Comisión de Seguridad Ciudadana inicia tramitación de Ley antiterrorista
El proyecto tipifica el delito de asociación terrorista y sanciona el terrorismo individual. Asimismo se persigue el financiamiento del terrorismo y acciones orientadas a favorecer el accionar terrorista.
El Ejecutivo, a través de la ministra del Interior, Carolina Tohá, presentó ante la Comisión de Seguridad Ciudadana, el proyecto que establece una nueva Ley antiterrorista que tipifica y sanciona delitos terroristas, junto con derogar la ley vigente (boletín 16180).
El texto fue ingresado a trámite en el Congreso Nacional en agosto de 2023, en el marco del acuerdo de avanzar en una agenda de seguridad. El Senado lo despachó el pasado 2 de mayo, iniciativa que fusionó con cuatro mociones de senadores en la misma línea.
La ministra Tohá explicó el detalle de la norma aprobada. Destacó que dictar una nueva ley antiterrorista se hace cargo de cómo ha evolucionado el terrorismo.
En particular, el texto aborda cuatro tipos delictivos:
- Crea el delito de asociación terrorista (toda organización de tres o más personas). Se sanciona formar parte de ella y las funciones que se cumplen en la misma. Se considera para su tipificación la permanencia en el tiempo (ausencia de espontaneidad), el catálogo de delitos y el conjunto de objetivos o métodos que se utilizan.
Además, las características o finalidad (basta uno de estos) que se busque, tales como: socavar las estructuras del estado democrático; inhabilitar o afectar la infraestructura crítica; imponer o inhibir decisiones del Estado; métodos que tienen la actitud de desmoralizar o someter a la población civil y el generar un temor generalizado.
- Se sanciona el delito de terrorismo individual, conexo o inconexo.
- Se incorporan nuevas figuras orientadas a favorecer el accionar terrorista. Tales como amenazas, robos, receptación, lavado activos, delito de tráfico o delitos informáticos, entre otros.
- Se establece el delito de financiamiento del terrorismo. Se sanciona a quien, no formando parte de una asociación terrorista, provea o recolecte fondos para cometer acciones terroristas.
El texto, además, incorpora normas similares a las contempladas en la legislación sobre crimen organizado. Asimismo, se añade una figura de sobreseimiento definitivo a quienes colaboran con información relevante para identificar a los miembros o que permitan desbaratar una asociación terrorista. Se excluye en esta figura algunos delitos como homicidio o delitos sexuales. También se contempla subir la penalidad en caso de funcionarios públicos involucrados.
Y, se disponen técnicas especiales de investigación. En particular, se faculta al fiscal del Ministerio Público a cargo de una investigación, previa autorización judicial, para intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles.
Consultas parlamentarias
Tras la exposición de la ministra Tohá, las y los diputados plantearon sus consultas sobre las normas contenidas en la propuesta de nueva Ley antiterrorista.
El diputado Raúl Leiva (PS) indicó sus observaciones a la figura de la cooperación eficaz, para que sea coincidente con las normas que se debaten sobre reincidencia. Asimismo, en materia de precisar las técnicas especiales investigativas. A su vez, consideró como una innovación importante penalizar el financiamiento.
Chiara Barchiesi (PREP) consultó porqué no se contempló el delito de coautoría, donde dos personas pueden cometer un acto terrorista.
Lorena Fries (CS) planteó que le parece demasiado amplia la condición de infundir temor o desmoralizar a la sociedad.
Maite Orsini (RD) cuestionó que en materia de terrorismo individual se mantenga la subjetividad y coincidió que el término desmoralizar es demasiado amplio.
Gloria Naveillan (IND) propuso hacer una revisión exhaustiva de los delitos fin, que en algunos casos parecen muy amplios o que no se consideren explícitamente otros. Asimismo, revisar la propuesta de sobreseimiento definitivo. También consultó sobre la condición de permanencia en el tiempo para tipificar a una asociación terrorista.
Andrés Jouannet (AMA) señaló que el terrorismo se diferencia del crimen organizado porque este último es un negocio, y el otro tiene un fin político. Pero, sus dudas están en cómo, después de las condenas, se logra que no sigan operando.
Alejandra Placencia (PC) consultó acerca del terrorismo individual inconexo y pidió que se ejemplifique qué conductas podrían ser consideradas de este tipo. Y, sobre las técnicas especiales de investigación, dijo que es necesario tener claro cuáles son los límites o controles a los que estarán sujetas.
Henry Leal (UDI) también planteó dudas sobre la aplicación de cierto rango de penas. Manifestó no compartir el sobreseimiento en el caso de colaboración y planteó revisar rebajas, pero no impunidad total.
Finalmente, en materia de penalidad, el presidente de la comisión, diputado Andrés Longton (RN), afirmó que le llama la atención, por la gravedad del delito, la pena asignada al financiamiento. Asimismo, las figuras atenuantes de involucramiento relevante, lo cual consideró subjetivo, o el solo participar de entrenamiento.
La instancia acordó escuchar las opiniones de diversos expertos en la materia. Para su próxima sesión, se encuentran invitados los exsubsecretarios del Interior, Jorge Burgos, Felipe Harboe, Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli. Además, el Doctor en Derecho, Director del Departamento de Derecho Penal y Director de Postgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Alejandro Leiva, y el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, Juan Pablo Mañalich.