Acuerdan solicitudes de resolución sobre seguridad y libertad de expresión
Asimismo, en las resoluciones remitidas al Ejecutivo, se solicitó apoyo presupuestario para las corporaciones de asistencia judicial y beneficio para asistentes de la educación.
Cuatro nuevas solicitudes de resolución acordó la Sala de la Cámara esta semana. Estas se refirieron a materias de seguridad y apoyo a las corporaciones de asistencia judicial, entre otros temas.
Cabe recordar que las solicitudes de resolución son una proposición formulada por 1 y hasta 10 diputados y/o diputadas. Se presentan por escrito a la Sala, para que esta se pronuncie sobre temas de interés general, y son remitidas al Ejecutivo.
De este modo, por la unanimidad de 127 votos a favor, la Sala de la Cámara aprobó la resolución N° 1078. Esta es impulsada por Sebastián Videla (IND), Alejandro Bernales (PL), Viviana Delgado (IND) y Luis Malla (PL).
La propuesta llama al Presidente de la Republica a que realice todas las adecuaciones legales y reglamentarias para disponer la obligatoriedad de instalar en los recintos penitenciarios sistemas de inhibición de aparatos tecnológicos (celulares, ipad, tablet). La idea es disminuir los delitos cometidos desde las cárceles.
La medida se sustenta en el hecho que existen bandas organizadas que cometen delitos desde estos recintos. Entre ellos se pueden mencionar amenazas, extorsiones y estafas telefónicas. En tal plano, se estima necesario limitar no solo el acceso a equipos tecnológicos sino también su uso hacia el exterior.
Permiso con goce de sueldo
Además, con el propósito de avanzar en mejorar e igualar las condiciones entre profesores y trabajadores de la educación, la Cámara aprobó la resolución N° 1079.
En ella se solicita al Presidente de la República otorgar a las trabajadoras y los trabajadores asistentes de la educación un día de permiso con goce de sueldo. Esto con ocasión de la conmemoración del “Día de los Trabajadores de la Educación”, que se celebra todos los 1 de octubre de cada año.
Para el diputado Cristián Tapia (IND), autor de la iniciativa, los asistentes de la educación conmemoran su día trabajando. Por ello, según el texto, resulta factible y necesario compensar el esfuerzo realizado por miles de profesionales, técnicos y auxiliares en los establecimientos educacionales de Chile.
Las y los trabajadores podrán solicitar la totalidad del día, o bien, fraccionarlo en medios días.
Recursos para Asistencia Judicial
Asimismo, la Cámara respaldó la resolución N° 1080, que solicita al gobierno aumentar los recursos para las Corporaciones de Asistencia Judicial en la próxima Ley de Presupuestos. Ello, con el fin de mejorar el alcance de los Servicios de Solución Colaborativa de Conflictos (Línea SCC).
El texto recibió 126 votos a favor y 3 abstenciones. Sus autores son Jaime Mulet (FRVS), las/los diputados PC María Candelaria Acevedo, Boris Barrera, Luis Cuello y Carmen Hertz, junto a Marisela Santibáñez (Ind).
La resolución afirma que este servicio facilita el acceso a la justicia mediante la posibilidad de solucionar colaborativamente conflictos de relevancia jurídica por la vía del diálogo y acuerdo. Además, considera la participación e intereses de las partes involucradas, promoviendo la autogestión, previniendo la violencia y disminuyendo la judicialización.
Libertad de expresión
La cuarta solicitud aprobada -por 66 votos a favor, 52 en contra y 8 abstenciones- corresponde a la presentada por las/los diputados Nathalie Castillo, María Candelaria Acevedo, Boris Barrera, Luis Alberto Cuello y Andrés Giordano. Además, Carmen Hertz, Claudia Mix, Lorena Pizarro, Matías Ramírez y Daniela Serrano.
En ella se plantea al Primer Mandatario que promueva todas las medidas necesarias para dar a conocer a la ciudadanía y a la población en general la importancia de respetar y defender la libertad de expresión y de prensa como un valor fundamental para la democracia.
La resolución N° 1073, presentada el año 2023, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, busca que se comprenda que la dictadura utilizó a la prensa nacional como una herramienta para justificar la violación de los derechos humanos a través de divulgación de noticias falsas y montajes comunicacionales.