junto a ello, labores de televigilancia (empleo de medios tecnológicos a distancia como cámaras, pórticos y drones).

Sobre las funciones coadyuvantes de inspectores municipales (en conjunto con Carabineros), se permitirá la celebración de convenios con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, pero sin afectar la autonomía de las municipalidades.

También se permitirá la intervención en procedimientos policiales, punto que será normado por un reglamento que detallará el nivel de riesgo de un procedimiento (gravedad del delito, uso de armas, entre otras).

Igualmente, se permite el desplazamiento entre comunas. Las y los inspectores podrán concurrir en caso de flagrancia a comunas colindantes según convenio realizados.

Por otra parte, se incorpora una norma que explicita que la facultad de detención ciudadana es tanto para las y los inspectores de seguridad (funcionarios municipales) como para patrulleros. Ello aplicará sobre cualquier grupo de funciones (preventivas o coadyuvantes).

Finalmente, se permite que las y los inspectores puedan contar con sistemas de registro audiovisual durante el ejercicio de sus funciones.

El subsecretario Vergara enfatizó que “no permitirán el uso de armas ni gases por parte de personal municipal”.

Debate

Rubén Darío Oyarzo (PDG) planteó la necesidad de que el personal municipal tenga con qué defenderse y propuso el uso de armas no letales, como gases o electroshock. Dijo que se debe capacitar a los funcionarios porque la criminología ha mutado y los delincuentes usan armas de uso militar.

Johannes Kaiser (PREP) consultó sobre la evaluación de los costos y si el Gobierno aportará recursos para capacitación o para los municipios.

Cosme Mellado (PR) sostuvo que el tour del delito se desplaza entre regiones. Lamentó que sólo se considere la realidad de la región Metropolitana y lo que ocurre entre comunas colindantes.

El subsecretario dijo que una cosa es clarificar la protección que tendrá el personal municipal y otra suplir labores reservadas a las policías, como el manejo de armas, para lo que se requiere capacitación. Afirmó que el reglamento permitirá el uso de casco, bastones y chalecos antibalas. Para ello, se considerará un presupuesto de 5 mil millones que se distribuirán de acuerdo al índice de vulnerabilidad socio delictual.

Agregó que, según la Ley de Presupuestos del año anterior, se destinaron más de 13 mil millones de pesos para el sistema de seguridad municipal y la asistencia técnica universal a los municipios. Asimismo, se entregaron más de 5 mil millones de pesos a la Subdere para capacitación y asistencia técnica.