CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Financiamiento para la Red Nacional de Seguridad Pública en 72 comunas, sustentación de los programas para el control de drogas y mantención de las operaciones de Carabineros y de la PDI son parte de los ítems contemplados en materia de seguridad pública que incluye la partida del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (boletín 12130), aprobada por la Cámara de Diputados.

La Agencia Nacional de Inteligencia contempla dineros por $6.785 millones. En este marco presupuestario se consideran recursos adicionales cercanos a US$1 millón, asociados con labores de ciberinteligencia.

El Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) presentó originalmente recursos por $68.605 millones para financiar los programas de Tratamiento y Rehabilitación, Prevención, Capacitación; Previene en la comunidad; Control Cero Alcohol; y Parentalidad. Sin embargo, gracias a un acuerdo transversal, la institución fue suplementada en mil millones para su programa de Rehabilitación.

La Subsecretaría de Prevención del Delito presenta montos por $35.784 millones. De esta entidad se sustentan los siguientes programas:
1. Lazos: busca reducir la probabilidad de ingreso o reingreso de los niños, niñas y adolescentes con altos niveles de riesgo socio-delictual a unidades policiales cuando cometen un delito. Se proyecta el aumento de cobertura para 2019 y ampliar el modelo de intervención al nivel de medio de riesgo.

2. Red Nacional de Seguridad Pública: fortalecerá la oferta pública de prevención del delito y la seguridad a través de la coordinación intersectorial y la participación social, a nivel nacional, regional y local. Se espera entregar asesorías y apoyo a los 345 municipios del país y dar financiamiento a proyectos psicosociales y/o apoyo especializado a municipios.

3. Barrios Prioritarios (ex Barrios Críticos): busca contribuir a la disminución, desarrollo y seguridad de los barrios en condiciones de vulnerabilidad socio delictual mediante la ejecución de planes integrales de seguridad y proyectos de prevención y seguridad pública. Se planea ampliar la cobertura tanto de barrios a intervenir como en regiones.

4. Fondo Nacional de Seguridad Pública: plantea realizar capacitaciones y asesoramiento a las organizaciones sociales, con la finalidad de contar con mayor número de proyectos admisibles técnica y financieramente. Además, entregará orientaciones técnicas y administrativas a las organizaciones con la finalidad de cumplir con los requisitos mínimos de la postulación.

5. Cascos históricos y barrios cívicos: se espera disminuir los factores de riesgos en materia de seguridad en las 10 capitales regionales intervenidas y en las comunas aledañas; y generar y establecer trabajo colaborativo entre los municipios, policías, locatarios y sociedad civil.

6. Denuncia Seguro: se desarrolla a través de la línea anónima 600 400 0101 que funciona las 24 hrs., todos los días del año. Busca que las personas que tienen conocimiento de actos delictuales los informen, para ser incorporados al sistema de persecución penal. Se proyecta incluir los delitos informáticos y fortalecer la presentación de denuncias electrónicas.

Otros programas financiados por esta vía son el Plan de reposición de actividades económicas y sociales de las personas afectadas por eventos de violencia rural; Tecnología e Innovación; Barrio Comercial Protegido; la Encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana; Certificación Sello; el Centro de Estudios y Análisis del Delito;

También obtienen recursos en esta área el Banco Unificado de Datos (BUD), plataforma informática que permite que nueve instituciones vinculadas al proceso penal compartan e intercambien información en línea para mejorar la toma de decisiones en el trabajo operativo y contribuir al seguimiento y desarrollo de políticas públicas de seguridad.

Además, se financian los centros regionales de atención y orientación a víctimas, con un costo de $3.913 millones. Son beneficiarias las víctimas de delitos como el robo con violencia, robo con intimidación, delitos sexuales y robo con violación, entre otros.

Policías

Carabineros de Chile presenta un presupuesto de $1.115.092 millones y US$63 millones. El 81,22% de los recursos se destina a gasto en personal, el que está integrado por 58.700 personas. Se calcula un aumento para 2019 de la planta institucional por aumento de la capacidad de formación y por un paulatino envejecimiento de los carabineros en servicio (se extiende hasta los 35 años de servicio).

Los principales planes y programas presupuestarios para el próximo año son: la entrega de un "Bono de permanencia", para evitar el retiro anticipado de los carabineros; atención de personal lesionado en actos de servicio; mantención de módulos de habitabilidad en zonas rurales alejadas de la urbanidad; reposición de vehículos; convenio de cooperación Trunking Onemi, para situaciones de emergencia; reposición de cascos balísticos y renovación de pistolas para el personal operativo; y adquisición de un sistema automatizado de identificación de señales balísticas (IBIS).

La Policía de Investigaciones de Chile contempla ingresos y gastos por $331.868 millones. Al igual que en el caso de Carabineros, el mayor porcentaje de los recursos se destina a personal (83%), en tanto que un 17% para gastos operacionales y de inversión.

Se contempla como planificación 2019 continuar con el proceso de fortalecimiento del capital humano incorporando oficiales policiales profesionales de línea y encasillando al personal que conforma el nuevo escalafón de profesionales peritos, permitiendo disminuir el déficit de personal que desarrolla labores investigativas; operación de los centros de asistencia a víctimas de atentados sexuales “Cavas”; operación y arriendo de inmuebles de tránsito para extranjeros expulsados; equipamiento para operaciones policiales; elementos de bioseguridad; continuidad del Plan Microtráfico Cero; y reposición de vehículos para la operación policial y de cuarteles policiales.

La partida del Ministerio del Interior también incluye financiamiento para el Servicio de Gobierno Interior; la Oficina Nacional de Emergencia; las Subsecretarías del Interior y de Desarrollo Regional; y los Gobiernos Regionales (ver nota 1).