Sugieren reformas a proyecto que regula la extracción de áridos
La Cámara Chilena de la Construcción y la Asociación Chilena de Municipalidades plantearon sus observaciones a la norma que pretende modernizar y simplificar la regulación de esta actividad productiva.
La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones dedicó una sesión completa para analizar con diferentes organizaciones el proyecto que regula la extracción de áridos (boletines 15096 y 15676). Estos son fragmentos de roca o arena que permiten producir hormigón, asfaltos y bases tratadas esenciales para la construcción.
La propuesta refunde dos mociones del Senado. Dentro de sus principales objetivos está actualizar el marco para la extracción de áridos en cauces naturales y sus zonas de regulación anexa. Esto para disminuir la dispersión normativa y dar mayores certezas del flujo y plazos procedimentales.
El primero en exponer fue Carlos Estévez, coordinador del Área de Hídricos del Ministerio de Obras Públicas (MOP). En su presentación señaló que el articulado del proyecto se puede agrupar en cinco ejes. El primero es definir claramente cuáles son los cauces naturales y las zonas de regulación anexa. Luego, establecer el procedimiento para la autorización de extracción de áridos en estos territorios.
También incluye instrumentos preventivos como zonas de prohibición, trazabilidad, plan de cierre, reciclaje y mecanismos de retiro de material de los cauces. Finalmente, se contemplan normas de fiscalización para la extracción ilegal por parte de la Dirección General de Aguas (DGA) y de actualización de la normativa y orgánica vigente.
En cuanto a las sanciones, el coordinador señaló que el proyecto contempla multas de hasta 1.000 UTA ($789.240.000) para intervenciones no autorizadas en cauces.
CChC y extracción de áridos
Posteriormente, la comisión recibió a representantes de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). La presentación estuvo a cargo de Oscar Plaza, presidente del grupo de trabajo de áridos de la organización. En términos generales, señalaron coincidir con la necesidad de avanzar en una regulación que contribuya a lograr una gestión sostenible de los áridos. Pero, aseguran que el proyecto necesita algunas precisiones.
En primer lugar, existiría una redundancia en las normas que se pretende implementar al no derogar las ya existentes. Junto a esto, aseguran que no bastaría con establecer una adecuación de ordenanzas, sino que es necesario que el reglamento considere una ordenanza municipal tipo sobre esta materia.
Por otro lado, señalan que la iniciativa debería establecer parámetros claros y uniformes para el cobro de derechos municipales por la extracción. Por ejemplo, la determinación de tasas máximas de cobro, como ocurre en materia de urbanismo y construcciones.
Además, expusieron que la norma propuesta establece un procedimiento de autorización “inorgánico, extenso y poco claro”. A su juicio, las medidas no se encuentran alineadas con el consenso de generar mayor productividad y simplificar la entrega de permisos.
Asociación Chilena de Municipalidades
Finalmente, en la sesión expusieron el secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Andrés Santander y el director de la Unidad Seguimiento Legislativo, Miguel Moreno García. Si bien manifestaron su apoyo a la modernización de los procesos, señalaron algunos puntos necesarios de mejorar.
Por ejemplo, en cuanto a las multas, propusieron que se considere también la facultad de caducar los permisos cuando la falta sea sostenida y reiterada. Esto porque, en algunos casos, el beneficio del negocio podría ser rentable incluso con el pago de una multa.
Junto a esto, fueron enfáticos en señalar que el proyecto debe considerar recursos para su implementación. Esto porque se asignan nuevas funciones a los municipios, pero no se cuenta con el personal para realizarlas. De este modo, desde su perspectiva, la ley puede “terminar siendo letra muerta”.
Otra de las observaciones tiene que ver con los plazos que establece la norma para agilizar los procesos de construcción y reactivación económica. Los representantes de la asociación consideraron que no hay inconvenientes en acortar los plazos para la obtención de los permisos de extracción. Salvo, en la obligación de respuesta del municipio una vez que llega la resolución final de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH).
El proyecto señala que esto debe ocurrir en 10 días. Pero, su propuesta es que la ley establezca que el pronunciamiento sea en la primera sesión del concejo posterior a la recepción del documento. Esto permitiría evitar incumplimientos por parte de los municipios.